La crisis venezolana no se limita únicamente a la lucha política derivada del intento de implantación de un proyecto de hegemonía totalitaria, sino que se enmarca dentro del agotamiento de un modelo de desarrollo y la incapacidad de la sociedad para generar nuevos factores que hagan viable el mismo proyecto nacional venezolano.
La historia económica de Venezuela puede escribirse, fundamentalmente, en torno a tres grandes productos: el cacao, el café y el petróleo. Entre la tercera década del siglo XVII y principios del siglo XIX la comercialización del cacao contribuyó a la aparición de una élite criolla, los mantuanos, y a la densificación de la ocupación poblacional sobre el territorio.
Desde fines del siglo XVIII el paisaje del café, progresivamente, fue sustituyendo a la economía cacaotera, este proceso fue acelerado por la destrucción generada por la guerra de independencia. Coincidiendo con el tránsito del paisaje del cacao al del café también se destruiría el orden colonial que sostenía el poder del mantuanaje.
Así, el proyecto nacional venezolano, de carácter republicano y liberal, se sostendría durante el siglo XIX sobre la base de una economía agroexportadora cafetalera. Si bien la hacienda cafetalera fue el eje económico fundamental alrededor del cual se estructuró la República decimonónica -tanto la conservadora como la liberal federal, marcada por el caudillismo y el latifundio- ya para 1885 parecían extinguirse las condiciones que hacían viable el proyecto nacional.
La decadencia del liberalismo amarillo, del proyecto nacional liberal federal, coincidió con la decadencia, tanto de una incipiente modernización política e institucional, como de la economía agroexportadora que le daba viabilidad. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX Venezuela vive una nueva transición entre la culminación y cierre del proyecto liberal y la emergencia del proyecto democrático.
La emergencia de las ideas democráticas, el inicio del camino de construcción de la República Liberal Democrática, coincidió con el tránsito hacia una Venezuela petrolera. De la mano del recurso petrolero, el Estado fue protagonista de un profundo proceso de modernización, el tránsito de un país pobre, rural, hacia otro de fisonomía urbana.
El proyecto democrático no contenía únicamente una agenda política, la ampliación de la ciudadanía, sino que también incorporaba dentro de su concepción una idea de modernización económica y social, que se realizaba a partir de la acción de un Estado democrático rico en recursos petroleros, con el fin de acelerar el tránsito de la sociedad venezolana al pleno disfrute de la modernidad económica, tecnológica, política y social.
Entre 1936 y 1983 Venezuela vivió la más profunda modernización de su historia. En sus distintas etapas, la liberal autoritaria heredada de los patrones gomecistas, el ensayo democrático durante el trienio octubrista, la tecnocracia militar de la mano de la institución armada entre 1948 y 1958, y, a partir de 1958, la modernidad democrática que implicó no sólo la ampliación total de la ciudadanía plena, sino también la masificación de servicios públicos, la electrificación, el desarrollo económico de nuevos sectores, hasta lograr que, para fines de los años setenta, Venezuela se convirtiera en un país moderno, urbano, democrático, con los problemas típicos de las sociedades contemporáneas.
En los ochenta el proceso de modernización se estancó, América Latina entró en una profunda crisis a lo largo de la década, la cual adquirió en Venezuela un carácter específico: los primeros signos del agotamiento de un modelo de modernización centrado en el recurso petrolero y en la labor estatal. Los trabajos de la COPRE, el proceso de Reforma del Estado, la descentralización, la apertura económica, etc., constituyeron esfuerzos por generar factores dinámicos que volvieran a hacer operativo el proyecto nacional democrático venezolano.
Durante los años noventa las reformas se truncaron en diversas ocasiones. El consenso en torno al diagnóstico del agotamiento del modelo, no se trasladó en la construcción de un consenso equivalente en la necesidad de una alternativa para seguir profundizando la modernización democrática de la sociedad venezolana. Las mismas reformas quebraron internamente a las élites, tanto políticas como económicas y sociales, y se redujo la capacidad de respuesta del sistema político.
Varias fechas marcan este período, el 18 de febrero de 1983: la caída del modelo económico; el 27 de febrero de 1989: la evidencia de que la crisis se trasladaba a la ruptura del pacto social; y el 4 de febrero de 1992: la ruptura dentro del sector militar. El sistema se resquebrajaba progresivamente. Al estancarse la modernización emergía el antiguo fantasma autoritario, que se expresaría a plenitud en diciembre de 1998, cuando una parte de la sociedad apostaría al personalismo militarista y a la promesa de redención milagrosa.
Se hacía imperioso superar el estancamiento del proceso de modernización democrática de la sociedad venezolana, porque cada día de estancamiento representaba un repliegue institucional y, sin saberlo, incorporaba combustible para la reaparición de la reacción autoritaria y caudillista.
El chavismo aglutinó restos de una diversidad de naufragios ideológicos y políticos en una amalgama unida por el rechazo a la institucionalidad liberal y por diversas formas de nostalgia autoritaria, que giraba en torno a la retórica personalista de un nuevo militarismo mesiánico.
En la construcción de un proyecto que nos ayude a superar el agotado modelo de desarrollo, y reencaminarnos a la modernidad, el balance de la década que corre entre 1999 y 2009 ha sido de un profundo fracaso. Hoy somos más dependientes del petróleo y más importadores que nunca antes, la política sistemática desarrollada por el gobierno para destruir cualquier rasgo de autonomía social ha significado un retroceso en la infraestructura de servicios del país, así como la desaparición del sector exportador privado y la merma brutal de cualquier sector productivo privado. La inseguridad jurídica ha hecho a Venezuela incapaz de recibir capital privado externo de manera significativa.
De esta manera, uno de los aspectos más preocupantes de la crisis venezolana es que llevamos tres décadas perdidas. Las reformas postergadas en los ochenta, las reformas truncadas en los noventa, y la primera década del siglo XXI marcada por la reacción autoritaria y la amenaza totalitaria.
Para hacer nuevamente operativo el proyecto nacional venezolano es imperativo otorgarle un nuevo dinamismo a la economía, para lo cual hemos de liberar a las fuerzas productivas, lo que requiere construir una nueva articulación con el mundo, así como construir un Estado modernizador democrático, cuya institucionalidad requiere de nuevos recursos, modificaciones en el sistema tributario para generar políticas públicas efectivamente progresistas y liberadoras.
El establecimiento de una alianza entre un sector público institucionalmente sólido, inversor en el desarrollo pleno de las capacidades de los venezolanos, educación, salud, infraestructura de servicios, seguridad, etc., con un sector privado activo con capacidad y facilidades para invertir en el desarrollo productivo que genere empleo, y una sociedad igualmente activa en la reivindicación y profundización de su propia autonomía frente al poder, y en la construcción de su propio futuro, son sólo elementos que podrían permitirle a Venezuela reiniciar el camino de modernidad que hemos perdido. No está fácil.
[Artículo Publicado originalmente en "Guayoyo en Letras"]
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