El escenario del conflicto
El escenario político venezolano cambió cualitativamente después de los resultados del 2 de diciembre de 2007, no sólo por la derrota que la sociedad plural le propinó al proyecto hegemónico y autoritario que el chavismo pretendía imponerle, sino porque dicho resultado significó el regreso de la confianza de los venezolanos en el poder real de su voto.
La abstención militante perdió sus argumentos, retrocedió sustancialmente, hasta el punto de que muchos de quienes sostuvieron una posición radical abstencionista entre 2004 y 2007 ahora se presentan como precandidatos para las elecciones regionales de noviembre de 2008.
La oposición se convierte con certeza en alternativa democrática de poder frente a un chavismo en crisis. Esto se ha tornado evidente por varias razones. Primero, la oposición venezolana es una alternativa democrática que tiene una visión del desarrollo para la Venezuela del futuro, lo que no solo se expresa en el programa de gobierno de Rosales, en la conformación de Un Nuevo Tiempo, con presentación de una plataforma ideológica socialdemócrata progresista, sino también en la discusión que, respecto al futuro, se está generando en la diversidad política de los partidos democráticos venezolanos. Segundo, la expresión de esta alternativa democrática la estamos viendo en las precandidaturas para los cargos de elección regional y local, el discurso de muchos candidatos opositores los convierte en opciones de poder real para el ámbito municipal y para las gobernaciones. Existen los liderazgos en ascenso frente a un escenario relativamente yermo en el chavismo. Y en tercer lugar, el acuerdo del 23 de enero de 2008 refleja un camino de madurez en el liderazgo político venezolano, al establecer un conjunto de procedimientos para llegar a constituir candidatos unitarios para noviembre.
A este escenario de construcción alternativa se suman dos condiciones que trabajan en contra del chavismo y a favor de los sectores democráticos. Primero, comunicacionalmente, el gobierno ha sido incapaz de llevar a la oposición venezolana a embestir trapos rojos, intentaron con una política exterior irresponsablemente guerrerista, y luego embistieron sobre el maltrecho sistema educativo. En segundo lugar, el crecimiento de la inflación, el desabastecimiento generalizado de productos de primera necesidad, y los recurrentes escándalos de corrupción, reflejan un problema muy profundo, el fracaso en la construcción del “socialismo del siglo XXI”.
Desde las profundidades emerge el problema económico estructural. La crisis económica se mueve entre dos grandes escollos, que el gobierno no tiene capacidad de sortear: el aumento de los precios y la escasez de los productos básicos. A esto se le suma el derrumbe del discurso “moralizante y puritano” del chavismo, ante la evidencia del enriquecimiento ligado a una corrupción rampante.
En año electoral el gobierno vuelve a abrir, torpemente, frentes de conflicto político y social. Al derrumbe del discurso “socialista” se le suman dos iniciativas cuyo poder explosivo se tornará evidente a partir de septiembre de este año: la modificación de los mecanismos de ingreso a la Educación Superior y el nuevo currículo escolar.
El problema de las universidades
El chavismo no ha podido tomar políticamente el control de las universidades autónomas, ni en el sector de los profesores y académicos, mucho menos en el movimiento estudiantil. De hecho, durante 2007 el movimiento estudiantil universitario se convirtió en vanguardia movilizadora contra las pretensiones hegemónicas del gobierno.
Intentaron construir un “movimiento estudiantil” alrededor de tomistas, M28, etc., pero las derrotas dentro de las universidades han sido antológicas. La Universidad Central de Venezuela, punto de honor para un sector del chavismo, la ULA, LUZ, UDO, cada una de las universidades ha reafirmado su vocación democrática por la pluralidad, por la defensa de las libertades y de la autonomía frente al poder.
Ante esto, el Ministerio de Educación Superior ha pretendido iniciar un juego de penetración de las universidades desde la base, violentando la autonomía universitaria al pretender imponer un nuevo régimen de ingreso al sistema de Educación Superior, utilizando como engaño el discurso de la “democratización” de las universidades, arrebatándole a las instituciones su política de admisión. El objetivo del juego es evidente: penetrar políticamente la universidad manipulando los mecanismos de ingreso de los estudiantes.
La resistencia planteada por las autoridades universitarias y por el movimiento estudiantil a esta pretensión intervencionista, motivó un retroceso táctico del Ejecutivo nacional, quien aceptó que, este año 2008, se aceptaría el ingreso a las universidades por pruebas internas administradas por las mismas instituciones. El conflicto ha sido temporalmente postergado, pero la presión se acumula, y la pretensión hegemónica es evidente.
El problema del currículo
El gobierno convierte al sistema educativo en el punto central de su intento de construcción de una hegemonía cultural sobre la sociedad. La discusión en torno al contenido ideológico de la educación ya lo hemos asumido en un artículo previo, por lo que no abundaremos mucho sobre el tema. Todo sistema educativo tiene un enfoque axiológico e ideológico, lo que se critica es la pretensión de aplastar la diversidad de la sociedad usando una visión sectaria y facciosa.
El Ministerio de Educación pretendió incorporar a la discusión en escuelas y liceos un nuevo currículo escolar durante este mes, suspendió clases, convocó a los profesores y presentó cuatro textos. Al carácter faccioso e ideológicamente sectario del proyecto educativo bolivariano se le suma ahora un rasgo evidente, una preocupante improvisación que se refleja en el proyecto de nuevo currículo escolar.
El proyecto de currículo se caracteriza por un acercamiento mediocre al proceso educativo. Los programas son pobres, tanto en su concepción, como en su contenido, pésimamente diseñado. Desde su concepción como Sistema Educativo Bolivariano tiene un carácter sesgado, parcial y excluyente de la diversidad ideológica de la conformación histórica de la sociedad venezolana. Pretende el gobierno convertir el sistema paralelo que ha venido construyendo desde 2003 en el sistema vertebral de la educación. Se pretende convertir el sistema educativo en correa de transmisión de la propaganda gubernamental, lo que no constituye una política de Estado, sino una manipulación sectaria.
La incorporación de conceptos tales como “desarrollo endógeno”, “proceso revolucionario”, “nueva geometría territorial”, muchos de los cuales fueron rechazados por la sociedad en diciembre, fortalece el carácter faccioso y sesgado del proyecto educativo. Con este proyecto no se avanza en el carácter liberador del proceso educativo, sino en la construcción de nuevas formas de sumisión al poder político, con la idea de construir una hegemonía cultural.
Particularmente preocupante es el daño que la implantación de este currículo acarrearía en la conformación de la conciencia histórica del venezolano futuro. En este proyecto se manipula burdamente la historia de Venezuela para ensalzar el militarismo y el culto heroico, perjudicando la construcción de una conciencia histórica democrática. Se incorpora una visión militarista del proceso de independencia, lo que no está desvinculado de ninguna manera a una concepción militarista de la sociedad venezolana en general, que se extiende a través de todo el texto de la propuesta.
Además, con este proyecto se rompe el equilibrio que debe existir entre el desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y la construcción de la comunidad. Se abusa de concepciones colectivistas sin ahondar en la transformación libre del educando.
Inmediatamente se prendieron las alarmas de la sociedad. Los cursos que el Ministerio de Educación inició en los planteles educativos, con carácter de “obligatoriedad” ilegal y bajo amenaza, terminaron en una reacción de los profesores ante el abuso del poder, ante la piratería de los documentos expuestos, ante la violación de la Constitución, de la Ley Orgánica de Educación y de la Ley del Ejercicio de la Profesión Docente. La alarma se extendió rápidamente en las asociaciones de padres y representantes, emergieron fundaciones y asociaciones varias, llegando a afectar el debate político. Los partidos políticos, entre ellos Un Nuevo Tiempo, a través de palabras del Gobernador Rosales, asumieron también una posición pública de rechazo, propiciando el inicio de una discusión en torno a la necesaria reforma educativa, en conjunto con la pluralidad social venezolana.
Ante esta respuesta el gobierno volvió a retroceder. Pero no hay que confiarse en dicho retroceso, ya que se constituye fundamentalmente en un movimiento táctico, pero no es de ninguna manera una modificación de la estrategia general de construir una hegemonía cultural.
Estos dos movimientos tácticos de retroceso pueden llevar a otra reflexión, el proyecto chavista está en un juego de ensayo y error, reconocen que emergieron débiles de la derrota decembrina, y no tienen suficiente combustible político para una confrontación frontal dilatada, pero tienen frente a sí 5 años de gestión pública que ejecutar, con los bolsillos repletos de recursos.
La desestructuración económica: navegar en medio de los arrecifes
El aumento de los precios del petróleo y el auge del consumo privado durante los últimos años ocultan una profunda crisis estructural de la economía venezolana, la que está emergiendo desde mediados del año pasado a través de dos graves síntomas: la escalada inflacionaria y el desabastecimiento generalizado.
Toda la política gubernamental desarrollada durante los últimos años incapacita al propio gobierno para resolver dicha crisis, no puede garantizar el abastecimiento de los productos básicos sin que tenga un impacto alcista en los precios. A esto se le agregan el inicio de una importante recesión en EEUU, con efectos en toda la economía mundial, y un aumento en el precio internacional de los alimentos. La política económica desarrollada por el gobierno ha aumentado la vulnerabilidad de la economía y de la sociedad venezolana frente a los choques externos: hoy somos más dependientes del mercado exterior en materia de alimentos, y más dependientes de nuestras exportaciones petroleras.
Esto se vincula con el hecho de que el gobierno ha intentado destruir el entramado empresarial privado venezolano, ya disminuido por la crisis que viene asolando a Venezuela desde 1983. Una vez que decidieron pasar a la etapa “socialista” de la revolución escogieron usar los recursos petroleros para destruir la autonomía económica de Venezuela, golpeando directamente a varios grupos empresariales.
La extensión de los controles de precios sobre los productos básicos, los “rescates” de tierras, la estatización de las industrias “básicas”, como SIDOR, la estatización de las cementeras, la intervención sobre las minas, en el intento del gobierno de avanzar hacia una economía “socialista” se convierten en agravantes de la crisis económica generalizada. La gestión pública de las empresas estatizadas los últimos años ha estado marcada por la expansión de varios vicios y por un continuo descenso en la eficiencia en la producción y en la prestación de los servicios. El gobierno se muestra incapaz de desarrollar una gestión efectiva en dichas compañías.
El objetivo real es aumentar los mecanismos de control gubernamental sobre la sociedad, con un poder militarizado y personalista, cada vez más arbitrario y discrecional, con menor desarrollo institucional. La meta poco tiene que ver con la efectiva prestación de servicios a la sociedad, con el aumento de la producción, ni con la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. La destrucción de los espacios de autonomía de los venezolanos, la castración de la sociedad, es la meta prioritaria del gobierno.
Las gestiones “revolucionarias” en la nueva PDVSA, en la CANTV estatizada, en la Electricidad de Caracas, por ejemplo, ya han tenido sus resultados. La crisis de la producción petrolera, la pérdida de eficiencia en el servicio, el aumento de las nóminas con cargos inflados, la reducción y desviación de planes de inversión, anuncian que la crisis no hará sino agravarse a futuro. Son empresas que se encaminan cada vez más a ser deficitarias. Es particularmente preocupante la caída de los niveles de inversión en petróleo y en electricidad, y la reducción de la eficiencia de la escasa “inversión” que puede sobrevivir. La producción petrolera venezolana, con precios internacionales cada vez más altos (por ahora), se reduce de manera sostenida.
La intervención recurrente en el sector agrícola también ha tenido sus resultados. La inseguridad jurídica creciente, el hecho de que el productor agrícola es cada vez más vulnerable a secuestros, “rescates”, expropiaciones, a lo que se le debe sumar regulaciones de precios por debajo de los costos, ha desestimulado cualquier inversión en el campo venezolano. El caso de la cuenca del Turbio pronto se sumará a la crisis. Al mismo tiempo, no solo es evidente que las cooperativas agrícolas, o las EPS, no tienen capacidad de producción suficiente para sustituir a los agroindustriales, sino que se han venido convirtiendo, muchas de ellas, en apéndices del gasto estatal, al no poder generar ingresos propios para sostenerse. La producción agrícola y pecuaria se ha reducido sustancialmente en muchos rubros, lo que se refleja en anaqueles vacíos, desabastecimiento, y en aumento de las importaciones. En lo económico, el gobierno se encuentra atrapado en un callejón sin salida.
Administrar políticamente la crisis
Ahora bien, este escenario de crisis ha de ser administrado con inteligencia por parte de la alternativa democrática venezolana. La campaña electoral para los comicios regionales es contexto propicio para colocar el impacto local de toda esta crisis en medio de la palestra pública. Combinar efectivamente la denuncia con la propuesta, los temas “nacionales” convertidos efectivamente en tema de la política local, municipal, regional.
Hay quienes critican que los partidos políticos se han dedicado a la campaña electoral en vez de atender los temas “nacionales”, como si la inflación, el desabastecimiento, la crisis del sector salud y de la educación, la inseguridad, no tuvieran un impacto concreto en las comunidades, en los municipios, en los Estados, o como si Naguanagua, Lecherías, Maracaibo, San Cristóbal, Cumaná, Valencia, Maracay, etc., no fueran parte de Venezuela. Una dirigencia regada por pueblos, ciudades, en búsqueda de un cambio en la gestión de las Alcaldías, de las Gobernaciones, tiene un impacto político destacado. La presión social derivada de la crisis se expresará en los resultados de las elecciones regionales, lo que se convertirá con seguridad en un retroceso del poder hegemónico y en el avance de las fuerzas plurales de la alternativa democrática.
Pero se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Los candidatos a Alcaldías y Gobernaciones deben proponer políticas públicas para la transformación democrática con desarrollo humano de nuestras ciudades y Estados, mientras los partidos políticos continúan la denuncia nacional, regional y municipal, ante las pretensiones hegemónicas del gobierno personalista y militarista.
Debemos frenar la construcción de una nueva hegemonía cultural, así como avanzar políticamente, tanto en los espacios institucionales de poder como en los espacios sociales de participación popular.
Luchar contra la destrucción de la autonomía de los venezolanos, que es la destrucción de su libertad, en contra de la destrucción de las oportunidades y de sus opciones efectivas de desarrollo ha de ser eje fundamental de la labor de la oposición democrática venezolana, convertida en alternativa efectiva de poder, en su discurso nacional, pero también en los escenarios regionales y municipales.
Debemos mantener el pulso firme en pos del cambio del escenario regional, con miras en la transformación democrática de Venezuela. Solo seremos alternativa efectiva de poder en Venezuela si logramos demostrar que podemos ejercer el gobierno, municipal o regional, como testimonio vivo de un cambio social y político democrático.
Mantener el rumbo firme es la prioridad para lograr transformar democráticamente a Venezuela, con libertad, con equidad, con solidaridad. No debemos embestir trapos rojos ni caer en la desesperación que el gobierno promueve. Este gobierno es experto en provocar, en meter casquillo, no debemos caer en esas provocaciones, eso es tener un pulso firme. En 2008 crecerá el poder efectivo en manos de las fuerzas democráticas alternativas en gobernaciones y alcaldías, en 2009 concejales, en 2010 rumbo a la Asamblea Nacional, para finalizar en 2012 en las elecciones presidenciales. Administrar la crisis para convertirla en un cambio efectivo de poder requiere trabajo axiológicamente dirigido, claridad en las metas, coherencia, consistencia, y mucha paciencia. He aquí el rumbo, no comamos casquillo.
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