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| Una Ley Habilitante contra el ciudadano |
La Ley Habilitante recién
aprobada parece anunciar tiempos oscuros para las libertades de los venezolanos,
al abrir paso a nuevas leyes restrictivas que dotarán al poder del Estado de
mayor capacidad para reprimir, perseguir, controlar, caminando hacia la
inhabilitación efectiva de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos, de
su autonomía. Se habilitó al poder establecido para ejercer un mayor control
sobre la sociedad, restándole poder real al ciudadano para controlar al poder.
Ese es el eje de la presente Ley Habilitante, pero también lo ha sido de todas
las Leyes Habilitantes aprobadas desde 1999, en el marco de una estructura gubernamental
cada vez más autoritaria.
La destrucción de las
instituciones republicanas y de la democracia tiene en el vaciamiento del Poder
Legislativo uno de sus elementos fundamentales. Entre 1999 y 2015 apelar recurrentemente
al mecanismo de la Ley Habilitante no solo le ha servido al proyecto
autoritario para legislar sin debatir de cara a una sociedad plural, sino
también para ir destruyendo el papel del Parlamento como foro político de la
Nación.
Las leyes habilitantes
constituyen, en sí mismas, una perversión institucional, al colocar en manos
del Ejecutivo atribuciones legislativas que son inherentes en una República al
Parlamento. Luego de 1961 su existencia era justificada, generalmente, por la
existencia de situaciones de emergencia, pero tanto su duración como su alcance
estaban claramente delimitados.
Pero las Leyes Habilitantes han
adquirido en Venezuela desde 1999 un carácter central en el avance autoritario
del proyecto gubernamental sobre la sociedad. El papel que las habilitantes han
jugado en la implantación del autoritarismo en Venezuela se ha sostenido sobre
dos factores: la desaparición de la deliberación plural y el dominio del
Ejecutivo sobre toda la estructura de poder.
En ese mismo sentido es
interesante recorrer el tipo de leyes han sido impuestas por el Ejecutivo en el
marco de las Leyes Habilitantes aprobadas desde 1999: emerge una legislación dedicada
al control político y social, a la destrucción institucional y económica, leyes
que se le imponen al país para darle forma sin su consentimiento, restringiendo
libertades y derechos. De hecho, si rastreamos el origen político institucional
de la actual crisis socioeconómica encontraremos un entramado absurdo de
legislación, derivada del poder que la Asamblea entregó al Ejecutivo en el
marco de las Habilitantes.
Otro factor importante ha sido
descuidado a la hora de discutir el problema de las Leyes Habilitantes. El
debate, la deliberación, se inicia únicamente luego de que las leyes han sido
promulgadas y publicadas, por lo que no hay manera de que la opinión pública o incluso
la representación ciudadana plural existente en la Asamblea Nacional, le den
forma a las normas.
Debilitar al Parlamento, debilitar a la democracia
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| Leyes Habilitantes para debilitar a la Asamblea Nacional |
La anulación del Parlamento va
más allá de la promulgación de las Leyes Habilitantes, forma parte de un
proceso integral. Ya desde la Constituyente de 1999 el rol institucional del Parlamento
se debilitó. Con el tránsito del Congreso Nacional a la Asamblea Nacional se puso
fin a más de un siglo de bicameralidad con la eliminación del Senado. Se
pervirtieron varios mecanismos de representación al mezclar en una sola cámara
los principios de la representación poblacional y de “igualdad” entre los estados,
consiguiendo una infrarrepresentación de Caracas y del Zulia y la
sobrerrepresentación de Estados rurales, poblacionalmente débiles pero
dominados por el gobierno nacional. En el mismo sentido se debilitó el principio
de la representación proporcional al minimizar las listas, avanzar en
nominalidad y eliminar el cociente nacional.
La reducción del número de representantes
en el Poder Legislativo también es un factor a considerar en el debilitamiento
buscado del Parlamento. Para 1999, en el extinto Congreso Nacional, teníamos 207
diputados y 57 senadores. En 2015 elegiremos la cantidad de 167 diputados a la
Asamblea Nacional unicameral.
Una vez instalada la Asamblea
Nacional los cambios impuestos por la mayoría oficialista al Reglamento
Interior y de Debates contribuyeron al debilitamiento del Parlamento como foro
político de la Nación, hasta desdibujarlo por completo. Esto ha sido un proceso
gradual, a través del cual la minoría parlamentaria se ha visto arrinconada para
ejercer plenamente sus funciones dentro del Poder Legislativo.
Por último, la inmunidad
parlamentaria es una de las instituciones más importantes que salvaguarda el
poder de la representación ciudadana en el que debe ser el foro nacional por
excelencia. Varios han sido los casos “ejemplarizantes” a través de los cuales
se ha venido violentando dicha inmunidad. Desde el levantamiento a la inmunidad
parlamentaria de Wilmer Azuaje en 2010 hasta la defenestración de María Corina
Machado y la renuncia de Juan Carlos Caldera en 2014, la institución de la
inmunidad parlamentaria también se ha debilitado.
El legado habilitado: autoritarismo, centralización y empobrecimiento
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| Desde 1999 las Habilitantes tienen otro sentido |
Desde 1999 se aprobaron cinco
leyes habilitantes, las cuales han tenido una vigencia conjunta de cinco años y
medio, a partir de estas leyes el Ejecutivo Nacional emitió la cantidad de 323
decretos. Cada una de estas Habilitantes se promulgó en un contexto distinto,
pero con cada nueva ola de decretos-ley se reforzaban los rasgos autoritarios y
de control socioeconómico del régimen y del sistema, como veremos a
continuación.
El 23 de marzo de 1999 el
Presidente Chávez recibió su primera Ley Habilitante de manos del Congreso Nacional,
la que salió publicada en Gaceta el 16 de abril, con una vigencia de seis meses
y medio, con el objetivo declarado de legislar por decreto en materia económica
y financiera para enfrentar la crisis. Bajo la vigencia de esta Ley fue creado
en Fondo Único Social, institución que asimiló todos los programas sociales en
una estructura que alimentó uno de los primeros escándalos de corrupción del
gobierno de Hugo Chávez, que implicaba directamente a militares en la gestión
social.
En noviembre de 2000 la Asamblea
Nacional le entregó al Presidente Chávez una nueva Ley Habilitante. Bajo su
vigencia el Ejecutivo promulgó 49 decretos ley, incluyendo la Ley Orgánica de Hidrocarburos,
Ley de Pesca, Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, Ley General de Puertos
y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. La legislación aprobada bajo el marco
de esta Habilitante fue factor fundamental en los conflictos que derivaron en
la crisis de abril de 2002.
En enero de 2007 la Asamblea
promulgó una nueva Ley Habilitante, a pesar de contar el oficialismo con una mayoría
absoluta en la Asamblea Nacional. Bajo esta Ley se emiten 20 decretos durante 2007,
incluyendo la famosa Reconversión Monetaria, la reorganización del sector
eléctrico, una “Ley Especial de defensa popular contra el acaparamiento, la
especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte al consumo de
alimentos y productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de
precios”; durante 2008 el Presidente emitió 44 nuevas leyes, incluyendo la “ley
sapo” o “Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contra Inteligencia”, que
fue derogada apenas un mes después de su promulgación; finalmente, bajo esta
misma Habilitante fue promulgada una nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada
Nacional y una Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.
Usando como excusa los
desastres naturales derivados de las lluvias, el 17 de diciembre de 2010, luego
de perder los dos tercios de la Asamblea Nacional en las elecciones
parlamentarias, el oficialismo entregó otra amplia Ley Habilitante el Presidente
Chávez. Con esta se volvió a reformar la Ley Orgánica de la Fuerza Armada
Nacional, se crea una “contribución especial por precios extraordinarios y
precios exorbitantes en el mercado internacional de los hidrocarburos”, con lo
que violentó al BCV, se reformó la Ley del Trabajo, se legisló en materia de
tierras urbanas, se estableció un justiprecio en caso de expropiación para
terrenos con destino de vivienda, se estatizó por completo la explotación del
oro.
Bajo la crítica Presidencia de
Nicolás Maduro se aprobó una primera Ley Habilitante el 8 de octubre de 2013,
cuyo desarrollo jurídico también fue polémico por su carácter autoritario y
empobrecedor para los venezolanos. El texto del instrumento jurídico señalaba
que la lucha contra la “corrupción” y la “defensa de la economía” eran los
ámbitos de acción legislativa habilitados para el Presidente. Pero las leyes
aprobadas bajo su vigencia crearon más alcabalas burocráticas y colocaron más
trabas al funcionamiento de la economía, contribuyendo a la recesión y
generando más incentivos para la corrupción, la aprobación por Decreto de la
Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria pretendía seguir avanzando en el
terreno inconstitucional y antidemocrático del denominado Estado Comunal.
Las Leyes Habilitantes han
servido para construir, sin deliberación previa, sin un debate de cara a la
opinión pública, un entramado jurídico autoritario, pleno de alcabalas,
controles, que ha significado para los venezolanos opresión, privaciones y
pérdida de su autonomía vital, en resumen un retroceso en materia de ciudadanía
y democracia.
¿Habilitado para “luchar contra el Imperialismo”?
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| ¿Habilitados? ¿Hábiles? |
Pero la Ley Habilitante
aprobada en 2015 reviste tintes incluso mucho más peligrosos para los
venezolanos, porque el ámbito de su aplicación se extiende al ejercicio
efectivo de los derechos y libertades ciudadanas, en un contexto marcado por la
retórica paranoide, por la persecución abierta contra la disidencia política y
social y por la represión militar desatada.
La nomenklatura que controla al
gobierno sabe que no puede ni sabe enfrentar con eficiencia la crisis
económica, conoce también que esa incapacidad los está llevando a pagar un alto
costo político que se expresa en una caída en la popularidad, intuyen que de
continuar ese proceso se dirigen a una derrota en las elecciones parlamentarias.
Ante eso, usan la burda excusa
de la lucha contra el “imperialismo”, para entregar nuevos poderes especiales a
un Presidente que se ha mostrado incapaz de enfrentar la crisis económica y
social que sufren los venezolanos. Con esta nueva Ley Habilitante se abre la
puerta para una mayor represión contra la disidencia política, para vulnerar
libertades fundamentales en nombre de la “paz” y de la “soberanía nacional”,
tratando como “enemigos internos” a quienes luchan por un cambio político
democrático, y a los ciudadanos que, legítimamente indignados, pretendan
ejercer su derecho a la protesta.
Pretender decretar leyes a
espaldas del país, a espaldas de la opinión pública, evadiendo la deliberación
democrática, es un acto abiertamente autoritario más propio de monarquías
absolutas que de un gobierno republicano. Apelar al chantaje nacionalista, argumentando
la inminencia de un supuesto “ataque imperial”, es un nuevo acto irresponsable
de manipulación política y evasión al que debemos responder con firmeza y
templanza. Hemos de estar alerta respecto a cualquier decreto presidencial que
restrinja el ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de los
venezolanos.
Habilitar a la Asamblea Nacional, habilitar al ciudadano
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| Rescatar al Parlamento |
De esta manera hemos de
mantener el pulso firme hacia las elecciones parlamentarias. No solo para rescatar
a la Asamblea Nacional como foro político de la comunidad nacional venezolana, como
instrumento del pueblo venezolano para controlar al poder y normar nuestra vida
en común, sino también como espacio plural para impulsar cambios efectivos en
el poder.
Venezuela se encuentra en una
difícil encrucijada. De un lado tenemos a la nomenklatura que ha venido
destruyendo las instituciones políticas, sociales y económicas que forman el
tejido de la comunidad nacional venezolana, a quienes han destruido a la
Asamblea Nacional como Poder Legislativo, como cuerpo deliberante y como
Parlamento. Ellos hoy pretenden cubrirse con el manto republicano de la Nación
para ocultar su corrupción y autoritarismo. Esta nomenklatura pretende
conservar el poder total sobre la sociedad de manera permanente, impidiendo el
cambio. Ellos aprueban la Habilitante para inhabilitar al ciudadano.
Del otro lado nos encontramos
las grandes mayorías nacionales, embarcados en la tarea de construir un cambio
político que nos permita caminar reconciliados, plurales, distintos, diversos.
Quienes estamos convencidos de que hay que habilitar efectivamente al
ciudadano, para que sea dueño de su propia vida, con autonomía. Quienes defendemos
la institución parlamentaria, la necesidad de rescatar la deliberación pública,
rescatar a la Asamblea Nacional como el foro político de la comunidad nacional.
El cambio pasa por una
mudanza en la correlación y en el funcionamiento del poder, las elecciones
parlamentarias son la coyuntura privilegiada de esa transformación, para que
nunca más la Habilitación de un Presidente se convierta en la inhabilitación de
toda la sociedad. Unidad, esperanza, templanza y firmeza son las claves del hoy
para construir el mañana.
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