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Nuestra solidaridad con Acción Democrática


El uso del aparato judicial para tomar control de los partidos opositores, entregando su personalidad jurídica, símbolos y propiedades, a dirigentes o funcionarios afines, es una macabra práctica empleada por Hugo Chávez y ahora perfeccionada por Nicolás Maduro, para hacer desaparecer a la disidencia.

El chavismo en el poder empleó tribunales controlados políticamente para intervenir en las disputas internas de Bandera Roja, para dominar a Podemos, y para imponer su voluntad sobre el partido socialcristiano COPEI, entre otros. En su momento, empleó artimañas judiciales similares para bloquear la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática, lo que obligó a la coalición a realizar un acuerdo con el MIN. Posteriormente, el chavismo pasó a controlar sistemáticamente las tarjetas electorales.

El control político sobre el Poder Judicial es absoluto, desde un TSJ conformado de manera inconstitucional, hasta los últimos tribunales, son empleados para destruir cualquier atisbo de disidencia.

Esto va más allá de la judicialización de la política. La destrucción, progresiva y sistemática, de cualquier rasgo de autonomía en las organizaciones políticas y sociales, es uno de los rasgos del proceso de autocratización que ha sufrido Venezuela desde hace más de dos décadas. Se ha empleado políticamente al aparato judicial para anular la disidencia y someter las organizaciones al control burocrático autoritario.

Entre el uso de “sentencias” amañadas, “decisiones administrativas” ilegales, inhabilitaciones arbitrarias, se he reducido al mínimo el nivel de competitividad del sistema político, desapareciendo progresivamente el pluralismo del mapa institucional venezolano.

La última decisión criminal de este TSJ ha recaído contra la autonomía del partido socialdemócrata Acción Democrática, fundado en 1941, y protagonista en la lucha por la democratización de Venezuela.

Hagamos un poco de historia. Fue de la mano de los dirigentes fundadores de Acción Democrática como se alcanzó en Venezuela el derecho al voto universal, directo y secreto para todos los venezolanos, hombres y mujeres, alfabetizados o no. La Constitución de 1947 consagró la ampliación de la ciudadanía política en Venezuela, y bajo su vigencia se realizaron las primeras elecciones universales, siendo nuestro novelista Rómulo Gallegos el primer presidente electo por todos los venezolanos.

Durante diez años sufrieron los líderes de Acción Democrática la persecución del régimen militar que tomó el control del país entre 1948 y 1958. A la dictadura se enfrentaron los hombres y las mujeres de AD durante esta oprobiosa década.

Tras el 23 de enero de 1958, la realización de nuevas elecciones democráticas llevó a la Presidencia de Rómulo Betancourt. Para lograr consolidar el régimen democrático tuvo Betancourt, bajo un gobierno de coalición, que enfrentar los intentos de golpe de Estado de la derecha militarista, incluyendo un intento de magnicidio, y a la guerrilla de la ultraizquierda insurrecta. La violencia política fue derrotada y el régimen democrático caminó hacia su consolidación.

Acción Democrática ha constituido la casa de formación de una parte importante del liderazgo democrático venezolano. Muchos dirigentes que hoy nutren con su trabajo los esfuerzos de las más diversas organizaciones políticas tuvieron en AD su centro de formación, de debate, de aprendizaje.

Fue escuela de creación de la cultura política venezolana. Ha sido tan honda la huella histórica que AD ha dejado en la formación de la cultura democrática venezolana, que la adequidad ha devenido en un fenómeno sociocultural regado por todo el país, y se encuentra incubado en el seno de todas las organizaciones que luchan por la democracia.

Por ende, como bien señaló en su momento el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco, un partido sembrado de esa manera en Venezuela, con raíces tan largas y profundas, no desaparece por un decreto administrativo, ni por una sentencia judicial.

La solidaridad que hoy muchos expresamos con Acción Democrática, y el rechazo al nuevo zarpazo que el TSJ desata contra su autonomía, va más allá de la imprescindible fraternidad que nos une, desde las más diversas toldas políticas, como compañeros de lucha contra el autoritarismo y por la democracia, porque también expresa la defensa de una historia común, un ataque al núcleo de la historia de la democracia en Venezuela.

Pero hemos de alertar a todos aquellos que sostienen a este régimen autoritario: esta historia aún no ha terminado. Nuestra solidaridad con AD va acompañada con la convicción de que la lucha por la democratización de Venezuela no ha llegado a su final, y que se abrirán nuevos caminos, para seguir avanzando por una Venezuela libre y de los venezolanos, con pan, tierra y trabajo.

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