La agenda de la “reforma constitucional” es del poder, no le pertenece al pueblo. El gobierno pretende imponerla por encima de las necesidades reales de un pueblo que no sale de su empobrecimiento, ahora convertido en mayor dependencia frente al poder, un pueblo que se encuentra sometido al miedo cotidiano a la delincuencia y que exige de las autoridades respuestas concretas a problemas reales, respuestas que ninguna autoridad está en capacidad efectiva de dar porque una sola voluntad priva, la de un Jefe Supremo obsesionado con su propia perpetuación.
Asume el gobierno como excusa el “perfeccionamiento” de un marco legal presentado, hasta hace poco, como la cúspide del constitucionalismo, pretendiendo pasar de contrabando la reelección indefinida. Ese intento de institucionalizar la reelección permanente va contra la tradición republicana latinoamericana. El continuismo ha sido prólogo de conflictos a lo largo de nuestra historia, recordemos que la misma Revolución Mexicana estalló bajo la bandera de “sufragio efectivo, no reelección” y, en el caso venezolano, el intento de reelección inmediata de José Tadeo Monagas llevó a la Revolución de Marzo y, al poco tiempo, desembocó en la Guerra Federal.
Pero no sólo eso, no es necesario leer con detalle una propuesta de reforma que insistieron en mantener sospechosamente oculta hasta el día de ayer. Las últimas iniciativas, la continuidad en los símbolos y en el discurso oficial, han sido evidentes: centralización y control. La meta es aumentar el control sobre una sociedad cada vez más dependiente de un único poder. Codicia desmedida, el poder reproduciéndose a sí mismo, una única subjetividad convertida en voz efectiva, la entronización del pensamiento único.
El proyecto del poder
Ahora, nos toca acometer la propuesta presidencial, separar “el trigo de la paja”, aunque todo el proyecto es bastante evidente esto es una primera aproximación. Lo primero que hay que señalar es que la retórica general de la reforma lleva a la conversión de la Constitución en un documento “partidista”, en el programa de una facción. El Presidente parece creer que el “proyecto socialista” es el “proyecto nacional”, por lo que no tiene esta Reforma la más mínima posibilidad de convertir a la Constitución en un espacio de encuentro simbólico de la diversidad venezolana.
La instauración de la reelección continua, con períodos consecutivos de siete años, es el plato más conocido de la reforma, a pesar de que pretendió despacharse con facilidad procedimental, pero es un plato fuerte que se sirve de pesado abrebocas en esta intragable reforma, llena de detalles absolutamente venenosos para la convivencia cívica de los venezolanos.
Salta a la vista el fin de la descentralización, con el vaciamiento de las potestades, autonomías, atribuciones, de Alcaldías, Gobernaciones, Asambleas Legislativas, Concejos Municipales, Juntas Parroquiales, todos estos órganos de representación electos popularmente, y órganos de intermediación del poder, para ser relevados progresivamente por un supuesto “Poder popular” no electo.
Toda la compleja retórica institucional alrededor de la desestructuración de la base territorial históricamente construida en Venezuela (comunas, ciudades, distritos, territorios) tiene como objetivo acabar con cualquier atisbo de autonomía local o regional, pasada, presente o futura y concentrar todo el poder en manos del Presidente. Por algo el Presidente tiene una capacidad de “generar” y de “gestionar” territorios, dependencias, etc., prácticamente sin control. Para solo mencionar un dato, la atribución de crear “Regiones Especiales Militares” (Artículo 11) no tiene un solo límite, parámetro o criterio, solo “porque me da la gana” o, como dicen ahora, “porque puedo”.
El mito del Poder Popular es clave en toda esta manipulación. En principio, todo “Poder Público” en una República es un poder “popular” ya que emana finalmente del ejercicio de la voluntad del pueblo, entendido como la totalidad de la Nación, como el depositario, total y final, del poder. Hablar de un “Poder Popular” en una República es, por decir lo menos, redundante. Pero es que detrás de esto hay un discurso explícito y una intención oculta, que revela finalmente un chantaje a la ciudadanía.
El discurso explícito es aquel de la “Democracia Directa”, entendida, siguiendo una interpretación de Rousseau, como el ejercicio cotidiano del poder por parte del soberano, bajo la forma de Asambleas continuas, vocerías, referéndum, plebiscitos. De allí la vocación por eliminar todo órgano de intermediación del poder, al ser considerado, finalmente, como un secuestrador de la soberanía. La lucha contra la “representación”, contra la “democracia representativa” se enlaza con la lucha en contra de las instituciones municipales o regionales, la eliminación del poder de Alcaldes, Gobernadores, arrastrando con ello a instituciones representativas como Juntas Parroquiales y Concejos Municipales. Esta eliminación será presentada como “devolver el poder al pueblo” (quitándoselo a los representantes de ese pueblo).
El gobierno local por parte de Asambleas no electas, con apenas vocerías temporales, sin instituciones permanentes de representación e intermediación, llevará finalmente a un caos general. Ninguna sociedad moderna, compleja, con ciudadanos que tienen que trabajar para comer cada día, que tienen familia, vida privada, vocaciones distintas a la de la política, puede ser gobernada en un régimen de democracia directa sin mecanismos de representación.
En el supuesto, negado, de que esta reforma sea aprobada, se iniciará el proceso de secuestro final, asambleas construidas artificialmente para imponer una determinada línea por parte de una facción, movilizada permanentemente, arrastrando cualquier manto institucional. “¡Todo el poder para las comunas!” ya escucharemos decir, y la ciudadanía, tan “pueblo” como cualquiera, será arrastrada en medio de un tumulto.
¿Qué vendría luego? El objetivo final, la intención oculta, el llamamiento “al orden”, y la centralización aclamada. Se crearán (se han ido creando ya) relaciones de dependencia entre las “comunas”, sus proyectos, sus consejos comunales, con el gran poder. Los poderes comunales, siempre inestables, sólo servirán para destruir a las Alcaldías y a las gobernaciones, luego, el gran poder central decidirá, y las “comunas” aplaudirán a rabiar, aclamando la intervención. Disgregar y atomizar abajo, para concentrar y controlar desde arriba, he aquí la meta.
El problema de la propiedad es también sumamente grave, el reino de la arbitrariedad del poder se expresa de manera muy evidente es la coletilla del proyecto para modificar el artículo 115, puede el Estado ocupar una propiedad que considere, mientras se resuelve judicialmente lo de la indemnización y lo de la expropiación.
Pero hay cosas más graves, colocar los “derechos” e “intereses” colectivos sobre los individuales es otra gran farsa. La expresión concreta, real, del ejercicio de los derechos es siempre individual. Justificar el atropello y la arbitrariedad contra el individuo en nombre de “derechos colectivos” no claramente definidos conduce a los peores autoritarismos. La defensa de los derechos colectivos, en los cuales creemos como socialdemócratas, es reivindicación, extendida y profundizada, de los derechos individuales. Históricamente, los derechos de segunda y tercera generación no se usan para burlar y atropellar los de la primera generación, que son, finalmente, la médula individual de toda la estructura de Derechos Humanos.
Para caminar en la concentración total de todo “el poder”, sin intermediación, sin límites, sin instituciones, el régimen camina finalmente hacia el pretorianismo más primitivo. La consagración constitucional de la Fuerza Armada como fuerza pretoriana al servicio de un proyecto de poder personal ahora es explícita. El resurgir de las nociones de “enemigo interno y enemigo externo” nos lleva a los tiempos oscuros de las dictaduras militares sureñas.
El militarismo pretoriano de esta reforma se enfoca en usar a la Fuerza Armada como un instrumento partidista, faccioso, contra la disidencia, contra el pluralismo. Una mentalidad guerrerista instalada en el poder, que concibe su acción como una gesta militar contra una parte importante del pueblo.
La respuesta necesaria de la sociedad
En conclusión, con esta reforma no hay límites institucionales para el ejercicio del poder personal de Hugo Chávez en Venezuela, ni siquiera un límite dentro del denominado movimiento “chavista”. ¿Qué es lo que esconde esté afán? Todo esto lo que evidencia es un profundo temor, el pánico frente a la diversidad real, el miedo a afrontar que la sociedad exige cada vez más opciones reales de vida, más libertad, más autonomía.
Todo poder sin límites es la negación de la democracia moderna, por ende, esta es una amenaza para toda la sociedad, para todo el pueblo, para toda la Nación, en toda su pluralidad. La sociedad, el pueblo, ha de rechazar esta reforma constitucional con toda la energía posible. Esto no es un problema de gobierno y oposición, sino una amenaza que opone al proponente frente a una sociedad plural, incluso frente a la diversidad del mismo movimiento que acompaña a Chávez. Este necesario rechazo ha de ser la reivindicación de largas tradiciones venezolanas, de las libertades construidas históricamente en Venezuela, y de la posibilidad real de construir un futuro de convivencia plural.
Aquí debemos reposicionar el debate. Frente a la perpetuación del poder el pueblo reivindica su tradición libertaria. Frente a los privilegios y abusos del poder el pueblo reivindica la igualdad de oportunidades. Frente a la opresión y la dependencia el pueblo reivindica sus libertades. Frente a una mentalidad guerrerista el pueblo ha de reivindicar un siglo de paz y una vocación de convivencia y de administración pacífica de los conflictos. Frente al afán de control el pueblo reivindica su búsqueda de progreso y de opciones. Esta es la lucha democrática del pueblo venezolano… de todos.
Asume el gobierno como excusa el “perfeccionamiento” de un marco legal presentado, hasta hace poco, como la cúspide del constitucionalismo, pretendiendo pasar de contrabando la reelección indefinida. Ese intento de institucionalizar la reelección permanente va contra la tradición republicana latinoamericana. El continuismo ha sido prólogo de conflictos a lo largo de nuestra historia, recordemos que la misma Revolución Mexicana estalló bajo la bandera de “sufragio efectivo, no reelección” y, en el caso venezolano, el intento de reelección inmediata de José Tadeo Monagas llevó a la Revolución de Marzo y, al poco tiempo, desembocó en la Guerra Federal.
Pero no sólo eso, no es necesario leer con detalle una propuesta de reforma que insistieron en mantener sospechosamente oculta hasta el día de ayer. Las últimas iniciativas, la continuidad en los símbolos y en el discurso oficial, han sido evidentes: centralización y control. La meta es aumentar el control sobre una sociedad cada vez más dependiente de un único poder. Codicia desmedida, el poder reproduciéndose a sí mismo, una única subjetividad convertida en voz efectiva, la entronización del pensamiento único.
El proyecto del poder
Ahora, nos toca acometer la propuesta presidencial, separar “el trigo de la paja”, aunque todo el proyecto es bastante evidente esto es una primera aproximación. Lo primero que hay que señalar es que la retórica general de la reforma lleva a la conversión de la Constitución en un documento “partidista”, en el programa de una facción. El Presidente parece creer que el “proyecto socialista” es el “proyecto nacional”, por lo que no tiene esta Reforma la más mínima posibilidad de convertir a la Constitución en un espacio de encuentro simbólico de la diversidad venezolana.
La instauración de la reelección continua, con períodos consecutivos de siete años, es el plato más conocido de la reforma, a pesar de que pretendió despacharse con facilidad procedimental, pero es un plato fuerte que se sirve de pesado abrebocas en esta intragable reforma, llena de detalles absolutamente venenosos para la convivencia cívica de los venezolanos.
Salta a la vista el fin de la descentralización, con el vaciamiento de las potestades, autonomías, atribuciones, de Alcaldías, Gobernaciones, Asambleas Legislativas, Concejos Municipales, Juntas Parroquiales, todos estos órganos de representación electos popularmente, y órganos de intermediación del poder, para ser relevados progresivamente por un supuesto “Poder popular” no electo.
Toda la compleja retórica institucional alrededor de la desestructuración de la base territorial históricamente construida en Venezuela (comunas, ciudades, distritos, territorios) tiene como objetivo acabar con cualquier atisbo de autonomía local o regional, pasada, presente o futura y concentrar todo el poder en manos del Presidente. Por algo el Presidente tiene una capacidad de “generar” y de “gestionar” territorios, dependencias, etc., prácticamente sin control. Para solo mencionar un dato, la atribución de crear “Regiones Especiales Militares” (Artículo 11) no tiene un solo límite, parámetro o criterio, solo “porque me da la gana” o, como dicen ahora, “porque puedo”.
El mito del Poder Popular es clave en toda esta manipulación. En principio, todo “Poder Público” en una República es un poder “popular” ya que emana finalmente del ejercicio de la voluntad del pueblo, entendido como la totalidad de la Nación, como el depositario, total y final, del poder. Hablar de un “Poder Popular” en una República es, por decir lo menos, redundante. Pero es que detrás de esto hay un discurso explícito y una intención oculta, que revela finalmente un chantaje a la ciudadanía.
El discurso explícito es aquel de la “Democracia Directa”, entendida, siguiendo una interpretación de Rousseau, como el ejercicio cotidiano del poder por parte del soberano, bajo la forma de Asambleas continuas, vocerías, referéndum, plebiscitos. De allí la vocación por eliminar todo órgano de intermediación del poder, al ser considerado, finalmente, como un secuestrador de la soberanía. La lucha contra la “representación”, contra la “democracia representativa” se enlaza con la lucha en contra de las instituciones municipales o regionales, la eliminación del poder de Alcaldes, Gobernadores, arrastrando con ello a instituciones representativas como Juntas Parroquiales y Concejos Municipales. Esta eliminación será presentada como “devolver el poder al pueblo” (quitándoselo a los representantes de ese pueblo).
El gobierno local por parte de Asambleas no electas, con apenas vocerías temporales, sin instituciones permanentes de representación e intermediación, llevará finalmente a un caos general. Ninguna sociedad moderna, compleja, con ciudadanos que tienen que trabajar para comer cada día, que tienen familia, vida privada, vocaciones distintas a la de la política, puede ser gobernada en un régimen de democracia directa sin mecanismos de representación.
En el supuesto, negado, de que esta reforma sea aprobada, se iniciará el proceso de secuestro final, asambleas construidas artificialmente para imponer una determinada línea por parte de una facción, movilizada permanentemente, arrastrando cualquier manto institucional. “¡Todo el poder para las comunas!” ya escucharemos decir, y la ciudadanía, tan “pueblo” como cualquiera, será arrastrada en medio de un tumulto.
¿Qué vendría luego? El objetivo final, la intención oculta, el llamamiento “al orden”, y la centralización aclamada. Se crearán (se han ido creando ya) relaciones de dependencia entre las “comunas”, sus proyectos, sus consejos comunales, con el gran poder. Los poderes comunales, siempre inestables, sólo servirán para destruir a las Alcaldías y a las gobernaciones, luego, el gran poder central decidirá, y las “comunas” aplaudirán a rabiar, aclamando la intervención. Disgregar y atomizar abajo, para concentrar y controlar desde arriba, he aquí la meta.
El problema de la propiedad es también sumamente grave, el reino de la arbitrariedad del poder se expresa de manera muy evidente es la coletilla del proyecto para modificar el artículo 115, puede el Estado ocupar una propiedad que considere, mientras se resuelve judicialmente lo de la indemnización y lo de la expropiación.
Pero hay cosas más graves, colocar los “derechos” e “intereses” colectivos sobre los individuales es otra gran farsa. La expresión concreta, real, del ejercicio de los derechos es siempre individual. Justificar el atropello y la arbitrariedad contra el individuo en nombre de “derechos colectivos” no claramente definidos conduce a los peores autoritarismos. La defensa de los derechos colectivos, en los cuales creemos como socialdemócratas, es reivindicación, extendida y profundizada, de los derechos individuales. Históricamente, los derechos de segunda y tercera generación no se usan para burlar y atropellar los de la primera generación, que son, finalmente, la médula individual de toda la estructura de Derechos Humanos.
Para caminar en la concentración total de todo “el poder”, sin intermediación, sin límites, sin instituciones, el régimen camina finalmente hacia el pretorianismo más primitivo. La consagración constitucional de la Fuerza Armada como fuerza pretoriana al servicio de un proyecto de poder personal ahora es explícita. El resurgir de las nociones de “enemigo interno y enemigo externo” nos lleva a los tiempos oscuros de las dictaduras militares sureñas.
El militarismo pretoriano de esta reforma se enfoca en usar a la Fuerza Armada como un instrumento partidista, faccioso, contra la disidencia, contra el pluralismo. Una mentalidad guerrerista instalada en el poder, que concibe su acción como una gesta militar contra una parte importante del pueblo.
La respuesta necesaria de la sociedad
En conclusión, con esta reforma no hay límites institucionales para el ejercicio del poder personal de Hugo Chávez en Venezuela, ni siquiera un límite dentro del denominado movimiento “chavista”. ¿Qué es lo que esconde esté afán? Todo esto lo que evidencia es un profundo temor, el pánico frente a la diversidad real, el miedo a afrontar que la sociedad exige cada vez más opciones reales de vida, más libertad, más autonomía.
Todo poder sin límites es la negación de la democracia moderna, por ende, esta es una amenaza para toda la sociedad, para todo el pueblo, para toda la Nación, en toda su pluralidad. La sociedad, el pueblo, ha de rechazar esta reforma constitucional con toda la energía posible. Esto no es un problema de gobierno y oposición, sino una amenaza que opone al proponente frente a una sociedad plural, incluso frente a la diversidad del mismo movimiento que acompaña a Chávez. Este necesario rechazo ha de ser la reivindicación de largas tradiciones venezolanas, de las libertades construidas históricamente en Venezuela, y de la posibilidad real de construir un futuro de convivencia plural.
Aquí debemos reposicionar el debate. Frente a la perpetuación del poder el pueblo reivindica su tradición libertaria. Frente a los privilegios y abusos del poder el pueblo reivindica la igualdad de oportunidades. Frente a la opresión y la dependencia el pueblo reivindica sus libertades. Frente a una mentalidad guerrerista el pueblo ha de reivindicar un siglo de paz y una vocación de convivencia y de administración pacífica de los conflictos. Frente al afán de control el pueblo reivindica su búsqueda de progreso y de opciones. Esta es la lucha democrática del pueblo venezolano… de todos.
Comentarios
• La creación de un Estado paralelo controlado por el Presidente (Chávez) que sustituye el modelo de separación de Poderes y distintos niveles de acción del Estado.
• Una economía denominada socialista, pero que es fundamentalmente estatista, atacando no sólo la propiedad privada individual sino formas sociales de propiedad, como la cooperativista.
• Control directo presidencial de todas las finanzas públicas, son contrapesos institucionales, sin contraloría y prácticamente sin orientaciones técnicas
• Restricción de los derechos políticos ciudadanos, con la comunalización de la participación ciudadana.
• Militarización o pretorianización de la administración del Estado.
La pregunta es ¿cómo proponer una agenda de reforma desde los ciudadanos, desde el pueblo, que le ponga freno al autoritarismo chavista?
¿Es la Asamblea Constituyente una vía para un nuevo pacto social, democrático, progresista e inclusivo?