La huída hacia adelante del gobierno, luego de su derrota electoral el 26 de septiembre, lo conduce rápidamente a un escenario de aislamiento respecto al ciudadano común. La política de confiscaciones de la propiedad es uno de los rasgos del proceso de radicalización de la “revolución”, cuyo objetivo no se vincula con ningún interés “nacional” sino con un intento desesperado de control sobre la sociedad venezolana, destruyendo cualquier posibilidad de vida autónoma.
El gobierno ha usado el término “expropiación” para definir su ataque frontal contra la propiedad privada en sus diversos órdenes. Las expropiaciones son práctica común en las políticas modernizadoras del Estado, para el desarrollo de infraestructura, inversión en servicios, por razones de justicia social y de interés público; los procesos de expropiación han sido parte esencial en la construcción de represas hidroeléctricas, de vías de comunicación como autopistas o vías férreas, en los procesos de Reforma Agraria, incluso en algunas ocasiones en la creación de zonas industriales, en las que el bienestar público generado con la expropiación es superior al costo de la misma.
Pero una expropiación es un procedimiento legal con pasos que se deben cumplir, implica el reconocimiento efectivo de los derechos de propiedad del otro, la existencia de una sentencia firme, la demostración real de utilidad pública, el establecimiento de una indemnización justa, cuyo oportuno pago es lo único que hace posible que el Estado tome control efectivo de la propiedad. El Estado no debe tener potestad de ocupar una propiedad que no ha pagado. Nada de esto ha sido cumplido por el gobierno venezolano.
En sus “expropiaciones” el gobierno no ha demostrado la “utilidad pública”, no ha habido juicio ni “sentencia firme”, ni tampoco justa y oportuna indemnización, criterios todos que diferencian una expropiación de una simple confiscación. Entonces, este procedimiento confiscatorio constituye, simple y llanamente, un robo realizado por la nomenklatura gubernamental en nombre del Estado, apelando a una supuesta “utilidad social” para intentar cubrir la violación brutal a la propiedad privada.
Esta política de destrucción se despliega tanto en el campo como en la ciudad. Escudándose en la supuesta lucha contra el latifundio, cuya definición gubernamental es particularmente laxa, han venido expropiando a cientos de productores agrarios y agroindustriales, tomando control de las unidades de producción, de la mano de obra y de las redes de distribución, procediendo generalmente a su destrucción. Desde 2001 el Estado ha tomado el control de 900 fincas, más de tres millones de hectáreas, pero solo ha cancelado 5% de su valor a los antiguos propietarios.
Se extiende esta política de destrucción a diversas empresas, manufactureras, distribuidoras y comercializadoras en medio de las ciudades. En general, entre expropiaciones e intervenciones podemos contar 1.237 violaciones a la propiedad entre 2005 y agosto de 2010. Entre 2005 y 2009 el gobierno ejecutó 762 expropiaciones, habiendo expropiando solo durante 2009 a 374 empresas. Con estos procesos el Estado ha acumulado alrededor de 30 mil millones de dólares en deuda pública.
La intención gubernamental apunta a un escenario particularmente grave para la preservación de una sociedad abierta. Las denominadas expropiaciones forman parte de una política más amplia de control sociopolítico, que pasa por la destrucción de cualquier sector autónomo de generación de empleo, de las redes privadas de distribución de alimentos y comercialización de productos que el gobierno considere “básicos” o estratégicos.
No pretende el gobierno liberar a los ciudadanos, sino concentrar en manos de la nomenklatura gubernamental el control sobre una sociedad que concibe inerme. Esto se inicia con el control político ejercido sobre los mismos trabajadores de las empresas “expropiadas”, quienes son inmediatamente sometidos al tratamiento faccioso y excluyente que pretende convertirlos en siervos sumisos de un Estado todopoderoso, compelidos a incorporarse en las organizaciones políticas oficialistas, so pena de sufrir vejámenes laborales, en caso de negarse, o de ser excluidos de cualquier tipo de privilegio laboral.
¿Cuál es el efecto final de estas políticas? Primero, la destrucción de las bases socioeconómicas sobre las cuales se puede sostener una sociedad abierta, la autonomía de los ciudadanos que se vincula con el acceso efectivo a opciones distintas, de empleo, de vida, a las libertades reales. Segundo, la inseguridad jurídica hace desaparecer la inversión privada, nacional o extranjera, contribuyendo a desaparición del empleo autónomo formal. Tercero, la destrucción de la actividad privada viene acompañada por una desinstitucionalización de la actividad estatal, que es cada vez más facciosa e ineficiente, lo que puede llevar rápidamente a escenarios de corrupción y desabastecimiento, en un círculo vicioso que colocaría a la sociedad en manos de una nomenklatura progresivamente más corrupta, arbitraria e ineficiente.
¿Cuál ha de ser una política progresista respecto a los procesos de expropiación? El resultado de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre trajo consigo importantes cambios en el escenario. Los diputados de la alternativa democrática ejercerán su función de contraloría social sobre la gestión del Estado, abriendo a los ojos de la sociedad el manejo de las empresas estatales, supervisando el respeto que el Estado debe asegurar a los derechos de propiedad de los ciudadanos, obligando al Estado a que honre sus compromisos y deudas o devuelva las propiedades a sus legítimos dueños.Debe asegurarse una reglamentación legal más clara de los procesos de expropiación, que defina estrictamente lo que se considere utilidad pública o social, que obligue al Estado a honrar los compromisos con los particulares antes de tomar el control de sus propiedades, que garantice el derecho a la defensa por parte de los propietarios. De igual manera debe asegurarse que la gestión de los bienes expropiados legalmente, bajo los procedimientos de justicia y de derecho, sean gestionados en pro del bienestar público y social, y no a favor del control político de las elites gubernamentales y de su particular nomenklatura.
La existencia de reglas claras comunes para todos, de instituciones, de seguridad jurídica, que protejan efectivamente los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo la propiedad privada, es el marco que puede generar garantías para el desarrollo de cualquier política progresista de liberación social.
Toda política progresista debe promover, finalmente, la verdadera liberación de las capacidades de los ciudadanos, no su control y sometimiento. Una política económica progresista debe llevar a la liberación de las fuerzas productivas con justicia y desarrollo social, no a un proceso de empobrecimiento generalizado.
El respeto pleno a los derechos de los trabajadores, a su seguridad social, su derecho al trabajo, a construir libremente su proyecto de vida, a gozar de la protección social para desarrollarse plenamente, pasa por la preservación de su autonomía efectiva y real, su no-sometimiento a ningún poder arbitrario y opresor, que le impida escoger al trabajador, al ciudadano, a cada miembro de la familia venezolana, su camino vital. Ese es el camino que recorreremos en el futuro, en la construcción común de una democracia social en Venezuela.
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