En Venezuela hemos estado viviendo desde hace más de una década un proceso de destrucción institucional de las bases que sostienen cualquier sociedad abierta y cualquier Estado Liberal Democrático. Sobre las ruinas dejadas por esta destrucción se ha venido estableciendo una débil institucionalidad, creada para garantizar la permanencia de una nueva hegemonía política, que trae consigo un proyecto de corte totalitario, que implica la destrucción de cualquier forma de autonomía política, económica o social.
La trampa comunal, que se expresa en los postergados proyectos de Ley de Comunas y de la Ley de Economía Comunal, amparada en el Proyecto Nacional Simón Bolívar (PNSB), constituye paso fundamental en la creación de esta nueva institucionalidad de control y centralización de la sociedad. Más allá de que la Asamblea Nacional, ante la resistencia de la opinión pública y de las propias bases del chavismo, haya postergado la discusión de estas leyes, su presentación ya denota su talante.
Esta trampa comunal contribuye a la demolición de instituciones venezolanas, tales como el Municipio, que aún sobreviven como espacios para el ejercicio plural de las libertades democráticas, de la autonomía individual y social frente al poder gubernamental, y que, por ende, han constituido espacios de resistencia al proyecto hegemónico.
Cuando señalamos que la aparición de las comunas constituye un paso fundamental, partimos de la convicción de que esta destrucción institucional puede rastrearse a lo largo de la década, desde el ataque contra las instituciones representativas hasta la destrucción de la descentralización.
La confrontación contra el principio de representación en la democracia
El primer paso fue confrontar la democracia representativa contra la democracia participativa en el marco de los debates de la Asamblea Constituyente de 1999. No estoy hablando de lo que se expresa exactamente en la nueva Constitución, sino en el espíritu de los debates políticos, promovidos desde las fuerzas gubernamentales durante las deliberaciones, donde se presentaba a la democracia participativa en confrontación directa contra el mismo principio de representación política, como una contradicción estructural.
Ensalzar las distintas formas de democracia directa contra la existencia de instancias de representación no constituye un aspecto novedoso en la filosofía política. Es un viejo debate entre filósofos y teóricos políticos, alguno de los cuales incluso puede llegar a negar la legitimidad de cualquier forma de representación. Muchos de los que defienden un acercamiento radical a la democracia, reivindicando la “democracia de los antiguos” en la contemporaneidad, sostienen que la participación constituye una superación democrática del principio de representación, criticando incluso una institución fundamental como lo es el voto. Pero lo que podría ser una deliberación teórica, en el nuevo discurso del poder tomó la forma de contradicción fundamental: la democracia participativa y protagónica “acabaría” con la democracia representativa.
En el marco de la deliberación en la Constituyente de 1999, y en la retórica oficialista de allí en adelante, la creación ad hoc de mecanismos ambiguos de participación popular, de “democracia directa”, ha sido usada recurrentemente como arma arrojadiza contra las instancias de representación para negar su legitimidad. Un ejemplo claro se encontraba en el rechazado Proyecto de Reforma Constitucional de 2007, donde el denominado Poder Popular era proyectado, en esa ambigüedad, como un poder “no electo”. La nueva Ley de Comunas llegó a la médula de la cuestión local al proponer la creación de un poderoso Parlamento Comunal conformado por las mismas organizaciones comunales, no electas.
La confrontación contra la autonomía de los poderes y la descentralización
El discurso contra la “democracia burguesa” y sus instituciones tiene en la autonomía y equilibrio de poderes, así como en la descentralización institucionalizada, uno de sus enemigos principales.
La noción de la división y equilibrio de los poderes es una construcción histórica desarrollada para proteger los derechos individuales del abuso de un poder ilimitado. Partiendo de la certeza histórica de que el poder tiende, por su propia naturaleza, a expandirse, y que un poder solo puede ser efectivamente limitado por otro poder, el Estado Liberal construyó la idea de un equilibrio de poderes. El pensamiento republicano y liberal contemporáneo no concibe una democracia sin división real y efectiva de poderes.
La idea de que el poder es “solo uno”, que la “voluntad general” constituye un todo homogéneo y absoluto, es una de las bases fundamentales sobre las que se construye el totalitarismo, como mentalidad y como práctica de poder. Esta absolutización de una sola voluntad, sea esta la de un hombre, un partido, una clase social, una facción, es la negación del pluralismo político y social.
Los ataques dirigidos contra la división, autonomía y equilibrio de poderes, así como aquellos dirigidos contra la descentralización parten de la misma concepción totalitaria de la sociedad.
La descentralización constituye otra barrera popular para el control único de la sociedad, al funcionar a través de órganos de intermediación política, en el ramo ejecutivo las Alcaldías y Gobernaciones, en el ámbito de los cuerpos colegiados las juntas parroquiales, los concejos municipales y las asambleas legislativas, que obstaculizan, legal y legítimamente, los ímpetus arbitrarios de control del poder central. Cada uno de estos órganos tiene consigo la legitimidad política proveniente de la voluntad plural de los ciudadanos expresada en las elecciones regionales.
Tanto a las Gobernaciones como a las Alcaldías se le han colocado un conjunto de alcabalas administrativas para acceder a sus recursos, muchas de sus responsabilidades han sido reabsorbidas por el poder central, en un ejercicio evidente de retaliación política centralizadora contra los ciudadanos que osan votar contra los candidatos apoyado por el Gobierno nacional. La legitimidad popular de gobernadores y alcaldes de oposición no es admitida plenamente por el Gobierno central.
El desvalijamiento de la Alcaldía Metropolitana tras la victoria electoral de Antonio Ledezma, así como la creación de la Autoridad Única de Caracas, no electa democráticamente, expresan el talante del Gobierno nacional, quien desprecia la voluntad popular cuando ésta no se corresponde con sus caprichos.
La creación de la figura de los Consejos Comunales, concebidos para ser manejados de manera centralizada desde Miraflores, tuvo como uno de sus objetivos implícitos minar, desde lo local, las bases que sostienen el poder municipal, desde las Juntas Parroquiales, los Concejos Municipales hasta las mismas Alcaldías. Pero muchas municipalidades integraron y articularon inteligentemente sus estructuras con estas nuevas instancias de participación local, neutralizando en parte su talante centralizador.
La Comuna: la última trampa
La propuesta de creación de la Comuna constituye la trampa más reciente en este proceso. En el proyecto de reforma constitucional, rechazado popularmente en 2007, aparecía la idea de las comunas como “células geo–humanas del territorio” a partir de las cuales el “Poder popular” desarrollaría formas de “agregación comunitaria”, con formas de “autogobierno” y expresiones de “democracia directa”.
En el postergado Proyecto de Ley de Comunas se señalaba que uno de los objetivos era crear “un espacio geográfico socialista” conformado por las comunidades organizadas. Esto se corresponde con lo que se señala en el Libro Rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) donde se muestra con claridad la dirección a la que apunta el gobierno central, al considerar que la Comuna se ha de convertir en “célula fundamental de la nueva sociedad y del nuevo Estado Socialista”.
En el articulado del postergado Proyecto de Ley de Comunas se creaban un conjunto de instancias que pasaban a vaciar de contenido efectivo, y de recursos, a las instituciones municipales. Esto constituía un ataque directo contra el Municipio, célula histórica clave del poder local en Venezuela.
Este proyecto de Ley está plagado de detalles perniciosos y ambiguos que apuntan en la dirección de crear estructuras paralelas a las municipales, que podrían ser fácilmente centralizadas y controladas desde la Presidencia.
Algunos detalles de la débil institucionalidad de la Comuna podrían llevarnos a la reflexión. La institución central máxima de “autogobierno” de la Comuna es el denominado Parlamento Comunal, constituido por la reunión de los Consejos Comunales, sin representantes electos. Este Parlamento acumularía un conjunto ingente de funciones, llegando a aprobar normativas para la “regulación de la vida social y comunitaria, garantizar el orden público, la convivencia y la primacía del interés colectivo sobre el interés particular, así como en mandatos sobre los aspectos de planificación, coordinación y ejecución de los actos del gobierno comunal”.
De esta manera el Parlamento Comunal, no electo, se convertiría en el órgano máximo del gobierno local a través de la realización de múltiples asambleas de ciudadanos de las Comunas. En dichas sesiones también se violaría el principio de “un hombre, un voto”, ya que los votos serían contados por cada asamblea y no por el número de individuos. Del Parlamento Comunal se desprendía un “Consejo de Cumplimiento” de carácter ejecutivo, que estaría conformado por 5 voceros electos por votación universal, directa y secreta, y 1 vocero electo por cada Consejo Comunal.
La creación de un Banco Comunal, de una Justicia Comunal distinta de la de los Jueces de Paz, la obligación de las autoridades municipales de dotar de recursos a las Comunas, las atribuciones en materia de planificación comunal, irían vaciando progresivamente las instituciones municipales de representación democrática.
Hay elementos clave que rematan el proyecto, y terminan de darle sentido en medio de este proceso de centralización y control, el registro de las Comunas se realizaría a través de un Ministerio, que aparte tendría la facultad de financiar los proyectos comunitarios.
La Economía Comunal: control y empobrecimiento
La trampa comunal no se limita a la creación de nuevos espacios, controlados y difuminados, para una acción social y política local sin autonomía. Se extiende hacia el terreno económico a través del proyecto de Ley de Economía Comunal.
Eliminar la apropiación privada del “excedente”, de la ganancia, de la propiedad privada de los medios de producción y de comercialización, incluso de la posibilidad de que los privados contraten “mano de obra” son elementos recurrentes en la retórica económica de los que apoyan al “proceso”. Estos elementos tienen su expresión colateral tanto en el Libro rojo del PSUV como en el mismo Proyecto Nacional Simón Bolívar, de donde se desprende la concepción subyacente en el proyecto de Ley de Economía Comunal.
Dentro del Proyecto Nacional Simón Bolívar, primer plan socialista, que define los objetivos del Gobierno en materia de planificación entre el 2007 y el 2013, se plantea la creación de un “nuevo modelo productivo socialista” con “nuevas formas de generación, apropiación y distribución de los excedentes económicos y una nueva forma de distribución de la renta petrolera”. Más allá de algunas excentricidades como la imposible “eliminación” de la misma división social del trabajo el nuevo modelo se debería sostener sobre las Empresas de Producción Social (EPS).
Las famosas EPS sustituirían por completo a las empresas privadas en el “nuevo modelo productivo socialista”, donde los trabajadores se apropiarían del “excedente generado”, de manera “democrática y participativa”. A pesar de que en el Proyecto Nacional Simón Bolívar estas deberían competir con las empresas privadas, el horizonte futuro implica la desaparición de la empresa capitalista. En el Libro Rojo del PSUV se presenta la instalación de este nuevo modelo productivo socialista, endógeno, como la “reducción progresiva y creciente hasta su eliminación definitiva de la explotación del trabajo ajeno” y de la apropiación privada del excedente.
En este marco se comprende la aparición de una legislación socialista para la economía comunal, donde se pretende sustituir la empresa privada por formas económicas comunitarias, muchas de ellas tan primitivas como el trueque. El “retorno” a formas primitivas de socialismo comunitario es una negación a los avances tecnológicos que en materia productiva ha generado la moderna sociedad industrializada, para producir más y mejor.
Nuevamente, lo que pretende mostrarse como el camino para la construcción de una economía comunitaria basada en la autogestión local, muestra su evidente vocación centralizadora; en el proyecto de Ley de Economía Comunal, es también un Ministerio el órgano rector de las políticas públicas, definidas finalmente por los lineamientos de la planificación centralizada.
La humanidad fue testigo en el siglo XX de diversos intentos de destrucción sistemática de la economía capitalista, que pretendían eliminar la apropiación privada del excedente y/o la propiedad privada de los medios de producción, y terminaban generalmente en un empobrecimiento general de la sociedad, en hambrunas masivas en muchos casos y en la creación de esquemas terribles de opresión centralizada en todas las ocasiones. Lo que ha sido un modelo económico productivamente fracasado y empobrecedor, ha sido también un mecanismo terriblemente eficiente para destruir la autonomía individual y la capacidad de transformación de la sociedad.
Conclusión: control, atraso y empobrecimiento
Más allá de que la discusión de ambos proyectos de Ley ha sido postergada por la Asamblea Nacional, su revisión denota el horizonte futuro al que pretende llevarnos el gobierno en su proyecto.
A pesar de que la sociedad rechazó el proyecto de Reforma constitucional en 2007 el oficialismo ha pretendido desarrollarlo en la legislación posterior. El Proyecto Nacional Simón Bolívar es también expresión clara de esa búsqueda de control total y permanente. Estos proyectos de ley se acoplan con la reforma rechazada y con el PNSB, tanto en lo que se refiere al modelo sociopolítico como en lo que se vincula con el modelo económico socialista.
Ambos proyectos apuntan en un único y común sentido, la búsqueda de un control centralizado y permanente de la sociedad, haciendo imposible su desarrollo autónomo. La destrucción de las instituciones municipales y de la capacidad productiva de la sociedad es un mecanismo eficiente para la creación de una hegemonía totalitaria.
Es aquí donde el discurso del “socialismo del siglo XXI” se presenta como una propuesta radicalmente conservadora y reaccionaria, al tratar de impedir el cambio social destruyendo la autonomía individual y los incentivos económicos, desestimulando la innovación y creando una estructura de planificación centralizada opresiva. Todo este esquema impide el progreso social y económico.
Solo cambiando la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional es posible detener este proceso de destrucción, la instalación de esta hegemonía totalitaria sería la derrota para la sociedad venezolana. Ese es el gran reto de la sociedad democrática venezolana, detener la reacción autoritaria disfrazada de “revolución socialista”, y retomar la senda de la liberación y el progreso social.
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