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| El chavismo de 1998 era una heterogénea coalición |
Varios proyectos coexistían en
la nueva elite política que alcanzó el poder en Venezuela a principios de 1999.
Había dentro del denominado Polo Patriótico una mixtura aluvional bastante
diversa, desde antiguos náufragos del socialismo real, algún admirador de Corea
Del Norte, mucho oportunista que veía la posibilidad de cambiar una hegemonía
por otra, alguno que otro perezjimenista, y muchos creyentes o crédulos, de
buena o de mala fe, que apostaban por una revancha que torciera el rumbo de la
República.
Pero el aluvión se fue
depurando con el tiempo, dejando desnuda la tensa coexistencia de dos proyectos
de poder que comparten objetivos y métodos, aunque difieran en su historia
previa. Primero, aquel representado en un conglomerado de dirigentes de la
ultraizquierda, enamorados en su momento del socialismo real, bien sea la
versión cubana o la soviética primigenia, y entrampados ahora en lo que
consideran su “oportunidad histórica”; y segundo, aquel representado por los
sobrevivientes del núcleo duro del proyecto original, el del Samán de Guëre, quienes
vestidos de verde olivo decidieron embarcarse a fines del siglo XX en la
pervivencia tardía del rancio militarismo, escudado en la retórica de un
bolivarianismo rimbombante.
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| La logia original y su proyecto: verde oliva al poder |
¿Qué terminó uniendo a ambos
proyectos de poder hasta fundirse en uno solo? La respuesta puede encontrarse
tanto en el objetivo común de construir una hegemonía permanente y absoluta
como en la disposición de hacer uso de cualquier método, por más autoritario
que sea, para mantener y consolidar el poder.
Rojos y verdes pretendieron
fundirse en una simbiosis política inestable, pero en esa mixtura autoritaria
el militarismo verde olivo fue cubriendo con su manto al bermellón totalitario,
hasta marcar su ritmo y cadencia final. El fracaso del socialismo real deja al
bolivarianismo-militarista dominante en el escenario.
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| La aparición pública del proyecto: un intento de Golpe militar |
El proyecto verde oliva, la
revivificación del militarismo perezjimenista, puede ser rastreado hasta el
inicio de la crisis del régimen democrático, aunque tenga viejos precedentes. Todo
empezó a construirse en 1983, cuando se conformó una secta o logia militar
alrededor del Samán de Güere, el denominado Movimiento Bolivariano
Revolucionario 200. Acá no hay nada original, si nos atenemos a los rituales
del militarismo latinoamericano, un grupo de militares se constituyen en secta
para conspirar contra la democracia, es decir, contra el régimen civil.
Las primeras apariciones
públicas del chavismo fueron las asonadas golpistas del 4 de febrero y del 27
de noviembre de 1992. Dos violentos golpes militares contra el régimen
democrático. La participación civil en estos hechos fue prácticamente nula.
Será en 1997 cuando decidieron emprender el camino del voto para lograr lo que
no pudieron con las balas. Aunque el discurso sobre la Constituyente fue
dominante durante la campaña presidencial de Chávez en 1998, fue recurrente la
apelación a la imagen militar de fuerza y mando, incluso se hizo presente
alguna nostalgia perezjimenista.
¿Venezuela es un cuartel?
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| Hugo Chávez de gala militar |
En medio del vendaval de
transformaciones políticas desatadas en 1999 las acciones militaristas de la
Presidencia no generaron suficiente atención. Generalmente se señalaba que Hugo
Chávez apelaba a lo que conocía, el universo militar, por su ignorancia de la
política civil. Pero rápidamente el rol de los militares cambiaría, tanto desde
el punto de vista jurídico como desde el político.
El 27 de febrero de 1999 es
lanzado el Plan Bolívar 2000, colocando
a las Fuerzas Armadas como responsables directos de la ejecución de programas
diversos de acción social, convirtiendo a guarniciones y cuarteles militares en
centros de distribución de ayudas sociales a la población más vulnerable. La
discrecionalidad y la falta de institucionalidad propiciaron tanto la
corrupción de esta iniciativa como la creación de “liderazgos” militares en
comunidades que recibían ayudas directas. Esta política nunca pudo ser auditada
por los civiles. Esta militarización de los programas sociales se ratificó con
la creación del Fondo Único Social (FUS) en noviembre de 2001 que también se
colocó en manos militares, fundiendo en su seno otra cantidad de programas de
ayuda y asistencia.
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| Marcos Pérez Jiménez |
La nueva Constitución, aprobada
en diciembre de 1999, abrió paso al proceso de militarización de la sociedad.
Es necesario destacar cuatro aspectos clave de la Carta Magna en ese sentido.
Primero, el reconocimiento del derecho del voto para los militares. Segundo, la
restauración del fuero militar y el reconocimiento constitucional de un sistema
de seguridad social propio. Tercero, la eliminación del carácter “apolítico” de
la institución militar, lo que abrió las puertas a una nueva politización de
las Fuerzas Armadas. Cuarto, como parte del proceso de desinstitucionalización
que acompañó la militarización, los ascensos militares de los altos oficiales,
que en la Constitución de 1961 se encontraban en manos del Senado, pasan a las
manos del Presidente de la República.
En este marco, desde 1999 cada
desfile militar se convirtió en ocasión para expresarle al país la destrucción
institucional de las fuerzas militares, su sujeción a un liderazgo carismático
y su conversión, progresiva pero sostenida, hacia una guardia pretoriana del
Presidente, en una primera etapa, y luego a una estructura política de poder
dentro de la Revolución, con objetivos de control político y represión, a la
orden de una pequeña facción gubernamental.
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| Ceresole |
Norberto Ceresole, asesor
argentino del Presidente Chávez, señalaba como clave en el régimen político que
se estaba construyendo la relación Líder-Ejército-Pueblo, que implicaba la
disolución progresiva de las organizaciones intermedias, para someter a la
sociedad a una sola estructura de mando vertical. Esta concepción impregnó en
la práctica al régimen venezolano.
El tutelaje militar y la creación de las redes de dependencia
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| Militarismo del siglo XXI: el nuevo caudillo |
A lo largo de estos quince años
se ha creado un entramado jurídico que amplía las facultades y atribuciones de
los militares en actividades que tradicionalmente han estado vinculadas a los
civiles, pero en términos que nos hablan de la creación política de nuevas
relaciones de tutelaje militar, de dependencia y de restricción de libertades
fundamentales.
En diciembre de 2000 se aprueba
la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, permitiendo la creación de Zonas de
Seguridad, con las cuales se militariza cerca de una tercera parte del
territorio nacional, impidiendo la realización de manifestaciones públicas ni
“perturbaciones del orden”.
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| Unas camisas pardas identifican al nuevo cuerpo |
Luego de la crisis de 2002, el
gobierno apela recurrentemente al discurso de la unidad cívico militar. Emerge
una nueva Doctrina Militar Bolivariana en 2004 que pretende reforzar dicha
unidad, ratificando una relación de tutelaje. En mayo de 2004 Chávez anuncia un
nuevo plan de defensa del país basado en la creación de unas milicias populares
bajo el mando de la Fuerza Armada. En diciembre anuncia la puesta en práctica
de nuevos manuales revolucionarios para la FAN.
En 2005 el Estado compra por 54
millones de dólares 100 mil fusiles AK-103 al Estado ruso. El Convenio
implicaba transferencia tecnológica para construir en Venezuela, 25 mil
Kalashnikov y 60 millones de cartuchos al año. A comienzos de abril de 2010 Vladimir
Putin señala que las compras de armas del Estado venezolano ya superaban los
cinco mil millones de dólares.
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| Desde el gobierno se promueven valores militares |
El
10 de enero de 2007 Chávez usa el slogan “Patria, Socialismo o muerte”,
apelando nuevamente a la imagen bélica castrense para definir una línea general
de política. Ese mismo año le planteó al país un Proyecto de Reforma
Constitucional con claras propuestas militaristas, donde se planteaba la
modificación de los artículos 328 y 329 de la Constitución para incorporar al
Ejército a las labores de seguridad ciudadana y de orden interno. Se
identificaba a la FAN con una “doctrina militar bolivariana” y se designaba a
la Reserva como “milicia nacional bolivariana”. Esa misma planteaba la
politización de la FAN al definirla como “cuerpo esencialmente patriótico,
popular y antiimperialista”. En su artículo 11 le entregaba al Presidente de la
República el poder de “decretar Regiones Estratégicas de Defensa (...) en
cualquier parte del territorio”. La propuesta fue derrotada en referéndum pero
la política de militarización y el proyecto totalitario siguieron avanzando.
En 2008, Carlos Freites Reyes,
Comandante de la Milicia Nacional, aseguró que los miembros de los Consejos
Comunales pertenecerían a estas unidades militarizadas, proyectándose el
adiestramiento de cincuenta mil consejos comunales en una década.
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| La imagen militarista |
En 2009 se aprueba una Reforma
de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, creando “Cuerpos
de combatientes” en las empresas públicas y privadas, para “asegurar la
integridad y operatividad de las instituciones”. Se incorpora en el artículo 5
de la reforma a la Milicia como componente de la FANB.
En mayo el diputado Ulises
Daal, miembro de la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional y
redactor de la Ley de Propiedad Social, propuso la obligatoriedad de recibir
instrucción militar para quienes sean parte de las estructuras productivas de
Propiedad social. El 27 de septiembre de 2009 el Presidente Chávez ordena la
creación de milicias campesinas.
En 2010, Jacqueline Faría, jefa
de Gobierno del Distrito Capital, promueve la formación de “guerrillas
comunicacionales”, unidades de 25 jóvenes estudiantes, con indumentarias y
códigos militares-guerrilleros para fortalecer una “hegemonía comunicacional”
del Estado. El 11 de abril de 2010 se
juramentaron en Caracas 35 mil milicianos para la “defensa de la soberanía”, se
proyectaba la formación de doscientos mil para finales de ese año.
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| El Alto Mando militar despide a Chávez |
Casi un año después, el 24 de
marzo de 2011 se aprueba el “Plan Integral de Educación Militar” que establece
como “eje integrador del Sistema Educativo Nacional” la denominada “Educación
para la Defensa Integral”.
El 25 de octubre indígenas del
Estado Bolívar retienen a 19 militares que estaban realizando actividades de
minería ilegal. Seis líderes indígenas, incluyendo a Alexis Romero, empiezan a
ser juzgados por tribunales militares.
El 21 de noviembre Chávez
propone la creación de “milicias estudiantiles”, solicitando incorporar entre
los objetivos del “Polo Patriótico Estudiantil”, temas como los de la defensa
territorial, incorporando a estudiantes a las “milicias territoriales”.
Según el Instituto de
Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI), durante 2011 Venezuela llegó
a ser el país latinoamericano que más gastó en armamentos, con 560 millones de
dólares.
Maduro: militarismo reforzado
Bajo el gobierno de Nicolás
Maduro se hace costumbre tanto la denominación del Alto Mando Político de la
Revolución como la calificación del proceso como de cívico-militar. Esto se
confirma en la asignación del presupuesto. En 2013 el Ministerio de la Defensa
se mantiene como la cuarta institución que más recibe dinero en el país. El
incremento presente en el Presupuesto supera en conjunto los ministerios de
alimentación, agricultura, vivienda, deporte, cultura, juventud, mujer, pueblos
indígenas y Defensoría del Pueblo.
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| Con Maduro se fortalece aún más el militarismo |
En mayo de 2013 Nicolás Maduro
lanza el Plan “Patria Segura”, militarizando las labores de seguridad
ciudadana. Ese mismo mes, durante un acto, Maduro ordena crear las milicias
obreras, “uno o dos millones de obreros uniformados, armados, preparados para
la defensa de la Patria”.
En una investigación de Eduardo
Guzmán Pérez y Francine Jácome revelaron en diciembre de 2013 que alrededor de
1.614 militares de distintos rangos, entre activos y retirados, habían
desempeñado o ejercían cargos en la Administración Pública. El 28 de diciembre
de 2013 sale al aire la “Televisora de las Fuerzas Armadas”, incluida en la
programación por cable.
En junio de 2014 circula la
Gaceta Oficial 40.440 con la “Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa
Integral de la Nación”, estableciendo la obligatoriedad de la inscripción en un
registro militar.
El 5 de julio de 2014 el
discurso de Vladimir Padrino López, Comandante Estratégico Operacional de la
FANB, es saludado por altos dirigentes del oficialismo, como la ratificación de
una nueva doctrina militar bolivariana para Venezuela, ratificando elementos
autoritarios de tutelaje sobre la sociedad, ocultos bajo la confusa
terminología del pueblo-soldado y de la noción de la guerra de “todo el
pueblo”, asimismo apeló a conceptos de guerra interna contra la disidencia
política.
En el mismo mes de julio de
2014 el Comité de Derechos Humanos de La Guajira se pronunció contra la
militarización de los territorios indígenas del Zulia bajo la excusa de la
“lucha contra el contrabando”.
En febrero de 2015 se promulga
la Resolución 8.610 del Ministerio de Defensa, reglamentando la represión
militar contra las manifestaciones públicas, permitiendo el uso de la fuerza
letal. El proceso de securitización avanza a pasos agigantados con este
documento, que ratifica a la Fuerza Armada como responsable del mantenimiento
del orden público. En el mismo mes de febrero se publica un Reglamento de
Contrainteligencia que permite la búsqueda de enemigos internos entre los
ciudadanos, en el marco de una nueva política militar.
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| Una Asamblea Nacional verde olivo |
Un gobierno que pierde
rápidamente su popularidad, sin contar con un mínimo de solidez institucional,
con una escasa gobernabilidad, está tentado de colocarse bajo la tutela de la
Fuerza Armada. Esta debilidad de Nicolás Maduro ha contribuido al
fortalecimiento del militarismo bajo su gobierno.
Hoy en día tenemos un
Presidente de la Asamblea Nacional que es militar, y que trata al Parlamento
como si fuera un cuartel. Dentro del Poder Legislativo tenemos muchos
representantes que son militares. Tenemos más de una docena de gobernadores de
origen militar, desde Zulia hasta Nueva Esparta y Bolívar, pasando por Táchira,
Vargas, Guárico, Carabobo, etc., así como otros tantos alcaldes, confirmando la
militarización del poder.
Los militares tienen el control
de las aduanas, como parte de la supuesta lucha contra la “guerra económica”
han incrementado su presencia y poder en la distribución de alimentos en todo
el territorio nacional. Si a eso sumamos la impunidad con la que actúan el
escenario está montado para la expansión de la corrupción y la arbitrariedad.
Esto nos lleva al viejo adagio latino de Juvenal: ¿Quién vigila a los vigilantes?
(Quis custodiet ipsos custodes).
El proyecto democrático: Venezuela, una República
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| El aparato represivo en el poder |
Desde 1983, pasando por 1992 y
1998, por la crisis de 2002 y la radicalización del período 2005-2010, el
proyecto militarista, vinculado a los “Comandantes del 4 de febrero”, fue
avanzando en su implantación de un sistema de tutelaje militar sobre la
sociedad, debilitando a todas las fuerzas que podían limitar la concentración
de poder.
A lo largo del siglo XX la
lucha entre el proyecto nacional democrático y el militarismo recorre no solo
la historia venezolana sino toda la historia de América Latina. La decadencia
de los partidos políticos, el debilitamiento institucional del Estado
venezolano, es el trágico correlato de la entronización del proyecto militarista
a principios del siglo XXI. Devolver a los militares a los cuarteles, caminar
de nuevo hacia la civilización del poder, será uno de los retos fundamentales
de la transición a la democracia en Venezuela.
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