Navegar entre escollos: anomia, deriva autoritaria y transición a la democracia

La cotidianidad trastornada

El hombre es un animal de costumbres, de hábitos, de recurrentes conductas aprendidas socialmente. Así se van formando instituciones sociales que hemos dado por sentadas. La vida cotidiana se sostiene a través de estos hábitos heredados, de generación en generación, que se transfieren de madres a hijos, de abuelas a nietas. Esto conformó un tejido social, una red que se había venido sosteniendo fundamentalmente por la existencia de un conjunto de certezas, de una confianza fundamental en lo previsible. En Venezuela toda esta estructura de relaciones, de vínculos, se ha venido deshilachando, se ha roto la confianza, la incertidumbre y el miedo han enseñoreado la cotidianidad hasta marcar una peligrosa forma de disolución: el reino del “sálvese quien pueda”.

En segundo término está el Estado, una estructura de poder, una manera de entender el orden, de configurar los patrones políticos, el principio de autoridad y su legitimidad, los patrones económicos, las reglas del intercambio, los patrones de incentivos y castigos a determinadas conductas. El Estado, un producto sociohistórico, es también un conjunto estructurado de conductas, sostenido sobre percepciones y sobre realidades de fuerza y de legitimidad, que modela el orden social a través de un sistema de incentivos y castigos.

Los causahabientes, la construcción del Estado

En Venezuela la construcción de esta institucionalidad nos ha llevado más de cinco siglos, con flujos y reflujos, con tránsitos del Estado monárquico hispano al Republicano criollo, al democrático venezolano. En la construcción del orden político hemos tenido períodos de progresiva y conflictiva implantación, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, de reformulación traumática, durante la emergencia del orden republicano de principios del siglo XIX, de difícil coexistencia entre el caudillismo y la institucionalidad republicana liberal, en medio de “revoluciones” y guerras civiles decimonónicas. Bajo el signo del recurso petrolero avanzamos en la conformación de un Estado más moderno y de un orden público más extendido e integrador, de un orden político que pasó de esquemas autoritarios patrimonialistas a democráticos en el período de luchas cívicas del siglo XX. Este Estado, con su orden público y su legitimidad, con sus incentivos y sus castigos, también se nos está viniendo abajo a principios del siglo XXI.

La sociedad de va transformando a través del sistema de incentivos y de castigos, formales e informales, repitiendo patrones de conducta que son premiados, e inhibiendo las conductas que son castigadas. El retroceso del Estado, en lo que a orden público se refiere, y el deshilachar de las redes de confianza social, se expresa en la expansión de fenómenos terribles como los linchamientos, los saqueos, las “zonas de paz”, el crimen organizado y sus megabandas, en los toques de queda decretados por grupos criminales, en el estado de excepción que desde hace años vive la sociedad, marcada en su cotidianidad por el miedo, la incertidumbre y la desconfianza.

Releyendo al Leviatán, viviendo el estado de naturaleza

Cual estado de naturaleza hobbesiano una parte creciente de la sociedad venezolana vive en un estado de zozobra permanente, de guerra de todos contra todos, sometidos a la voluntad del más fuerte. En este escenario, sin poder confiar en la policía, sin confiar en la eficacia de los tribunales, sin confiar en un sistema carcelario, una parte de la sociedad venezolana se ha venido feudalizando.

Cada día más comunidades se refugian en sus casas, en medio de una crisis de servicios públicos, de escasez de alimentos, de medicinas, con el mercado destruido, sin más referencia de una figura de poder que el delincuente o las bandas de delincuentes que dominan la zona con total impunidad. Se extiende la percepción de que es mejor “un pran único que la anarquía”, que preferible el dominio de un pran que la guerra, que se prefiere la “paz malandra” al caos. Unos nuevos señores de la guerra, con un vínculo delincuencial claro, dominan territorios donde el Estado ha decidido retroceder y ausentarse. Definitivamente, para entender a Venezuela hay que releer a Hobbes. Estas pueden ser las crónicas epilépticas de un Leviatán desahuciado.

Al momento en que cae un delincuente, Fuenteovejuna imparte venganza, el linchamiento emerge como catarsis reivindicativa de una frustración, de una rabia acumulada por la impunidad que el Estado tolera y aúpa. Las pocas veces que llega la policía es para salvar al linchado de la turba anónima. No es al delincuente particular al que se está linchando, esta persona se ha convertido en una etiqueta, en la representación de todos los delincuentes que esa comunidad ha sufrido, ha sido despersonalizado, vaciado de identidad, cosificado, deshumanizado, solo así el linchamiento se hace posible, solo así un centenar de “personas de bien” se convierte en una turba asesina.

La nomenklatura tiene su guardia pretoriana

El orden público se ha convertido en el orden privado de los pranes, de los grandes jefes de las bandas organizadas, de una Guardia Nacional y una Fuerza Armada convertidas en guardias pretorianas de una pequeña nomenklatura que trata a Venezuela como su patrimonio clánico, que usa la represión para evitar su desplazamiento de un poder cada vez más reducido, que emplea las armas para establecer una barrera frente al resto de la población. Ellos también están encerrados, y las Fuerzas Armadas están privatizadas, cual hueste feudal. La nomenklatura es el nuevo pranato.

Esta feudalización, con la desaparición de lo público, del accionar colectivo, tiene su expresión en las más diversas capas de la sociedad. En un municipio de la capital la configuración y preservación de una fuerza policial eficiente se enfrenta a una dura realidad, los mejores policías, un bien público de primer orden, son reclutados rápidamente para la seguridad privada de quien pueda pagarlo. Se forman policías para asegurar un orden público, son privatizados como escoltas o guardaespaldas de quienes viven con miedo pero pueden pagarse una seguridad privada. Las urbanizaciones de los sectores medios se encierran sobre sí mismas, emerge una red de feudos detrás de alambradas, garitas, custodiadas por escoltas y guardias privados.

Lo que nos queda de orden público es fruto de la inercia social, es la vieja costumbre de ver el semáforo antes de cruzar, de ir al trabajo cada día, de transitar las calles mañana tras mañana. Pero la desaparición de los incentivos que hacen posible sostener estos hábitos deriva en un languidecer de la vida colectiva, en un apagar progresivo de lo común, hasta que finalmente el lobo que yacía dormido bajo todos nosotros emerja con toda su fiereza a imponer su voluntad.

¿Y la política? Danzando sobre la piel de zapa 

No hay política sin Estado

El retroceso del Estado es también el retroceso de la política, la creciente impotencia de la política para ejercer efectivo control sobre el territorio y para organizar la vida social y económica. Unos pocos ingenuos creen en salir del régimen actual a través de un soft-landing, que nos conduzca tersamente, de elección en elección, de veinte gobernaciones a doscientas alcaldías, de 2016 a 2017, hasta que el poder descienda suavemente en manos de las fuerzas democráticas en febrero de 2019, como un fruto jugoso que cae del árbol al madurar.

Los pocos que, secreta o públicamente, escogen creer en esta transición suave a la democracia no han prestado atención a las consecuencias que sobre la política tiene el retroceso y desaparición progresiva del Estado y del orden público. Prefieren no enfrentar la posibilidad de que nos podamos estar dirigiendo a un aterrizaje suave a ninguna parte, donde esperaríamos ver un aeropuerto al final del recorrido, ni un viejo aeródromo esperaría nuestra llegada, solo una tierra yerma, hostil, dominada por los lobos. La impotencia sería su destino.

Es aquí donde la urgencia del cambio político emerge, porque mientras más tiempo pase para este cambio, menos Estado tendremos para gobernar, sin Estado no hay reformas posibles, sin orden público no hay mercado reconstruible, ni empresariado a rescatar, ni emprendimiento a aupar, ni inversión que recibir y encausar.

Las elites políticas, bien sean de oposición o gobierno, nos encontramos danzando sobre una piel de zapa que se reduce con cada vuelta de tuerca, con cada Decreto inoperante, con cada declaración, con cada Ley sin aplicar, con cada rueda de prensa que se acumula sobre otra rueda de prensa. Eso explica la encrucijada a la que nos enfrentamos.

La encrucijada: disolución, autocratización o transición a la democracia 

La transición a la democracia no está asegurada

Frente al escenario de la disolución del Estado, del orden público y de la vida social como la conocemos, emergen dos vías de salida, una que conduce a una acelerada autocratización del sistema, a la transformación de este régimen híbrido decadente en un autoritarismo cerrado, en una dictadura abierta, y otra vía que nos podría llevar a una transición política y económica que nos coloque en el puerto seguro de una democracia funcional.

Ninguna de estas alternativas es una condena, el camino que recorramos será hijo de nuestras decisiones, será fruto de nuestras luchas o de la falta de ellas. Está claro que la gran mayoría del pueblo venezolano exige un cambio político urgente, hay un rechazo mayoritario contra la Presidencia de Nicolás Maduro y contra las políticas que nos han llevado a la crisis actual. En estas condiciones el PSUV no puede ganar ningunas elecciones limpias. Al presentarse un referéndum revocatorio la derrota del gobierno sería abrumadora. La nomenklatura reinante se encuentra haciendo uso del poder en contra de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. De allí que la política de cerco contra el Parlamento lo que hace es aislar cada día más al gobierno, quien se encuentra atrincherado y de espaldas a la sociedad.

En ese sentido el principal activo, el gran capital político, de las fuerzas democráticas es contar con el apoyo mayoritario de la población al momento de enfrentar un proceso electoral, desde un referéndum revocatorio hasta unas elecciones regionales.

El sistema puede autocratizarse

Frente a esto las fuerzas que promueven la autocratización del sistema se han venido reorganizando luego de la derrota electoral del 6 de diciembre de 2015. Cerco institucional, intimidación militar y represión han sido las estrategias escogidas para bloquear los caminos de la democracia.

Desarrollan hoy una política de cerco institucional y aislamiento contra la Asamblea Nacional, castrando sus funciones, pretendiendo anular sus capacidades legislativas, de control del poder y de deliberación pública. El uso que han hecho del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente de la Sala Constitucional, para bloquear la acción parlamentaria es un mensaje claro para sembrar impotencia y frustración en el ciudadano. La impotencia del ciudadano es la fuerza de la nomenklatura autoritaria.

Las iniciativas del Ejecutivo, que se expresan, por ejemplo, en la reciente declaratoria del Estado de Excepción, usando a la crisis económica como excusa, es la plataforma de una mayor represión contra la disidencia. Desde hace tiempo estamos bajo un gobierno militarizado, y diversas leyes han montado una securitización del orden interno. Las Fuerzas Armadas tienen más poder que nunca antes, controlando flujos e instituciones.

La autocratización puede tomar varios derroteros. Primero, puede asumir la forma de una continuidad autoritaria con Nicolás Maduro en la Presidencia hasta 2019, bloqueando el referéndum revocatorio y restringiendo progresivamente el campo de acción de los partidos políticos y organizaciones de la disidencia para generar un entorno hostil para la expresión autónoma de los ciudadanos. El cerco a la Asamblea Nacional podría terminar, en este escenario, con una disolución del Parlamento.

Segundo, puede tomar la forma de una continuidad autoritaria sin Maduro, promoviendo incluso la salida del Presidente a cambio de la continuidad del régimen y del poder de su nomenklatura, de sus negocios y sus prácticas, incluyendo la selección de un Vicepresidente antes de un Referéndum Revocatorio a realizar en 2017.

Tercero, promoviendo una “falsa transición” con autocratización, para sustituir al Presidente sin referendo revocatorio ni nuevas elecciones presidenciales, con continuidad del régimen político, postergando la realización de unas elecciones libres y plurales. Se generaría un sistema con tutelaje militar probablemente con un programa “modernizador” pero sin democracia.

Cualquiera de estos escenarios sería acompañado por un reforzamiento de la militarización del poder y de la represión, por la continuidad en las políticas autoritarias y por la conversión del presente régimen en un autoritarismo cerrado.

Las fuerzas que promovemos la democratización, la transición a la democracia, tenemos a nuestro favor la voluntad mayoritaria de una ciudadanía que apuesta por un cambio estructural, de gobierno, de régimen político y de modelo económico. Esa mayoría se expresa electoralmente, pero también debe ser movilizada en la calle, como hemos venido demostrando en la campaña por el referéndum revocatorio.

Los mecanismos de movilización y confrontación coexisten con los de diálogo político y social. Ese diálogo tienen prioridades, primero se deben consolidar vínculos orgánicos con las víctimas de la crisis, con quienes están sufriendo la escasez, la inflación y la delincuencia, incluyendo a sectores que vienen del chavismo; en segundo lugar, con los actores sociales con capacidad de movilizar esfuerzos y recursos para salir del presente estado de postración productiva, con las fuerzas vivas de la sociedad, con los gremios profesionales, con los empresarios, con los productores; en tercer lugar, con la comunidad internacional, para pasar de la sensibilización ante la crisis venezolana a la ratificación de que existen fuerzas democráticas con un programa alternativo con capacidad para enfrentar responsablemente la crisis.

Existe la tentación de llegar a un diálogo extemporáneo con el gobierno. Pero esto requiere un conjunto clave de precondiciones, primero, debe quedar claro que el objetivo de todo diálogo deber ser viabilizar el cambio democrático, segundo, se deben generar los incentivos en el gobierno para al sentarse con la oposición tenga disposición a ceder poder, a retroceder y abrir paso a la democracia, esto solo se logra con una movilización que el gobierno no pueda frenar, y tercero, una agenda de cambio que combine la respuesta política democratizadora con el desmontaje del modelo económico empobrecedor.

Hay cinco grandes arenas de lucha, y todas ellas están en movimiento en la actualidad.

La AN como vanguardia del cambio

La arena electoral: La Mesa de Unidad Democrática ha mostrado consistencia y efectividad en dar la lucha en la arena electoral, y las fuerzas democráticas han aprovechado la existencia de esos mecanismos para conquistar espacios para la democracia.

La arena legislativa: En la Asamblea Nacional se encuentra la vanguardia de las fuerzas democratizadoras de Venezuela, desde este foro de la Nación se posiciona, frente al país y frente al mundo, las vías del cambio a la democracia.

La arena judicial: En la arena judicial el control gubernamental sobre el Tribunal Supremo de Justicia se muestra férreo, hasta convertir a su Sala Constitucional en instrumento de anulación del Parlamento. Hay que seguir presionando con fuerza a esta institución.

La arena de la opinión pública: La tercera arena son los medios de comunicación, en la medida en que se acerque el cambio democrático es más probable que la autocensura retroceda pero que la censura directa se haga mayor.

La movilización en calle: la presión social con las movilizaciones pacíficas, con mecanismos no-violentos, es un imperativo para lograr impulsar el cambio y darle cauce a la legítima protesta vinculada a la crisis económica y de servicios públicos.

Sin movilización no hay cambio democrático

El cambio es una necesidad perentoria de la sociedad. El peligro es que el tiempo juega a favor de la autocratización, que se convierte en la respuesta última a un proceso de disolución del orden público y del Estado, incluso con la salida del presente gobierno, podría este ser sustituido por uno de signo más autoritario. Pero solo la democratización, la transición a la democracia, brinda oportunidades sostenibles de recuperación económica. No será la inercia lo que nos traerá la democracia, será la lucha política y social. Las movilizaciones de los últimos días son una buena señal en la dirección correcta.