Contra las cuerdas

Momento del encuentro en la AN

La gran mayoría de los venezolanos quiere un cambio pacífico que permita dejar atrás la crisis social y económica que padecemos todos. Luego de 17 años de una política marcada por la polarización y la recurrente violencia política es normal que el deseo de cambio venga acompañado de un legítimo y profundo deseo de paz. Por ende, es natural que las iniciativas de diálogo gocen inmediatamente de una buena acogida. La base social de un proceso de diálogo es amplia, extensa e intensamente distribuida entre los venezolanos. Pero, ¿todo diálogo es posible? ¿Es políticamente aceptable cualquier tipo de diálogo? Esta es una pregunta más compleja y sobre ella nos toca pensar.

El chavismo y el diálogo

MBR200: una secta militar antidemocrática

La secta militar, de cuyo núcleo brotó lo que después se conoció como chavismo, apareció en 1983 para conspirar contra la democracia venezolana. El 4 de febrero de 1992 los venezolanos conocimos al chavismo, en su etapa primigenia, germinal, brutal.

Es significativo que su entrada en la política venezolana haya sido a través de una violenta asonada militar contra un gobierno democráticamente electo. No se inauguró con una propuesta de consenso, con la construcción de una organización ciudadana alternativa, sino con un cuartelazo clásico. De allí en adelante ha sido la violencia política su práctica recurrente, la ensalza, la glorifica, la promueve con nostalgia arcaica, hasta convertirla en el signo más recurrente de este movimiento.

El desprecio por las instituciones democráticas, por la deliberación plural, por la organización autónoma de la sociedad, ha sido otro de sus rasgos definitorios. Cuando apela a la organización lo hace desde arriba, desde la voluntad omnímoda del líder máximo, desde la reivindicación de la jerarquía y el poder, un poder que es concebido sin límites, por encima de las leyes. Del desprecio a la deliberación deriva un aborrecimiento a la negociación, a la política de llegar a acuerdos con quienes concibe como “enemigos”.

Este desprecio impregna también la lectura que impuso de la historia venezolana contemporánea. El Pacto de Puntofijo, acuerdo que permitió cuatro décadas de gobiernos civiles democráticos, es demonizado. Cualquier intento de armonizar las contradicciones sociales, de negociar reconociendo la legitimidad del otro, es visto con desdén. No es una cultura de diálogo y deliberación, es de hegemonía e imposición.

1998: una campaña de confrontación

Esto se expresó desde la campaña de 1998, no olvidemos el carácter agresivo y violento del verbo de Hugo Chávez durante esos meses, donde prometió, entre otros detalles, “freír las cabezas de sus adversarios en aceite”.

La convocatoria a la Constituyente fue también otra expresión del desprecio a la deliberación y a las instituciones plurales. Entre diciembre de 1998 y febrero de 1999 el Congreso electo había dado los primeros pasos para facilitar una Reforma constitucional y una posterior convocatoria a Constituyente que garantizara el pluralismo. El primer decreto presidencial, del mismo 2 de febrero de 1999, impuso un tipo específico de Constituyente. No se pretendió construir un nuevo pacto social sino instaurar una hegemonía política.

La Constituyente se diseñó para asegurar una sobrerrepresentación de la mayoría, de esa manera con el 52% de los votos el chavismo obtuvo el 95% de los diputados, dejando a la oposición con solo 6 diputados. Esta Asamblea Nacional Constituyente hegemónica anuló al Congreso Nacional plural que había sido electo en noviembre de 1998.

Una Corte Suprema presionada

El desprecio contra la institucionalidad política marcó la relación con los poderes públicos derivados de la Constitución de 1961. Así, presionaron a la Corte Suprema de Justicia, con amenazas diversas, para que aceptara la “supraconstitucionalidad” de la ANC y su carácter originario, demoliendo la legalidad previa. Allí no hubo diálogo sino imposición.

La hegemonía avanzó con un proceso electoral general realizado en 2000, las Megaelecciones, que redujeron la presencia de voces disidentes en las nuevas instituciones políticas.

A pesar de contar con una mayoría sustancial en la nueva Asamblea Nacional, 92 de los 165 diputados eran del MVR, el Presidente Chávez decidió asumir poderes especiales para legislar. Bajo el amparo de una amplia Ley Habilitante el Ejecutivo firmó 49 leyes. Sin deliberación, sin publicidad, sin diálogo plural, sin darle la oportunidad a la opinión pública, a los sectores afectados e implicados, al ciudadano, de incidir en la construcción de todo un nuevo marco jurídico que regiría la vida política, económica y social de los venezolanos. El 13 de noviembre de 2001, en cadena de radio y televisión, el Presidente anunció la imposición jurídica sin anestesia y sin diálogo. Inmediatamente se inició un ciclo de confrontación política que se extendió durante cuatro años.

El 9 de diciembre de 2001 Fedecámaras anunció un paro de medio día en protesta por diversas Leyes impuestas con la Habilitante. La cúpula empresarial esperaba el inicio de un diálogo. La respuesta presidencial, con uniforme militar, fue un espectáculo aéreo con insultos incluidos. Allí no hubo diálogo.

No debemos olvidar que Hugo Chávez precipitó la crisis de abril de 2002, a conciencia como después lo reveló, con la expulsión pública de los gerentes de PDVSA. Los golpes de Estado del 11 de abril de 2002, tras una masiva manifestación pública, derrocaron a Chávez apenas durante dos días.

Amargo déjà vu: recuerdo de dos fracasos

La movilización precede al diálogo

Es en medio de este ciclo de movilización y confrontación política que en Venezuela tuvimos el primer proceso formal de diálogo entre el gobierno y la oposición. No hay mejor relato de este proceso que el realizado por Miguel Ángel Martínez Meucci en su obra “Apaciguamiento”, aunque también Francisco Diez y Jennifer McCoy desarrollaron su lectura en “Mediación Internacional en Venezuela”.

El gobierno llegó a abrirse a un proceso de diálogo al reconocerse vulnerable y sentirse amenazado. En abril de 2002 se constituyó una primera Comisión de Diálogo, controlada por el gobierno con José Vicente Rangel, y dirigida fundamentalmente a apaciguar los ánimos, desmovilizar a la oposición y ganar tiempo para postergar el Referéndum Revocatorio. Con sectores seleccionados por el gobierno, interpelaciones públicas, sin acuerdos y medidas concretas, sin mediadores, sin una agenda aceptada por las partes, el proceso fue un fracaso total. Un diálogo sin negociación en medio de un clima político que continuaba agitado, con una parte de la sociedad movilizada.

La conformación de la Coordinadora Democrática, en julio, le otorgó una nueva organicidad a las fuerzas opositoras. Manifestaciones masivas como las del 11 de julio o del 10 de octubre mostraron la fortaleza de las fuerzas democráticas. La caída de la popularidad de Hugo Chávez ratificaba un debilitamiento general del gobierno.

El Presidente y el facilitador

Finalmente, fue el 8 noviembre de 2002 cuando se instaló la “Mesa de Negociación y Acuerdos”, con César Gaviria como facilitador y el Centro Carter. Tenía como objetivo propiciar una solución a la crisis venezolana. La oposición impulsaba un referéndum consultivo que el gobierno negaba. El paro petrolero entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 representó un nuevo pico de conflictividad que coincidió con el funcionamiento de esta Mesa. El gobierno se atrincheró durante todo el proceso para ganar tiempo. El fracaso del paro debilitó a la oposición. El 30 de mayo de 2003 la Mesa llegó a unos acuerdos que no condujeron al cambio político. De hecho luego del cierre de este ciclo se consolidó una hegemonía en un proceso de autocratización acelerado luego de 2005.

Más de una década después se generaron condiciones que hicieron posible un nuevo proceso de diálogo entre gobierno y oposición. Nuevamente vemos la presencia de movilizaciones de calle. Estas se iniciaron en febrero de 2014 y representaron un reto tanto para el gobierno como para los sectores de la oposición. En abril una Comisión de la Mesa de Unidad Democrática se reunió con el gobierno iniciando un proceso de diálogo. No quedaba clara la agenda, ni el papel de los facilitadores. Se percibió un proceso mucho más improvisado y el gobierno tuvo un control mucho más férreo.

Diálogo sin resultados: 2014

Desde un primer momento el gobierno negó la posibilidad de que existiera ningún tipo de negociación. En la medida que la conflictividad de calle se apagaba, que un proceso de desmovilización reducía día por día las manifestaciones, la mesa de diálogo también perdía sentido. Más allá de una cadena nacional de los dirigentes de oposición no hubo consecuencias políticas en cambios en la correlación o funcionamiento del poder. El gobierno reprimió duramente la movilización, mientras anulaba cualquier posibilidad de cambios derivados de la mesa de diálogo. Esta se apagó sin llegar a ningún acuerdo firme.

Estos dos fracasos dejan un amargo sabor de boca en la memoria histórica de las fuerzas democráticas. En ambos casos fue la debilidad del gobierno, vinculada a inmensas movilizaciones de calle, las que llevan a la aparición del proceso de diálogo. Pero fue la desmovilización, el apaciguamiento, el apagar de la calle, lo que terminó por hacer de estas mesas infructuosos artefactos en su misión de impulsar el cambio político.

¿Y ahora?

Zapatero, Torrijos y Fernández, ¿ubicados?

El gobierno de Nicolás Maduro enfrenta una gran crisis política, el derrumbe de la economía y el empobrecimiento social ha derivado en una pérdida de popularidad y gobernabilidad, el resultado de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 fue una derrota importante para el chavismo y la crisis no ha hecho sino profundizarse.

Hoy en día la mayoría de la población exige un cambio político. El referéndum revocatorio se abre como posibilidad política para viabilizar esta exigencia social. La campaña, nacional e internacional, por este Referéndum revocatorio, parece crear un escenario donde el gobierno se encuentra contra las cuerdas. Una expansión en las movilizaciones de calle, que superan las expectativas, es acompañada por una conflictividad social anómica grave, con saqueos frecuentes en varias partes del país.

Este es el escenario de este nuevo intento de diálogo. Aparecen Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos como interlocutores para iniciar este proceso. Inmediatamente las alarmas se encienden, los rumores corren. Hay una exigencia de claridad por parte de los ciudadanos. El gobierno aprovecha las informaciones para impulsar las discordias dentro de las fuerzas democráticas, para intentar fracturar la unidad explotando las diferencias, sembrando sospechas. Las movilizaciones deben continuar, sin una inmensa presión social el régimen no permitirá el referendo revocatorio. Todo proceso de diálogo deberá traer como punto central la realización de esta consulta ciudadana, además de la liberación plena de todos los presos políticos. Es aquí donde debemos reflexionar sobre los aprendizajes que se pueden extraer de estas experiencias históricas.

Aprendizajes importantes

Primero, no es el chavismo una fuerza dialogante, y solo toma la decisión de ir a un proceso de diálogo cuando se encuentra contra las cuerdas, generalmente por inmensas movilizaciones de calle. Actúan a partir de la presión fáctica, no por ética, no por ley.

Segundo, el chavismo tiene una prioridad en mente, garantizar su continuidad en el poder como una hegemonía. Todo lo demás es subalterno.

Tercero, una vez que el gobierno logra desmovilizar a la oposición, logra apagar la calle, desaparecen los incentivos para el diálogo, incluso desaparecen los incentivos para cumplir cualquier acuerdo al que se haya llegado. La movilización se debe mantener incluso hasta la realización misma del referendo revocatorio y la salida de Maduro.

Cuarto, es negociación lo que se debe impulsar, no solo diálogo. Negociación implica acuerdos concretos en materia de cambio en la correlación y funcionamiento del poder.

¿Para qué?

¿Qué busca el gobierno en un proceso de diálogo? Garantizar su continuidad, como gobierno, como régimen, como sistema. Desmovilizar a los sectores disidentes, bajar la presión social proclive al cambio político. Ganar tiempo para postergar el referéndum revocatorio, incluso para suspender las elecciones regionales. En el caso actual también sacar a la OEA y a Almagro del juego.

¿Qué han de buscar las fuerzas democráticas en un proceso de diálogo? Generar garantías concretas para facilitar el proceso de cambio político, para que se le abra paso el Referéndum Revocatorio, alcanzar la liberación de los presos políticos.

¿Cuál es la amenaza? El gran peligro es la desmovilización de la protesta social, el apaciguamiento político. El gobierno prometerá cualquier cosa a cambio de detener la movilización política. De esta manera pretenden quedarse exclusivamente reprimiendo la inmensa conflictividad social, derivada de  la crisis económica, pero ahora desvinculada del cambio político.

No se puede negar la importancia que tendría un proceso de negociación política en Venezuela, pero solo se puede convertir en un cambio real si se sigue aumentando la presión de calle, la movilización, al mismo tiempo. Debe evitarse caer en la tentación de apaciguar la calle cuando se entra en un proceso de negociación, cuando se debe realizar justo todo lo contrario. Cada nuevo paso en la negociación política debe estar acompañado de una escalada en la movilización de calle, solo así sería efectiva la negociación. La movilización incluso debe mantenerse luego del cierre del proceso de negociación, para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. Finalmente, no podemos perder de vista las características del régimen. Una desmovilización solo llevaría a una mayor autocratización del sistema.