¿Cómo llevarlos a unas elecciones?

¿Tendremos elecciones? ¿Cuándo y cómo?

Grandes cuestiones en la vida humana dependen de hacer la pregunta correcta. Avanzamos más a partir de nuestras dudas que sobre nuestras certezas. Por eso decidí comenzar este escrito escudriñando alrededor de una interrogante fundamental para poner en claro el futuro inmediato de Venezuela.

El deslizamiento autocratizante

Desde las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 la dinámica del sistema político venezolano no ha dejado de fluir. Hasta hace poco tiempo podíamos caracterizar al régimen como un autoritarismo competitivo. Hoy la autocratización ha venido avanzando hasta eliminar los escasos rasgos competitivos del sistema, Venezuela está sumergida en un régimen autoritario que viola los Derechos Humanos, persigue y encarcela a la disidencia, controla los medios de comunicación y, finalmente, confisca el derecho de los venezolanos a votar.

Luego de que la oposición democrática obtuviera las dos terceras partes de la Asamblea Nacional el gobierno de Nicolás Maduro apretó el cerco, estableciendo un verdadero estado de sitio contra el Parlamento. Utilizando recursos judiciales, financieros, presupuestarios, políticos y fácticos obstaculizó el funcionamiento autónomo del Poder Legislativo impidiéndole legislar y controlar al poder. El apresamiento de un diputado en ejercicio, violando la inmunidad parlamentaria, fue el cruce de una nueva raya amarilla en la destrucción de la institución parlamentaria.

Tareck: radicalización y autocratización

Sabiendo que el chavismo, en las críticas condiciones actuales, no tiene capacidad de ganar ningún evento electoral, el gobierno tomó la arriesgada decisión de bloquear toda posibilidad de un referéndum revocatorio en 2016. Incluso fue más allá, violentando la Constitución, decidió evadir las elecciones regionales que debían realizarse a finales de año. En el mismo sentido varios voceros del chavismo, e incluso el mismo Presidente Maduro, han dejado deslizar una amenaza clara, en Venezuela no tendremos nuevas elecciones mientras no existan posibilidades de un triunfo chavista.

Utilizando un Comando Nacional Antigolpe, dominado por los militares, la recién estrenada vicepresidencia de Tareck El Aissami ha puesto en ejecución una arremetida autoritaria de amplio alcance. El SEBIN, policía política del régimen autoritario, protagoniza razzias contra opositores, siembra evidencias falsas contra disidentes, los secuestra y encarcela violentando derechos. El cerco se cierra sobre Venezuela.

El abismo que nos separa de las elecciones

 

Compromiso con la vía electoral

En esta circunstancia la pregunta que titula este artículo cobra especial vigencia. Desde la Mesa de Unidad Democrática los distintos factores de la oposición han impulsado un cambio político a través de medios pacíficos, democráticos, constitucionales y electorales. Esta estrategia, de acumulación de fuerza con expresión electoral, ha traído consigo importantes éxitos desde que se retomó la vía electoral en 2006. Pero la respuesta gubernamental ha sido autocratizarse más y más. Tras cada evento electoral el régimen se cierra sobre sí mismo, la elite gubernamental se atrinchera en el poder, y se bloquean los caminos que llevarían a su sustitución.

¿Qué es necesario para que sea posible una solución electoral de la crisis venezolana? ¿Qué garantía existe de que el gobierno convoque elecciones regionales y municipales en 2017? ¿Qué garantía existe de que convoque elecciones presidenciales en 2018? ¿Qué pasó con la convocatoria para el referéndum revocatorio presidencial?

Incluso podemos complejizar las preguntas, ¿qué garantías existen de que el gobierno permita la participación de la oposición en un evento electoral futuro? El manto de la ilegalización se cierne sobre las organizaciones políticas de la oposición venezolana, el Consejo Nacional Electoral y el TSJ tienen en sus manos la posibilidad de sacar del juego electoral a los partidos políticos que forman parte de la MUD. Inhabilitaciones políticas han caído sobre muchos dirigentes, nacionales, regionales y locales, la persecución obliga a muchos a esconderse o salir del país.

¿Seguirá Venezuela el mal ejemplo de Nicaragua?

¿Podría plantearse el gobierno convocar unas elecciones sin dejar participar a la oposición? ¿Servirá el mal ejemplo de Nicaragua de espejo para el futuro venezolano? Hay regímenes autoritarios que pretenden, en determinadas circunstancias, escoger su oposición, lanzando algunas a la ilegalidad, proscribiendo liderazgos, aupando otros. ¿Se planteará el chavismo un teatro de esa calidad para 2017 o para el 2018?

Si depende del gobierno en Venezuela no volveremos a tener elecciones libres, plurales, justas y limpias. La cuestión es lograr que no dependa del gobierno. El poder se basa en obligar a otro a hacer algo que, en principio, no quiere o no está dispuesto a hacer. Es allí donde la oposición democrática debe demostrar el ejercicio de su propio poder.

Factores desigualmente ambiguos

Hay quienes señalan que varios factores "obligarán" al gobierno, no solo a convocar elecciones, sino también a entregar el poder. Me permito tener dudas al respecto, pero vamos a repasar algunos de estos elementos catalizadores de un cambio político en Venezuela.

¿La crisis asegura el cambio político?

Primero, la crisis socioeconómica. Venezuela ha perdido en tres años la quinta parte de su producto interno, la inflación puede alcanzar dos mil por ciento en 2017, la destrucción de la capacidad productiva interna y la reducción sustancial de las importaciones han llevado el hambre a la vida de los venezolanos, multitudes escarban cada día en la basura buscando comida en todo el país. El gobierno aprovecha esta situación para distribuir la escasez a través de los CLAPS, que funcionan además como mecanismos de control político y social. La creación de un “carnet” para distribuir alimentos es un preocupante paso en la consolidación de todo un aparato para controlar a la población a partir de la manipulación de sus necesidades más básicas.

Pero la crisis económica, y la legítima protesta vinculada al hambre y al empobrecimiento generalizado, no obligan necesariamente a un gobierno a llamar a elecciones libres. Se requiere una correa de transmisión entre la protesta social y la movilización política. Eso no se da solo, eso debe construirse voluntariamente. ¿Cómo están esas correas de transmisión? ¿Cómo están los vínculos entre los distintos movimientos sociales que pueden hacer de la indignación ciudadana una presión que mueva las estructuras de poder hacia algo distinto que la consolidación autoritaria?

Segundo, la comunidad internacional. Se sostiene que, en el siglo XXI, no es posible la consolidación de un régimen autoritario, y mucho menos en el espacio latinoamericano. Suponen algunos que el proclamado compromiso con la democracia caería como pesado fardo sobre todo régimen que pretenda eternizarse de manera autoritaria.

El fracaso de la Primavera Árabe impulsó el conservadurismo

Lamento tener una percepción distinta. El amargo final de la Primavera Árabe en 2011 contribuyó a consolidar las visiones más conservadoras en los decisores de las políticas exteriores de los miembros de la comunidad internacional. En el siglo XXI vemos la aparición y consolidación de nuevas formas de autoritarismo, y parece haber una incómoda resignación frente a este hecho.

Luego del fracaso de 2011 las preocupaciones reales de la comunidad internacional son otras distintas a la democracia. En primer lugar, la seguridad, la estabilidad política y social, para evitar movilizaciones masivas de refugiados, como los que mueren de frío hoy tocando a las puertas de Europa, y para evitar la expansión del terrorismo o la generalización de los estados fallidos. En segundo lugar, las facilidades para realizar negocios, para garantizar crecimiento económico sostenido y ganancias crecientes para los inversionistas. Tras garantizar estas prioridades, si queda algún espacio, colocarán en lista a los derechos humanos, la democracia procedimental y el cambio climático. La diplomacia parece estar retornando a los criterios pragmáticos que la dominaron durante mucho tiempo.

Seguridad y negocios como prioridades

Eso significa que la comunidad internacional no hará nada que nosotros no hayamos construido internamente. No son un elemento sustitutivo de los actores internos, de las fuerzas vivas que estructuran a la sociedad. Esta perspectiva es clave para observar, por ejemplo, el papel de los mediadores internacionales en el diálogo venezolano, su criterio de éxito es la estabilidad, su victoria es evitar el conflicto. ¿Es exactamente eso lo mismo que buscan las fuerzas democráticas venezolanas?

Podemos incorporar a la reflexión otros factores. Uno es la unidad del bloque de poder y la relación entre éste y la sociedad. Para conseguir acercarnos a la democracia es importante romper internamente el bloque de poder, aislar a la nomenklatura, a la pequeña elite que se enriquece sobre el empobrecimiento de las mayorías, que acumula poder sobre la impotencia de los ciudadanos. La escalada represiva y el cierre autocrático significa un atrincheramiento en el poder, pero detrás de esas trincheras son muy pocos los que caben, los que disfrutan de los privilegios.

Atrincherados en el poder, solitarios en la cumbre

El proceso de aislamiento se acelera en medio de la crisis y la represión, hay que construir puentes con la disidencia proveniente del chavismo. Es allí un espacio privilegiado y amplio para el diálogo, para la construcción de nuevos consensos sociales y políticos. Para esto es importante prestar atención a la lucha de facciones dentro del chavismo como movimiento político y social, separando la paja del trigo. Desde allí vendrán importantes señales de fractura que anunciarán el acercamiento para un cambio.

Es el mismo caso de la Fuerza Armada, el poder ha insistido en desinstitucionalizarla, en corromper a sus elementos constitutivos, en utilizarla como un instrumento del poder autoritario para perseguir, aplastar a la disidencia, regentar empresas públicas ineficientes, distribuyendo negocios entre algunos de sus altos y medios oficiales mientras la tropa sufre el desprecio de la opinión pública, con familias que sienten el hambre, la escasez y la inseguridad como el resto de los venezolanos.

El catalizador imprescindible

¿Cómo llegar a las elecciones?

¿Entonces? Queda mucho por hacer. A pesar de mis aprehensiones he de reconocer que los factores previos son importantes para hacer posible obligar al gobierno a llegar a un evento electoral. Pero las herramientas han de ser usadas en movimientos coherentes y coordinados.

Los que hemos luchado por un cambio político que nos conduzca a la democracia apostamos porque la crisis venezolana desemboque en un proceso electoral que coloque en manos del pueblo venezolano su destino. El voto es el arma igualitaria del pueblo en la conquista de su propio futuro. Pero no bastan los buenos deseos, deben venir acompañados del poder efectivo.

Si nos atenemos al cronograma electoral, parte de los restos de democracia que sobreviven en la conciencia y en la opinión pública venezolana, debíamos tener elecciones para gobernadores y asambleas legislativas regionales en diciembre de 2016. No las hubo. En medio de las presiones el CNE dejó deslizar, en una rueda de prensa, la posibilidad de tener elecciones regionales en el primer semestre de 2017, y municipales para fin de año. Después de ese pseudo-anuncio nada ocurrió, ¿la convocatoria? ¿El cronograma electoral? ¡Nada!

Mientras, entre el TSJ y el CNE se desliza el inicio de un proceso de recolección de firmas para permitirle a los partidos políticos seguir actuando. Se ve venir una carrera de obstáculos para preservar la acción legal de las organizaciones democráticas. El gobierno aprovechará para ilegalizar organizaciones sembrando evidencias, bloqueando opciones, inventando triquiñuelas varias, asimismo estimulará la competencia interna entre los partidos para debilitar la capacidad de contestación de la sociedad. Eso está cantado.

Un Poder Público Nacional con mayoría democrática

La sociedad democrática cuenta con elementos importantes para dar la lucha que viene. Institucionalmente cuenta con el control de un Poder Público Nacional, la Asamblea Nacional, que cuenta con la mayor legitimidad para actuar, más allá del estado de sitio dentro del que actúa. El Parlamento tiene la legitimidad popular para legislar, deliberar y desarrollar mecanismos de control del poder. Cuanta la oposición además con tres gobernaciones y algunas importantes alcaldías.

Cuenta además con el poder de la gente. La gran mayoría de la población venezolana rechaza hoy al gobierno nacional, a su Presidente, a su gabinete y a sus políticas. Las encuestas señalan que una parte importante de la sociedad está dispuesta a movilizarse en la defensa de sus derechos si es convocada con un mensaje claro por parte de un liderazgo con legitimidad. Es claro que las elecciones son la expresión más igualitaria y plena del pueblo como un todo y hacia allá debemos apuntar.

Pero, ¿si las vías electorales son bloqueadas de qué manera puede el pueblo demostrar su poder? Es aquí donde el factor de la movilización pasa a colocarse en primer plano. Razones para la protesta existen en toda la sociedad, hambre, escasez, miseria, inseguridad. La indignación crece al mismo ritmo que la desesperanza, la primera mueve a la acción, la segunda al ensimismamiento. La primera puede convertir a la población en motor de cambios democratizadores, la segunda lo convierte en masa inerte, hiperindividualizada e impotente. En esa encrucijada nos movemos.

Indignación popular como catalizador

A lo largo de nuestra historia la sociedad venezolana, el pueblo venezolano, ha desarrollado un repertorio de protestas, de acciones recurrentes, de mecanismos de contestación social, de legítimo conflicto político frente a los distintos abusos del poder, de todo tipo de poder. La sociedad venezolana de 2016 no es la de 1998, pero en la exploración de sus propios repertorios podemos encontrar la clave para desatar toda su fuerza transformadora.

Lo que se consiga en cualquier espacio de intermediación política, sea una mesa de negociación o una de conflicto, dependerá de lo que pueda conseguirse en las calles, en las movilizaciones, fruto de la presión social que se desate contra el poder establecido. El poder tiene que sentirse en crisis para que esté dispuesto a ceder, para que sea posible un cambio en la correlación institucional o en el funcionamiento del poder aquellos que los detentan tienen que temer, tienen que percibirse en riesgo. La comodidad del poder no traerá ningún cambio que nos conduzca a la democracia.

Efectivamente la represión se encuentra a la orden del día, el miedo es instrumento fundamental del autoritarismo para consolidarse, pero la creación de un clima de agitación articulado con la indignación social es vital para construir un camino que nos lleve a una solución electoral.

Varios tableros, una estrategia 

Movilización y negociación en una sola estrategia

En ese marco es prioritario mantener la legitimidad y la credibilidad que se requiere para mantener la movilización. No es un tema de moderados contra radicales, ni de dialogantes contra movilizadores, sino la conciencia de que es un solo juego que se expresa en dos tableros.

Que los que se sientan en una mesa para construir un cambio político que conduzca a la democracia son representantes, no de uno u otro partido político, ni de un grupo económico, ni de algún líder esclarecido, sino de un movimiento social que se encuentra arriesgándose cada día en la protesta, en la calle.

De igual manera, quienes se encuentren en la calle deben actuar con la conciencia de que la lucha solo será efectiva en la medida que tenga un cauce negociado, que se está mostrando la fuerza para negociar en mejores condiciones una verdadera transición a la democracia.

El doble enlace a construir

Las movilizaciones para exigir elecciones regionales son un imperativo político que permiten distribuir la presión social a lo largo de todo el territorio nacional, en la medida en que se construye políticamente un doble enlace.

Trabajar desde la cartografía social de la Venezuela de 2017

Primero, un vínculo con los sectores sociales que sufren la crisis, desde una perspectiva de subalternidad, que construya discursiva y organizativamente una nueva dicotomía política, la que separa a “ellos”, los acomodados, la nomenklatura, los poderosos, de “nosotros”, los de la periferia, los que sufren la crisis, los que deben resolver el día a día, el pueblo venezolano, el común.

Sobre esa dicotomía, sobre esa nueva polarización, debe montarse la movilización, el conflicto y los nuevos consensos. Eso implica reconocer la existencia de una sociedad distinta, el pueblo venezolano tiene una topografía específica en 2017, que no corresponde a la de 1998, la emergencia de nuevos actores sociales, vinculados a los conflictos reales existentes debe ser conectada en sinergia con el proceso político. Es necesario reconocer a los actores que pertenecen a la nueva cartografía social de Venezuela. El cambio político debe pensarse de abajo hacia arriba, debe pensarse desde los sufrientes, desde las víctimas de la destrucción, desde los más pobres, desde las periferias, solo desde allí se desplegará una fuerza de ruptura histórica, es allí donde se encuentra la mayor energía potencial para un cambio profundo.

Segundo, un enlace entre las elecciones regionales y el problema nacional, la resolución de una crisis que se reconoce como nacional, con el cambio político general. La gente no es tonta, está clara que la permanencia del presente gobierno en el poder, en el control del Estado, hace imposible resolver la crisis social, la escasez y el hambre. Por ende, hay que articular, en la práctica y en el discurso el cambio político regional con el cambio político nacional.

Solo así podremos llevar a unas elecciones a quienes no quieren ir. Solo con la movilización de estas energías puede generarse una mesa de conflicto que sea fructífera en términos de cambio, en términos de un nuevo diálogo social, en términos del establecimiento de un nuevo pacto social democrático. Sin estos enlaces lo que viene es una consolidación autoritaria con anomia social y violencia cotidiana, un Estado débil y una sociedad en proceso de disolución. Esa es la amenaza a detener.