Ante el cierre del fatídico año 2020, Venezuela parece
encontrarse en un punto muerto, con una población empobrecida y desmovilizada,
y con una situación política que convierte la idea de “transición a la
democracia” en un horizonte muy lejano. Por el contrario, es muy probable que
el proceso de autocratización que lidera Nicolás Maduro se consolide a
principios de 2021.
Una sociedad que no ha dejado de luchar
La sociedad venezolana no ha dejado de luchar. A lo largo de
dos décadas la oposición ha desplegado un repertorio de acciones colectivas
para enfrentar la autocratización que Hugo Chávez inició el mismo 2 de febrero
de 1999. Se han enfrentado, dentro de los sectores opositores, dos líneas de
acción, una de carácter insurreccional y otra de tipo electoral e
institucional.
Tras la derrota en el referéndum revocatorio de 2004 se
impuso la línea más radical, que pretendió, con la abstención en las elecciones
parlamentarias de 2005, deslegitimar al gobierno de Hugo Chávez. Pero la
abstención opositora facilitó el proceso de radicalización del chavismo.
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| Borges, Petkoff y Rosales: la estrategia de 2006 |
Ante el fracaso de la política abstencionista, a partir de las elecciones presidenciales de 2006, se abrió paso al desarrollo de una estrategia de crecimiento, fortaleciendo la coordinación entre las distintas fuerzas políticas, incrementando las redes de organización, haciendo uso de las coyunturas electorales para crecer, social y políticamente, capitalizando los múltiples errores de gestión del chavismo, incrementando la presencia de la oposición en la sociedad.
Por una década esta fue la estrategia dominante de la
oposición en Venezuela, incluso en momentos de gran impulso en la movilización
de calle, como en 2014, los esfuerzos desembocaban en las coyunturas
electorales, donde finalmente se le podía dar expresión institucional a la
lucha de la sociedad.
Muy pronto esta estrategia de crecimiento brindó importantes
frutos. Se logró derrotar el proyecto de Reforma Constitucional que Hugo Chávez
pretendió imponer en 2007. Se constituyó la Mesa de Unidad Democrática para
coordinar los esfuerzos de la oposición. Bajo esta dirección se presentaron
candidaturas unitarias en las diversas elecciones regionales y municipales,
listas unitarias para las parlamentarias de 2010 y 2015, y candidaturas
presidenciales unitarias en 2012 y 2013. Elección tras elección se incrementaba
la votación de las fuerzas democráticas, hasta desembocar en las elecciones
parlamentarias de 2015.
La pérdida de la estrategia y el cierre autoritario
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| 2015: mayoría democrática en la AN |
El 6 de diciembre de 2015 la oposición obtuvo el 56,21% de los votos, alcanzando 112 diputados en la nueva Asamblea Nacional, una mayoría absoluta calificada que le permitía, legalmente, ejercer un gran poder institucional. Este fue el punto culminante de la estrategia concebida en 2006. Paradójicamente, a partir de este momento se inició un nuevo retroceso.
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| Maduro ante la nueva AN |
Ante la derrota el gobierno de Nicolás Maduro decidió acelerar el cierre autoritario del régimen. Al conocer las dimensiones de la victoria opositora el gobierno hizo uso del aparato judicial para impedir la incorporación de varios diputados de Amazonas. Este fue el inicio de una línea de acciones judiciales para impedirle a la Asamblea Nacional el ejercicio de sus funciones constitucionales. El régimen estaba sufriendo una última metamorfosis autoritaria, se reducía aún más el nivel de competitividad del sistema y el cerco se cerraba contra la oposición.
A pesar de contar con la mayoría calificada de la Asamblea
Nacional se presentaron problemas de coordinación estratégica dentro de la
oposición. Las pugnas internas por el liderazgo se hicieron recurrentes, así
como la disputa por las acciones a seguir para enfrentar la nueva etapa
autoritaria. La decisión del gobierno de Maduro de bloquear la realización de
un nuevo referéndum en octubre de 2016 generó una amplia frustración.
La disputa por la legitimidad
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| Las movilizaciones de 2017 |
Las movilizaciones de 2017, que confrontaron con fuerza a Nicolás Maduro, no lograron desestabilizar al gobierno, y tampoco logró la negociación revertir la autocratización. En su política de anular al Parlamento, Nicolás Maduro decidió convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional declaró írrita e inconstitucional dicha convocatoria. A partir de este momento se inicia la disputa por la legitimidad del poder en Venezuela. La Constituyente no solo será considerada inconstitucional por el Parlamento, sino también por una parte de la comunidad internacional democrática.
La Constituyente se convirtió, para Maduro, en un
instrumento para bloquear la acción opositora a diversos niveles. No solo le
fue útil para anular las funciones del Parlamento, sino que también funcionaba
para dificultar la coordinación entre los sectores opositores, en la medida en
que las elecciones sucesivas, desde las regionales y municipales, hasta las
presidenciales de 2018, fueron convocadas desde esta instancia, lo que inhibía
la participación de varios sectores de la oposición.
El gobierno de Nicolás Maduro prosiguió en su proceso de
cierre autoritario, desatando persecuciones contra diputados opositores,
concejales, dirigentes y líderes disidentes. Se incrementó el número de presos
políticos y exiliados. La convocatoria para las elecciones presidenciales de
2018 estuvo marcada por la inhabilitación de líderes opositores y de los
partidos políticos para presentar candidaturas. No fueron elecciones
competitivas, a pesar de la presencia de otros candidatos.
La reelección de Nicolás Maduro en estas circunstancias
tampoco fue reconocida por la Asamblea Nacional, ni por distintos gobiernos de
la comunidad internacional democrática. Maduro se iba aislando, y su gobierno
finalizaba en enero de 2019.
El salto geopolítico de la crisis venezolana: la Presidencia de Guaidó
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| Juan Guaidó, Presidente interino desde 2019 |
Internamente, la disputa por la legitimidad tuvo un salto cualitativo con la decisión de la Asamblea Nacional de nombrar al diputado Juan Guaidó, quién había sido nombrado presidente del cuerpo el 5 de enero, como Presidente encargado de la República el 23 de enero de 2019.
Luego de la proclamación de Guaidó como Presidente
encargado, se activó una coalición internacional de respaldo. La política de
sanciones internacionales, que había iniciado Barack Obama en 2015, y que había
acompañado de la UE desde 2018, se profundiza y se extiende. Se va armando un
cerco diplomático internacional contra Nicolás Maduro.
La idea de las sanciones internacionales, en principio, era
generar los incentivos para una negociación que conduzca a una democratización
del sistema, lo que pasa por dividir al bloque de poder. Sin embargo, hay una
inmensa dificultad al calibrar el impacto de las sanciones, tanto sobre el
mismo bloque de poder, como sobre la sociedad en general.
Es importante atender al contexto de la escalada geopolítica
de la crisis venezolana, porque viene precedida de un agravamiento de las
condiciones de vida de la población desde la caída de los precios del petróleo
en 2012, que desnudó la destrucción del aparato productivo, incluyendo a PDVSA,
así como a la pulverización del valor de la moneda, lo que había incrementado
la migración masiva de venezolanos fuera de sus fronteras. Una emergencia
humanitaria compleja empezó a afectar a Venezuela, mientras millones de
venezolanos se dispersaban por América del Sur, desde Colombia hasta Argentina,
así como llegaban por miles a países como España y EEUU. Este incremento de la
migración venezolana se convirtió en una presión interna para los gobiernos
vecinos de Colombia, Perú, Chile y Argentina.
Muchos pensaron que la resolución de la crisis venezolana
era cuestión de unos pocos meses, y que la mezcla de una crisis humanitaria
extendida, una presión internacional ascendente y una legitimidad disputada
desde la Asamblea Nacional, crearía las condiciones para una división del
bloque de poder, que traería una pronta transición a la democracia. El mantra
de “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, expresa
mucho de este optimismo inicial.
El agotamiento de una apuesta arriesgada
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| 30 de abril de 2019: Leopoldo libre |
El gobierno de Nicolás Maduro también movió su propia
diplomacia, fortaleciendo su vínculo con regímenes como el de China, Rusia,
Turquía e Irán. Se iba rutinizando la posición de la comunidad internacional
respecto a Venezuela, en la medida que se admitía que la resolución no iba a
ser rápida. Tanto el Grupo de Lima, apoyado por Estados Unidos, como el Grupo
de Contacto, apoyado por la Unión Europea, empiezan a desarrollar una
diplomacia en la región, al tiempo que la escalada geopolítica llega también a
un punto muerto.
Por otra parte, en 2019, la inestabilidad social y política
empieza a afectar seriamente a América Latina, como se vio claramente en Chile,
obligando a los gobiernos a prestar una mayor atención a la política interna.
La escalada de la política de sanciones también empezó a
presentar problemas. Las sanciones fueron uno de los elementos clave para
llevar a Maduro a negociaciones, desde las de República Dominicana, hasta las
de Oslo y Barbados.
Sin embargo, su escalada parecía tener dos efectos
contraproducentes en la medida que eran metabolizadas por el régimen. Primero,
en la medida en que dejaban de ser personales y se iban dirigiendo a toda la
estructura del Estado, no cumplían con el objetivo de debilitar la unidad del
bloque de poder, al contrario, las sanciones universales unifican a los
detentadores del poder. Segundo, en la medida que la crisis humanitaria se
agrava, hay elementos para sospechar que algunas de las sanciones pueden llegar
a incrementar la profunda crisis social, debilitando al mismo tiempo la
capacidad de la sociedad para movilizarse y protestar.
Este punto muerto de la disputa por la legitimidad perjudica
más la posición de Juan Guaidó que la de Nicolás Maduro por una razón clave, el
control efectivo del aparato estatal, de sus instrumentos de represión y del
aparato administrativo, se encuentran en manos de Maduro. Eso indica que, en
una situación de bloqueo, tiene más capacidad de resistir. Y todo esto es
previo a la llegada del coronavirus.
Llegó el COVID-19… y la abstención
La pandemia global del Coronavirus ha significado un trastorno de proporciones colosales en todo el mundo. A la crisis sanitaria en sí le sigue una importante crisis económica y social, a lo que debemos agregar el impacto político y la conflictividad que podría generar. Todo esto provoca que el centro de atención se coloque en la política interna, desplazando a la política exterior.
Llega la pandemia a Venezuela justamente en el momento en
que Juan Guaidó impulsaba un nuevo ciclo de movilizaciones, que quedó truncado
por el cierre pandémico. Las protestas que han emergido luego lo han hecho de
manera dispersa, sin articulación política, vinculadas a la crisis de los
servicios públicos y de los sistemas de asistencia. No parecen representar un
reto sistémico para el poder.
Este es el contexto en el cual la oposición, hasta hoy
dominante, liderada por Juan Guaidó, y que tiene mayoría en la actual Asamblea
Nacional, toma la decisión de no participar en las elecciones parlamentarias,
que Maduro convocó para el 6 de diciembre próximo. Efectivamente, serán
comicios sin competitividad, realizados con unos partidos secuestrados y otros
inhabilitados para presentar candidatos, con dirigentes presos, con diputados
perseguidos y exiliados.
Como alternativa el sector mayoritario de la oposición
promueve la realización de una consulta popular de todos los venezolanos, se
encuentren dentro o fuera del país, para exigir la realización de unas
elecciones competitivas, ratificar el rechazo al evento del 6 de diciembre y
fortalecer al liderazgo como interlocutor ante la comunidad internacional.
Al mismo tiempo, otros sectores decidieron usar las brechas
abiertas por el régimen, bien para retar al gobierno de Maduro usando sus
propios instrumentos, o para presentarse como una oposición leal que podría
darle respetabilidad externa, o también porque consideran que un momento
electoral siempre es ocasión para construir organización y propagar un mensaje
alternativo. Cualquiera que sea la motivación el resultado termina siendo
similar, unas fuerzas distintas al gobierno que se presentan también divididas
y enfrentadas entre sí.
A pesar de la presión internacional para garantizar una
postergación de las elecciones, así como un cambio en las condiciones que
garanticen su carácter competitivo, Nicolás Maduro y su entorno decidieron
realizarlas el 6 de diciembre. No se perciben retados ni amenazados. En las
condiciones actuales este proceso electoral parece garantizar su objetivo político,
desplazar a la oposición actual del control parlamentario y consolidar su
hegemonía sobre todos los poderes públicos del Estado. Un ciclo se está
cerrando y el autoritarismo madurista parece consolidarse.
Atender a la nueva cartografía de Venezuela
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| Nicmer Evans y el chavismo disidente |
La realización del evento del 6 de diciembre de 2020, no competitivo, y la instalación de una nueva Asamblea Nacional el 5 de enero de 2021, hegemónica y no pluralista, parece estar cerrando el ciclo político que se abrió con la decisión estratégica de la oposición de participar en las elecciones presidenciales de 2006.
Parece consolidarse el régimen autoritario liderado por
Nicolás Maduro, que ha conseguido desplazar a la periferia a la oposición
política, dividida y debilitada, sin claridad estratégica ni capacidad de
articular movilizaciones que puedan retar sistémicamente al poder. Este sería
el momento más oscuro de la oposición democrática desde 1999.
Ante esto, es un imperativo político realizar una nueva
cartografía de la sociedad venezolana que se abre ante nuestros ojos a partir
del 5 de enero de 2021. Sin embargo, esa radiografía debe partir de difíciles
reconocimientos, primero, que la apuesta estratégica que se realizó en 2019, de
elevar la disputa por la legitimidad del poder al ámbito geopolítico parece
haber terminado en un fracaso. Esta batalla la hemos perdido.
Esta apuesta tuvo una implicación que sería necesario
desandar. La escalada del tema venezolano hacia el ámbito geopolítico pareció
desplazar hacia afuera el centro de decisión de la crisis. En ciertos momentos
parecíamos dependientes de la política exterior de uno o dos de nuestros
aliados, esto terminó debilitándonos. Contar con una gran coalición
internacional de apoyo a la democratización es una fortaleza, depender del
apoyo de un solo aliado es una debilidad.
Segundo, la brecha entre el liderazgo político y la sociedad
parece haberse ensanchado, lo que incrementa las dificultades para que las
organizaciones tengan un anclaje social profundo y extendido. Esto facilita que
el impacto de la represión contra los dirigentes sea mayor, porque el costo
interno a pagar es mínimo para el régimen.
La emergencia humanitaria compleja que vive la sociedad ha
debilitado su capacidad de movilizarse articuladamente. Como es normal, la
prioridad cotidiana para todas las familias venezolanas es la supervivencia. A
la crisis de los servicios públicos, agua, electricidad, gas, se le agrega la
creciente dependencia de las redes de asistencia alimentaria, los CLAP, que
promueve el régimen autoritario. Existe muy poco margen para la acción
colectiva autónoma en la sociedad, debilitadas las organizaciones civiles,
comunitarias, políticas y sociales.
Es necesario hacer una cartografía del momento venezolano
actual. Primero, de afuera hacia adentro, esto es, analizando los cambios en el
contexto internacional que pueden alterar la dinámica del conflicto venezolano.
Segundo, desde adentro, prestando atención a los cambios del mapa de fuerzas
internas de Venezuela.
Un contexto más hostil
Respecto a los cambios en el contexto internacional a
finales de 2020 y principios de 2021 es importante destacar dos procesos: el
impacto económico y sociopolítico de la pandemia global y el resultado de las
elecciones en Estados Unidos.
El impacto que la pandemia del coronavirus ha tenido en la
economía mundial probablemente derive en un incremento importante de la
conflictividad social global durante el año próximo, lo que, sumado a la crisis
económica, hará que la mayor parte de los países priorice su política interna
frente a la externa, lo que podría debilitar la atención sobre el caso
venezolano.
Esto podría debilitar a la coalición internacional que ha
apoyado a la oposición venezolana desde 2019, no tanto en su voluntad pro
democracia, como en sus niveles de implicación.
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| Trump, Obama y Biden: tres presidentes |
En Estados Unidos, la victoria de Joseph Biden y de los Demócratas, que conservan el dominio en la Cámara de Representantes y disputan el control del Senado, contribuiría a un cambio de matiz en la política norteamericana frente a Venezuela. La política frente al régimen de Maduro es bipartidista, lo que implica que el cambio no sería estructural, sino que implicaría una flexibilización de las tácticas y de las alianzas.
Con Biden es más probable que mejore la coordinación entre
Estados Unidos y la Unión Europea, que era muy débil con Trump. Eso implicaría
probablemente un desplazamiento de la política estadounidense hacia la posición
europea, más enfocada, primero, en atender con urgencia la emergencia
humanitaria, segundo, en incentivar una negociación y un acuerdo entre gobierno
y oposición para llegar a procesos electorales competitivos. Eso podría
facilitar los acuerdos entre la Unión Europea, el Grupo de Contacto, Estados
Unidos y el Grupo de Lima, para tener una posición conjunta sobre Venezuela,
que se caracterizaría más por la negociación que por la confrontación.
La consolidación autoritaria.., sin estabilidad
Respecto a la nueva cartografía política interna, esta se encuentra marcada por la decisión del gobierno de realizar unas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, y la decisión de la oposición mayoritaria, que tiene la mayoría en la actual Asamblea Nacional, de no participar en la misma. Los sectores de oposición que han decidido participar no han podido coordinarse para presentar un frente unido.
Todo esto indica que, a partir del 5 de enero de 2021, se
instalará una nueva Asamblea Nacional, que, en un principio, no contará con el
reconocimiento de la oposición mayoritaria, ni de la comunidad internacional
que ha venido apoyando a Guaidó.
La oposición se encontrará más dividida y debilitada que
nunca antes, mientras que el gobierno tendrá nuevamente la totalidad del
control institucional de los poderes del Estado.
Tendremos una oposición extraparlamentaria, en la que
probablemente la desaparición del acceso a la institucionalidad tenderá a una
agudización de las disputas por el liderazgo entre radicales y moderados, así
como impulsará el incremento de la represión gubernamental, por lo que
probablemente tendremos más exiliados. La oposición que persista en el
Parlamento lo hará en condiciones muy disminuidas, numérica y políticamente,
contando con una escasa capacidad de articulación con otras fuerzas, que la
podrían considerar colaboracionista.
Tocaremos fondo en 2021. Sin embargo, la consolidación
autoritaria del régimen no brinda garantías de estabilización del país, ni de
acceso a nuevas fuentes de recursos, por lo que es posible que la
conflictividad social vuelva a desatarse en términos más bien anárquicos, sin
dirección política.
La incapacidad del gobierno para estabilizar la situación
económica y social, la desaparición de la oposición institucional y de alguna
amenaza externa inmediata, podrían permitir que las fisuras existentes en el
chavismo tuvieran una expresión política, tanto en la Asamblea Nacional, como
en el seno de sus fuerzas sociales.
A lo largo de todo el país se extienden pequeños focos de
protesta, desde aquellos que no tienen agua, otros que se levantan ante la
ausencia de electricidad, unos más lejos protestan al no conseguir gasolina
para el transporte público, unos más allá se manifiestan porque las cajas del
CLAP tienen tiempo sin llegar a todos. Tenemos un mapa de la protesta social
disperso y desarticulado, sin una narrativa que los vincule a todos, con una
gran desconfianza frente al liderazgo político, rojo o del color que sea.
Revertir el autoritarismo… retomar la ruta democratizadora
Para que este momento de consolidación autoritaria se detenga y empiece a revertirse, se requiere de una nueva mirada de lo que estará ocurriendo en Venezuela en 2021, abriéndose la oportunidad de la conformación de movimientos sociales democratizadores que crucen las fronteras tradicionales entre chavismo y oposición, incorporando sectores descontentos del chavismo con sectores opositores, tradicionales o nuevos.
La comunicación entre la oposición extra-parlamentaria y la
que esté presente en la nueva Asamblea Nacional será imprescindible, así como
la que se establezca con aquellos líderes disidentes del chavismo que podrían estar
en el nuevo parlamento, también en ámbitos nacionales, regionales o
municipales. La existencia de gobernadores y alcaldes democráticos funciona
como apalancamiento para la reconstrucción.
La dirigencia política que ha liderado la oposición
democrática desde 2006, tras desaparecer de la Asamblea Nacional, puede perder
su preeminencia relativa dentro de los sectores opositores. Probablemente será
retada de múltiples maneras, bien por los más radicales, como María Corina
Machado, quienes pretenden sustituirlos, bien por aquellos a los que se les
permitió participar, como Henri Falcón o el MAS, que harán uso de su polémica
presencia institucional para erigirse como interlocutores efectivos ante una
sociedad sufriente.
Este aplanamiento del liderazgo es una amenaza y una
oportunidad. Puede derivar en un caos interno, al no poder resolverse la
coordinación entre las distintas debilidades. También podría derivar en una
radicalización encapsulada, es decir, aislada del resto de la sociedad,
hablándole a un nicho con poca capacidad de incidencia. Un tercer escenario
podría derivar en un desplazamiento externo, si se impone la línea de
continuidad administrativa que desemboca en “gobierno en el exilio”, perdiendo
vinculación con la sociedad, sumergiéndose en disputas cortesanas allende las
fronteras.
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| El llamado de atención de Capriles |
Un cuarto escenario es el que podría derivar en la emergencia de una nueva configuración de sus relaciones con la sociedad. Esto es, la constitución de una nueva organización plural con nuevo mensaje inclusivo, que pase por cambiar el marco para pensar la crisis venezolana. El 2 de febrero el chavismo cumplirá 22 años en el poder, le han dado forma a la Venezuela actual, no son un gobierno sino todo un régimen político. Eso tiene una implicación trascendental, no podremos retornar a la ruta de la democratización de Venezuela sin el apoyo de sectores internos del chavismo.
Volver a tejer la trama social que le da forma a la
convivencia entre los venezolanos implica una construcción, masiva, de puentes
sociales, que pasen a través de las fronteras culturales que se han venido
construyendo por más de dos décadas. La democratización de la sociedad tiene
que ser fruto de un esfuerzo colectivo, derivado del reconocimiento de las
diferencias y de la existencia de pactos fundacionales comunes.
Hemos pensado recurrentemente el retorno a la democracia
bajo lo forma de una “salida”, es decir, centrándonos en el desplazamiento del
chavismo fuera del poder, y su sustitución por los dirigentes de la oposición
democrática. Esto es, en provocar el derrumbe del régimen autoritario y la
subsiguiente restauración del régimen democrático. No tenemos hoy la fuerza
para imponer ese desplazamiento. Al no tener la fuerza es un imperativo entrar
en procesos de negociación.
Sin embargo, hasta ahora las negociaciones también han
fracasado, al no haberse generado los incentivos para que los que están en el
poder se retiren. Para avanzar en una negociación también se requiere fuerza,
capacidad de movilización e implantación social. Ahora carecemos de estos
elementos.
Es posible que sea necesaria también la emergencia de otra
perspectiva, haciendo énfasis en la “entrada en” un nuevo funcionamiento de las
instituciones políticas. Esto es, avanzar en un proceso conjunto de reformas
internas en el régimen para incrementar la competencia, para democratizar al
sistema. No sería entonces ir a negociar su salida, sino pactar la entrada
normalizada de los sectores democráticos a la política, la tolerancia y
aceptación del pluralismo social y político, el cese de la persecución y la
represión.
Habría que centrarse en la modificación de las reglas de
funcionamiento de la vida política y social, en su democratización, dentro del
marco de lo establecido en la Constitución de 1999. En resumen, no se está en
capacidad de imponer la salida de nadie, sino a lo sumo de pactar la entrada de
todos, el reconocimiento de la legitimidad de la pluralidad política y social
que conforma a Venezuela.
Este proceso puede iniciarse durante el año 2021, como punto
de inicio de la conformación de un movimiento democratizador transversal, pero
podría extenderse hasta el año 2024, con la realización de unas elecciones
presidenciales, o incluso hasta el año 2030.
Detener la autocratización, y pasar a una democratización,
implica un proceso de normalización de la vida social, seguida de una
liberalización y apertura de la vida política, que pasa a través de una
sucesión de procesos electorales pactados, y de acuerdos de convivencia que
eviten persecución y represión.
La prioridad absoluta es la atención urgente a la emergencia
humanitaria, superarla es el eje central de la normalización de la vida social.
Mientras la vida de los venezolanos se mantenga en un estado de precariedad y
vulnerabilidad como el que se expresa en la emergencia humanitaria compleja que
estamos viviendo, no será posible que la sociedad pueda organizarse y
movilizarse para retar al autoritarismo.
Por ende, es prioritario permitir a la sociedad salir de la
emergencia vital, generar los cambios en las condiciones de vida, que le
faciliten acceso a alimentos, medicinas, a servicios públicos vitales, como los
sanitarios, el agua y la electricidad, así como la reactivación del transporte
público, la gasolina, para tejer redes productivas y de comercialización.
En segundo lugar, es clave construir puentes para una
liberalización de la vida cívica y una apertura política que permita a los
venezolanos reiniciar el proceso de democratización, que ha sido el gran
proyecto nacional de nuestro siglo XX.
En resumen, el abismo al que nos enfrentamos todos nos
produce un vértigo movilizador. Ese vértigo podría ser el inicio de la
conformación de un gran movimiento nacional democratizador, de carácter
transversal e inclusivo, con disposición a negociar un cronograma de procesos
electorales libres, abiertos y competitivos, sin presos políticos, con todos
los partidos habilitados para presentar candidaturas, sin exiliados ni
perseguidos.
Nos toca empezar desde cero, desde el punto más bajo que ha
vivido la sociedad venezolana desde el inicio de su vida republicana. Valgan
estas palabras para avanzar.
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