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lunes, 18 de octubre de 2010

Confiscaciones compulsivas pretenden establecer sumisión social


La huída hacia adelante del gobierno, luego de su derrota electoral el 26 de septiembre, lo conduce rápidamente a un escenario de aislamiento respecto al ciudadano común. La política de confiscaciones de la propiedad es uno de los rasgos del proceso de radicalización de la “revolución”, cuyo objetivo no se vincula con ningún interés “nacional” sino con un intento desesperado de control sobre la sociedad venezolana, destruyendo cualquier posibilidad de vida autónoma.

El gobierno ha usado el término “expropiación” para definir su ataque frontal contra la propiedad privada en sus diversos órdenes. Las expropiaciones son práctica común en las políticas modernizadoras del Estado, para el desarrollo de infraestructura, inversión en servicios, por razones de justicia social y de interés público; los procesos de expropiación han sido parte esencial en la construcción de represas hidroeléctricas, de vías de comunicación como autopistas o vías férreas, en los procesos de Reforma Agraria, incluso en algunas ocasiones en la creación de zonas industriales, en las que el bienestar público generado con la expropiación es superior al costo de la misma.

Pero una expropiación es un procedimiento legal con pasos que se deben cumplir, implica el reconocimiento efectivo de los derechos de propiedad del otro, la existencia de una sentencia firme, la demostración real de utilidad pública, el establecimiento de una indemnización justa, cuyo oportuno pago es lo único que hace posible que el Estado tome control efectivo de la propiedad. El Estado no debe tener potestad de ocupar una propiedad que no ha pagado. Nada de esto ha sido cumplido por el gobierno venezolano.

En sus “expropiaciones” el gobierno no ha demostrado la “utilidad pública”, no ha habido juicio ni “sentencia firme”, ni tampoco justa y oportuna indemnización, criterios todos que diferencian una expropiación de una simple confiscación. Entonces, este procedimiento confiscatorio constituye, simple y llanamente, un robo realizado por la nomenklatura gubernamental en nombre del Estado, apelando a una supuesta “utilidad social” para intentar cubrir la violación brutal a la propiedad privada.

Esta política de destrucción se despliega tanto en el campo como en la ciudad. Escudándose en la supuesta lucha contra el latifundio, cuya definición gubernamental es particularmente laxa, han venido expropiando a cientos de productores agrarios y agroindustriales, tomando control de las unidades de producción, de la mano de obra y de las redes de distribución, procediendo generalmente a su destrucción. Desde 2001 el Estado ha tomado el control de 900 fincas, más de tres millones de hectáreas, pero solo ha cancelado 5% de su valor a los antiguos propietarios.

Se extiende esta política de destrucción a diversas empresas, manufactureras, distribuidoras y comercializadoras en medio de las ciudades. En general, entre expropiaciones e intervenciones podemos contar 1.237 violaciones a la propiedad entre 2005 y agosto de 2010. Entre 2005 y 2009 el gobierno ejecutó 762 expropiaciones, habiendo expropiando solo durante 2009 a 374 empresas. Con estos procesos el Estado ha acumulado alrededor de 30 mil millones de dólares en deuda pública.

La intención gubernamental apunta a un escenario particularmente grave para la preservación de una sociedad abierta. Las denominadas expropiaciones forman parte de una política más amplia de control sociopolítico, que pasa por la destrucción de cualquier sector autónomo de generación de empleo, de las redes privadas de distribución de alimentos y comercialización de productos que el gobierno considere “básicos” o estratégicos.

No pretende el gobierno liberar a los ciudadanos, sino concentrar en manos de la nomenklatura gubernamental el control sobre una sociedad que concibe inerme. Esto se inicia con el control político ejercido sobre los mismos trabajadores de las empresas “expropiadas”, quienes son inmediatamente sometidos al tratamiento faccioso y excluyente que pretende convertirlos en siervos sumisos de un Estado todopoderoso, compelidos a incorporarse en las organizaciones políticas oficialistas, so pena de sufrir vejámenes laborales, en caso de negarse, o de ser excluidos de cualquier tipo de privilegio laboral.

¿Cuál es el efecto final de estas políticas? Primero, la destrucción de las bases socioeconómicas sobre las cuales se puede sostener una sociedad abierta, la autonomía de los ciudadanos que se vincula con el acceso efectivo a opciones distintas, de empleo, de vida, a las libertades reales. Segundo, la inseguridad jurídica hace desaparecer la inversión privada, nacional o extranjera, contribuyendo a desaparición del empleo autónomo formal. Tercero, la destrucción de la actividad privada viene acompañada por una desinstitucionalización de la actividad estatal, que es cada vez más facciosa e ineficiente, lo que puede llevar rápidamente a escenarios de corrupción y desabastecimiento, en un círculo vicioso que colocaría a la sociedad en manos de una nomenklatura progresivamente más corrupta, arbitraria e ineficiente.

¿Cuál ha de ser una política progresista respecto a los procesos de expropiación? El resultado de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre trajo consigo importantes cambios en el escenario. Los diputados de la alternativa democrática ejercerán su función de contraloría social sobre la gestión del Estado, abriendo a los ojos de la sociedad el manejo de las empresas estatales, supervisando el respeto que el Estado debe asegurar a los derechos de propiedad de los ciudadanos, obligando al Estado a que honre sus compromisos y deudas o devuelva las propiedades a sus legítimos dueños.

Debe asegurarse una reglamentación legal más clara de los procesos de expropiación, que defina estrictamente lo que se considere utilidad pública o social, que obligue al Estado a honrar los compromisos con los particulares antes de tomar el control de sus propiedades, que garantice el derecho a la defensa por parte de los propietarios. De igual manera debe asegurarse que la gestión de los bienes expropiados legalmente, bajo los procedimientos de justicia y de derecho, sean gestionados en pro del bienestar público y social, y no a favor del control político de las elites gubernamentales y de su particular nomenklatura.

La existencia de reglas claras comunes para todos, de instituciones, de seguridad jurídica, que protejan efectivamente los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo la propiedad privada, es el marco que puede generar garantías para el desarrollo de cualquier política progresista de liberación social.

Toda política progresista debe promover, finalmente, la verdadera liberación de las capacidades de los ciudadanos, no su control y sometimiento. Una política económica progresista debe llevar a la liberación de las fuerzas productivas con justicia y desarrollo social, no a un proceso de empobrecimiento generalizado.

El respeto pleno a los derechos de los trabajadores, a su seguridad social, su derecho al trabajo, a construir libremente su proyecto de vida, a gozar de la protección social para desarrollarse plenamente, pasa por la preservación de su autonomía efectiva y real, su no-sometimiento a ningún poder arbitrario y opresor, que le impida escoger al trabajador, al ciudadano, a cada miembro de la familia venezolana, su camino vital. Ese es el camino que recorreremos en el futuro, en la construcción común de una democracia social en Venezuela.

sábado, 16 de octubre de 2010

Asamblea Nacional: escenario posible de construcción de la convivencia nacional


El 26 de septiembre de 2010 nosotros, el pueblo venezolano, en pleno uso de nuestra soberanía, nos dimos una nueva Asamblea Nacional. El universo de los convocados, ejerciendo nuestra ciudadanía, constituimos la expresión política plural de una nación diversa. La vigencia de este Parlamento se extenderá entre el 5 de enero de 2011 y el 5 de enero de 2016, y el cambio cualitativo que puede representar en la historia futura de Venezuela debería ser trascendental.

La nueva Asamblea Nacional es un reflejo político, aún tímido, de un cambio social profundo que se ha venido dando en Venezuela. Y hablo de su carácter tímido por la manera en que la reglamentación electoral alteró los mecanismos de representación política. Desde la misma Constitución de 1999 que consagró una sobre-representación de los estados demográficamente pequeños, pasando por la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) que violentó el principio de proporcionalidad, hasta finalizar en la configuración ad hoc de las circunscripciones electorales, construidas artificiosamente para sobre-representar a un grupo por encima de cualquier otro, a lo que se debe agregar un conjunto ingente de prácticas ventajistas y abuso de poder que caracterizan todo proceso electoral en la Venezuela de ésta última década, se configuró un escenario electoral marcado por la inequidad y las desigualdades. De allí la brutal diferencia entre la proporción del resultado de los votos ciudadanos y el número de escaños.

A pesar de que las condiciones eran absolutamente desiguales, el chavismo no alcanzó a obtener la mayoría de los votos ciudadanos. Por segunda vez consecutiva, la primera fue en el referéndum de la Enmienda Constitucional, la oposición superó de manera firme los 5 millones de votos. Las fuerzas distintas al chavismo, encabezadas por la Mesa de Unidad Democrática, obtuvieron más votos efectivos que la coalición gubernamental.

Triunfo de la política y de los partidos políticos

Este resultado ha sido un triunfo para la política y para los partidos políticos por encima de los aventureros o francotiradores personalistas de la política. Ha sido el triunfo de la organización por encima del discurso mesiánico y radical, el triunfo de la labor política contra la impaciencia y la intolerancia.

En estas elecciones parlamentarias se ha cosechado un gigantesco trabajo que hemos venido construyendo desde 2006. Periodizar estos últimos años no es tan sencillo como parece. Entre el 2 de febrero de 1999 y diciembre de 2001 los tiempos estuvieron marcados por la demolición de las instituciones democráticas venezolanas. Entre las instituciones demolidas se encontraban los partidos políticos, quienes, a pesar de tener una representación política importante en el Congreso Nacional, habían perdido gran parte de su capacidad de liderar y ser interlocutores de la sociedad.

De allí que, entre finales de 2001 y 2004, años de movilización, radicalización y confrontación política, los partidos políticos se encontraban en un escenario adverso, muchas veces a la zaga de los procesos sociales de resistencia al intento gubernamental de construir una hegemonía. Los eventos de abril de 2002, la movilización, el Golpe de Estado, la restitución y posterior paro petrolero fueron expresión de esta debilidad de los líderes de los partidos políticos frente a poderes fácticos y la presión de factores de la opinión pública nacional. La Coordinadora Democrática fue un escenario de tensión entre elementos de la denominada “sociedad civil” y el liderazgo de los partidos políticos.

Luego de la derrota en el referéndum revocatorio de 2004 las acusaciones de fraude fueron empujando al electorado opositor hacia una abstención militante, eso marcó el retroceso en las elecciones regionales de ese año. La tensión entre políticos y “sociedad civil” hizo implosionar a la Coordinadora Democrática. Las parlamentarias del 2005 marcó el punto más bajo, con un liderazgo político que se sumó a la abstención tras sucumbir a las más terribles presiones.

Sólo entendiendo la película completa se comprende la titánica labor que el liderazgo político opositor ha hecho entre 2006 y 2010. Frente a las elecciones presidenciales de 2006 fueron Teodoro Petkoff, en primer lugar, junto con Manuel Rosales y Julio Borges, los que irán llevando a la oposición hacia el camino electoral, a retomar la política y la organización, a salir de la indefensión aprendida y la frustración a la que nos conducía la retórica del fraude y la abstención. La derrota de los abstencionistas en las presidenciales en 2006 fue un triunfo que hizo posible las victorias posteriores. Este es uno de los más destacados méritos de Manuel Rosales, quien durante su campaña presidencial se desplegó, en reivindicación democrática, en labor de organización y movilización, sacando a la gente del sopor apático de la abstención inútil, moviendo a cuadros diversos, a dirigentes, militantes y simples ciudadanos, alrededor de su opción presidencial. Sobre esa movilización se convirtió Un Nuevo Tiempo en un partido político nacional.

A partir de 2006 se retoma el camino correcto, político, institucional, electoral. Ruta que nos condujo a la victoria en el referéndum contra la Reforma Constitucional en 2007, donde el protagonismo de un renovado movimiento estudiantil universitario fue factor movilizador que tuvo articulación política. Igualmente, los esfuerzos unitarios en las regionales de 2008, truncados en algunos estados y en muchos municipios, fue un aprendizaje clave. Incluso la derrota en el referéndum sobre la enmienda constitucional trajo consigo la superación del techo de los 5 millones de votos por parte de la alternativa democrática.


En este sentido, la conformación de la Mesa de Unidad Democrática representa un cambio cualitativo en la dirección política de la alternativa democrática. Contra viento y marea, por encima de las múltiples presiones, la dirección política de la MUD fue mucho más sólida y firme que en cualquier momento previo, lo que condujo a la postulación de 330 candidatos unitarios a la Asamblea Nacional y a la conformación de una lista unitaria al Parlamento Latinoamericano. Ramón Guillermo Aveledo ha sido meritorio arquitecto y coordinador de este triunfo.

Es en medio de este proceso que se comprende el peso de la victoria de 2010 para la alternativa democrática. Convertido el chavismo en minoría electoral, se ha consolidado la alternativa democrática como factor con posibilidad cierta de convertirse en gobierno legítimo en 2012. Los méritos de la Mesa de Unidad Democrática son la claridad de objetivos, y la dirección política sólida, con partidos políticos mucho más fortalecidos que en eventos previos. Los grandes derrotados en la oposición: la antipolítica, el personalismo, el mesianismo, la abstención, la retórica radical y la impaciencia.

El fin de la “Revolución”: la incapacidad de establecer una hegemonía
No es únicamente el hecho electoral en sí lo que constituyó un retroceso importante en el chavismo, sino también su expresión parlamentaria, el PSUV no obtuvo los tres quintos, ni los dos tercios, con los 98 diputados no podrá aprobar con su sola bancada aspectos tan importantes como las Leyes orgánicas, las habilitantes, los tratados internacionales, los viajes presidenciales, el presupuesto, la selección de los miembros de los otros poderes, etc. Eso cambia el escenario político respecto a la pretensión totalitaria de instalar una hegemonía única en el poder que se desarrolló entre 2005 y 2010.

Este resultado constituye un revés profundo en la política de confrontación que el gobierno había desarrollado desde 2005, la retórica radical pierde lustre y deriva de épica en comedia. Por eso el huir hacia delante de los últimos días luce tan descolocado, tan sinsentido, cada vez más sectario y faccioso. Con 67 diputados en contra el chavismo tendría que construir puentes, dialogar, deliberar desde la pluralidad, poner voluntad política en la reconstrucción de una comunidad nacional.

Hasta ahora el tono ha sido otro. Negar la existencia de 5 millones de venezolanos, asumiendo el discurso intolerante y totalitario acusando a la oposición de “apátrida”, “quintacolumna”, “pitiyanqui”, etc., ha sido la manera en que el chavismo se relaciona con la otredad. El discurso de la guerra revolucionaria ha dominado la retórica chavista, concibiendo a la mitad de la sociedad como enemiga, promoviendo una guerra civil para “tomar el cielo por asalto” mientras la nomenklatura se recubre de privilegios.

Continuar ese juego de negación y confrontación insensata será cuesta arriba luego del resultado electoral del 26 de septiembre, cuando la expresión conjunta de los ciudadanos, la voluntad popular, configuró un escenario político plural. La pretensión de radicalizar el “socialismo del siglo XXI”, las expropiaciones, los atropellos, contribuirá a aumentar el aislamiento del gobierno respecto a la sociedad, porque negarse a escuchar no hace a la gente callar. Pero la vocación de control total, que pretende convertir a la sociedad en una masa sumisa, puede llevar al gobierno a asumir ese tobogán de sometimiento, asilamiento y destrucción.

Escenarios regionales

Respecto a 2008 la alternativa democrática creció a lo largo de todo el país, en Caracas sumamos 86 mil nuevos votos, en toda la región central, excluyendo a Caracas, el crecimiento de la oposición se cifró en casi 320 mil votos, en Oriente fue de cerca de 170 mil, a lo que debemos agregar 200 mil votos en la región centro occidental y 200 mil votos en los llanos, 100 mil votos en la zona andina, alrededor de 130 mil en Guayana, y casi 60 mil votos en el Zulia. La construcción de la unidad democrática rindió sus frutos en los votos ciudadanos, la dispersión y división de 2008 no se repitió en 2010, eso permitió consolidar la victoria política y electoral.

La antigua oposición campo–ciudad se repite claramente en esta elección. El voto chavista se ha ruralizado a pasos agigantados. Los grandes centros urbanos le han dado la espalda, empezando por Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maracay, hasta llegar a ciudades medianas. La Venezuela urbana, con mayor autonomía efectiva, con más fuentes de trabajo autónomo, más vinculada a la modernidad, ha roto con la retórica conservadora y retardataria de un chavismo ruralizante y caudillista.

También la diferencia entre la ciudad y el campo deriva de las estructuras de control y sometimiento que ha establecido el gobierno en las zonas más atrasadas del país. En la medida en que la región sea más rural la infraestructura de servicios es más débil o simplemente no existe, no hay fuentes de empleo privado formal, y el gran empleador es el Estado, a través de la Alcaldía, la Gobernación, y de las Misiones. En las zonas rurales el gasto público discrecional y no institucionalizado, y las estructuras estatales crean dependencia y sumisión política y social casi total, es allí donde se presentan de manera más clara los ejercicios de ventajismo y abuso electoral por parte de las fuerzas oficialistas.

Este contraste entre el campo y la ciudad se puede observar hasta en los niveles más concretos de lo local, en la generalidad de los cascos urbanos la ventaja de la oposición generalmente es amplia, especialmente en las capitales de los Estados. Al salir progresivamente del casco urbano y lanzarse a la periferia de las ciudad los centros electorales reflejan un cambio vinculado con la vulnerabilidad social y las estructuras de dependencia construidas. Entre 2006 y 2009 la mayor parte de los casos de abuso electoral y ventajismo ocurría justamente en los centros electorales rurales. La presencia masiva de testigos minimizó este tipo de eventos. De este modo en este proceso no sólo se consolidó la ventaja electoral urbana sino que se fue ampliando progresivamente a las zonas menos integradas.

Al repasar cada región es evidente que el chavismo se ha convertido en minoría en gran parte del país. Sólo en los llanos conservan una mayoría sólida en votos, pero su ventaja es endeble en Guayana y son minoría en las demás regiones. La alternativa democrática es mayoría absoluta en votos en la región zuliana y en la región central, siendo mayoría absoluta en los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Mérida, Táchira, Miranda, Carabobo y Zulia. Aparte de estos estados el chavismo se encuentra por debajo de la mitad de los votos efectivos en Amazonas y Lara.

Hay detalles que son particularmente importantes. La victoria democrática en Caracas; el crecimiento y la consolidación del voto democrático en prácticamente todo el Zulia, ganando en aquellos municipios donde perdimos en 2008; la victoria abrumadora de las fuerzas democrática en el Táchira, una respuesta popular a la persecución del gobierno nacional sobre esa región, ganando casi todos los circuitos; el triunfo en todos los circuitos de Anzoátegui, vinculado con la crisis eléctrica; el crecimiento de los votos por la alternativa democrática en Miranda; y el empate, en cuanto a número de diputados, en el estado Sucre, que voltea el mapa político electoral del oriente venezolano.

El reto de la Asamblea Nacional: convertirlo el Parlamento de la nación

Dos hechos son claves para entender el mensaje de la voluntad popular, a partir de esta constatación la dirección política que tomen los acontecimientos derivará de su interpretación, y de la capacidad para ajustar las acciones al nuevo escenario sociopolítico.

Primero, el hecho de que la mayor parte de los ciudadanos hayan votado por candidatos distintos a los del Gobierno, lo que, frente a una política sectaria del chavismo, significa votar contra el proyecto hegemónico.

Segundo, la configuración misma de la Asamblea Nacional que se instalará en 2011 impide que una sola fracción apruebe leyes orgánicas, habilitantes y seleccione nuevos miembros en los otros poderes públicos. Ambos hechos constituyen un llamado a la restitución del diálogo político, a la construcción de espacios comunes de convivencia política, de efectiva deliberación, de reconocimiento de la otredad y de respeto a la diversidad. Todo lo que el gobierno ha pretendido negar con su proyecto hegemónico.

Ese será el reto de la sociedad entre 2011 y 2012, a través de nuestros representantes electos en la Asamblea Nacional, con el respaldo del pueblo organizado, convertirla en foro para la deliberación sobre los problemas nacionales, en el espacio para la reconstrucción de la convivencia política y social. En el ágora desde la cual pensarnos diversos, y caminar juntos hacia una perspectiva de progreso común.

Esta construcción común pasa a través de una renuncia, que el chavismo abandone el proyecto totalitario, que decida abrir la posibilidad de construir consensos que reflejen la pluralidad política y social de la nación, representada tímidamente en esta Asamblea Nacional. Aceptar las reglas de juego de la deliberación democrática pasa por reconocer esa diversidad y aceptar que tanto mayorías como minorías pueden incidir en la toma de decisiones. Hasta el momento no hay señales de que el gobierno emprenda esta renuncia necesaria. Mientras más insista el chavismo en la radicalización más profundizará su aislamiento, y más sordo se mostrará ante la voluntad de la nación. En ese momento la sociedad seguirá adelante, construyendo democráticamente su futuro, y este gobierno será parte luctuosa de nuestro pasado.

miércoles, 4 de agosto de 2010

La trampa comunal: control, empobrecimiento y atraso


En Venezuela hemos estado viviendo desde hace más de una década un proceso de destrucción institucional de las bases que sostienen cualquier sociedad abierta y cualquier Estado Liberal Democrático. Sobre las ruinas dejadas por esta destrucción se ha venido estableciendo una débil institucionalidad, creada para garantizar la permanencia de una nueva hegemonía política, que trae consigo un proyecto de corte totalitario, que implica la destrucción de cualquier forma de autonomía política, económica o social.

La trampa comunal, que se expresa en los postergados proyectos de Ley de Comunas y de la Ley de Economía Comunal, amparada en el Proyecto Nacional Simón Bolívar (PNSB), constituye paso fundamental en la creación de esta nueva institucionalidad de control y centralización de la sociedad. Más allá de que la Asamblea Nacional, ante la resistencia de la opinión pública y de las propias bases del chavismo, haya postergado la discusión de estas leyes, su presentación ya denota su talante.

Esta trampa comunal contribuye a la demolición de instituciones venezolanas, tales como el Municipio, que aún sobreviven como espacios para el ejercicio plural de las libertades democráticas, de la autonomía individual y social frente al poder gubernamental, y que, por ende, han constituido espacios de resistencia al proyecto hegemónico.

Cuando señalamos que la aparición de las comunas constituye un paso fundamental, partimos de la convicción de que esta destrucción institucional puede rastrearse a lo largo de la década, desde el ataque contra las instituciones representativas hasta la destrucción de la descentralización.

La confrontación contra el principio de representación en la democracia


El primer paso fue confrontar la democracia representativa contra la democracia participativa en el marco de los debates de la Asamblea Constituyente de 1999. No estoy hablando de lo que se expresa exactamente en la nueva Constitución, sino en el espíritu de los debates políticos, promovidos desde las fuerzas gubernamentales durante las deliberaciones, donde se presentaba a la democracia participativa en confrontación directa contra el mismo principio de representación política, como una contradicción estructural.

Ensalzar las distintas formas de democracia directa contra la existencia de instancias de representación no constituye un aspecto novedoso en la filosofía política. Es un viejo debate entre filósofos y teóricos políticos, alguno de los cuales incluso puede llegar a negar la legitimidad de cualquier forma de representación. Muchos de los que defienden un acercamiento radical a la democracia, reivindicando la “democracia de los antiguos” en la contemporaneidad, sostienen que la participación constituye una superación democrática del principio de representación, criticando incluso una institución fundamental como lo es el voto. Pero lo que podría ser una deliberación teórica, en el nuevo discurso del poder tomó la forma de contradicción fundamental: la democracia participativa y protagónica “acabaría” con la democracia representativa.

En el marco de la deliberación en la Constituyente de 1999, y en la retórica oficialista de allí en adelante, la creación ad hoc de mecanismos ambiguos de participación popular, de “democracia directa”, ha sido usada recurrentemente como arma arrojadiza contra las instancias de representación para negar su legitimidad. Un ejemplo claro se encontraba en el rechazado Proyecto de Reforma Constitucional de 2007, donde el denominado Poder Popular era proyectado, en esa ambigüedad, como un poder “no electo”. La nueva Ley de Comunas llegó a la médula de la cuestión local al proponer la creación de un poderoso Parlamento Comunal conformado por las mismas organizaciones comunales, no electas.

La confrontación contra la autonomía de los poderes y la descentralización


El discurso contra la “democracia burguesa” y sus instituciones tiene en la autonomía y equilibrio de poderes, así como en la descentralización institucionalizada, uno de sus enemigos principales.

La noción de la división y equilibrio de los poderes es una construcción histórica desarrollada para proteger los derechos individuales del abuso de un poder ilimitado. Partiendo de la certeza histórica de que el poder tiende, por su propia naturaleza, a expandirse, y que un poder solo puede ser efectivamente limitado por otro poder, el Estado Liberal construyó la idea de un equilibrio de poderes. El pensamiento republicano y liberal contemporáneo no concibe una democracia sin división real y efectiva de poderes.

La idea de que el poder es “solo uno”, que la “voluntad general” constituye un todo homogéneo y absoluto, es una de las bases fundamentales sobre las que se construye el totalitarismo, como mentalidad y como práctica de poder. Esta absolutización de una sola voluntad, sea esta la de un hombre, un partido, una clase social, una facción, es la negación del pluralismo político y social.

Los ataques dirigidos contra la división, autonomía y equilibrio de poderes, así como aquellos dirigidos contra la descentralización parten de la misma concepción totalitaria de la sociedad.

La descentralización constituye otra barrera popular para el control único de la sociedad, al funcionar a través de órganos de intermediación política, en el ramo ejecutivo las Alcaldías y Gobernaciones, en el ámbito de los cuerpos colegiados las juntas parroquiales, los concejos municipales y las asambleas legislativas, que obstaculizan, legal y legítimamente, los ímpetus arbitrarios de control del poder central. Cada uno de estos órganos tiene consigo la legitimidad política proveniente de la voluntad plural de los ciudadanos expresada en las elecciones regionales.

Tanto a las Gobernaciones como a las Alcaldías se le han colocado un conjunto de alcabalas administrativas para acceder a sus recursos, muchas de sus responsabilidades han sido reabsorbidas por el poder central, en un ejercicio evidente de retaliación política centralizadora contra los ciudadanos que osan votar contra los candidatos apoyado por el Gobierno nacional. La legitimidad popular de gobernadores y alcaldes de oposición no es admitida plenamente por el Gobierno central.

El desvalijamiento de la Alcaldía Metropolitana tras la victoria electoral de Antonio Ledezma, así como la creación de la Autoridad Única de Caracas, no electa democráticamente, expresan el talante del Gobierno nacional, quien desprecia la voluntad popular cuando ésta no se corresponde con sus caprichos.

La creación de la figura de los Consejos Comunales, concebidos para ser manejados de manera centralizada desde Miraflores, tuvo como uno de sus objetivos implícitos minar, desde lo local, las bases que sostienen el poder municipal, desde las Juntas Parroquiales, los Concejos Municipales hasta las mismas Alcaldías. Pero muchas municipalidades integraron y articularon inteligentemente sus estructuras con estas nuevas instancias de participación local, neutralizando en parte su talante centralizador.

La Comuna: la última trampa


La propuesta de creación de la Comuna constituye la trampa más reciente en este proceso. En el proyecto de reforma constitucional, rechazado popularmente en 2007, aparecía la idea de las comunas como “células geo–humanas del territorio” a partir de las cuales el “Poder popular” desarrollaría formas de “agregación comunitaria”, con formas de “autogobierno” y expresiones de “democracia directa”.

En el postergado Proyecto de Ley de Comunas se señalaba que uno de los objetivos era crear “un espacio geográfico socialista” conformado por las comunidades organizadas. Esto se corresponde con lo que se señala en el Libro Rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) donde se muestra con claridad la dirección a la que apunta el gobierno central, al considerar que la Comuna se ha de convertir en “célula fundamental de la nueva sociedad y del nuevo Estado Socialista”.

En el articulado del postergado Proyecto de Ley de Comunas se creaban un conjunto de instancias que pasaban a vaciar de contenido efectivo, y de recursos, a las instituciones municipales. Esto constituía un ataque directo contra el Municipio, célula histórica clave del poder local en Venezuela.

Este proyecto de Ley está plagado de detalles perniciosos y ambiguos que apuntan en la dirección de crear estructuras paralelas a las municipales, que podrían ser fácilmente centralizadas y controladas desde la Presidencia.

Algunos detalles de la débil institucionalidad de la Comuna podrían llevarnos a la reflexión. La institución central máxima de “autogobierno” de la Comuna es el denominado Parlamento Comunal, constituido por la reunión de los Consejos Comunales, sin representantes electos. Este Parlamento acumularía un conjunto ingente de funciones, llegando a aprobar normativas para la “regulación de la vida social y comunitaria, garantizar el orden público, la convivencia y la primacía del interés colectivo sobre el interés particular, así como en mandatos sobre los aspectos de planificación, coordinación y ejecución de los actos del gobierno comunal”.

De esta manera el Parlamento Comunal, no electo, se convertiría en el órgano máximo del gobierno local a través de la realización de múltiples asambleas de ciudadanos de las Comunas. En dichas sesiones también se violaría el principio de “un hombre, un voto”, ya que los votos serían contados por cada asamblea y no por el número de individuos. Del Parlamento Comunal se desprendía un “Consejo de Cumplimiento” de carácter ejecutivo, que estaría conformado por 5 voceros electos por votación universal, directa y secreta, y 1 vocero electo por cada Consejo Comunal.

La creación de un Banco Comunal, de una Justicia Comunal distinta de la de los Jueces de Paz, la obligación de las autoridades municipales de dotar de recursos a las Comunas, las atribuciones en materia de planificación comunal, irían vaciando progresivamente las instituciones municipales de representación democrática.

Hay elementos clave que rematan el proyecto, y terminan de darle sentido en medio de este proceso de centralización y control, el registro de las Comunas se realizaría a través de un Ministerio, que aparte tendría la facultad de financiar los proyectos comunitarios.

La Economía Comunal: control y empobrecimiento


La trampa comunal no se limita a la creación de nuevos espacios, controlados y difuminados, para una acción social y política local sin autonomía. Se extiende hacia el terreno económico a través del proyecto de Ley de Economía Comunal.

Eliminar la apropiación privada del “excedente”, de la ganancia, de la propiedad privada de los medios de producción y de comercialización, incluso de la posibilidad de que los privados contraten “mano de obra” son elementos recurrentes en la retórica económica de los que apoyan al “proceso”. Estos elementos tienen su expresión colateral tanto en el Libro rojo del PSUV como en el mismo Proyecto Nacional Simón Bolívar, de donde se desprende la concepción subyacente en el proyecto de Ley de Economía Comunal.

Dentro del Proyecto Nacional Simón Bolívar, primer plan socialista, que define los objetivos del Gobierno en materia de planificación entre el 2007 y el 2013, se plantea la creación de un “nuevo modelo productivo socialista” con “nuevas formas de generación, apropiación y distribución de los excedentes económicos y una nueva forma de distribución de la renta petrolera”. Más allá de algunas excentricidades como la imposible “eliminación” de la misma división social del trabajo el nuevo modelo se debería sostener sobre las Empresas de Producción Social (EPS).

Las famosas EPS sustituirían por completo a las empresas privadas en el “nuevo modelo productivo socialista”, donde los trabajadores se apropiarían del “excedente generado”, de manera “democrática y participativa”. A pesar de que en el Proyecto Nacional Simón Bolívar estas deberían competir con las empresas privadas, el horizonte futuro implica la desaparición de la empresa capitalista. En el Libro Rojo del PSUV se presenta la instalación de este nuevo modelo productivo socialista, endógeno, como la “reducción progresiva y creciente hasta su eliminación definitiva de la explotación del trabajo ajeno” y de la apropiación privada del excedente.

En este marco se comprende la aparición de una legislación socialista para la economía comunal, donde se pretende sustituir la empresa privada por formas económicas comunitarias, muchas de ellas tan primitivas como el trueque. El “retorno” a formas primitivas de socialismo comunitario es una negación a los avances tecnológicos que en materia productiva ha generado la moderna sociedad industrializada, para producir más y mejor.

Nuevamente, lo que pretende mostrarse como el camino para la construcción de una economía comunitaria basada en la autogestión local, muestra su evidente vocación centralizadora; en el proyecto de Ley de Economía Comunal, es también un Ministerio el órgano rector de las políticas públicas, definidas finalmente por los lineamientos de la planificación centralizada.

La humanidad fue testigo en el siglo XX de diversos intentos de destrucción sistemática de la economía capitalista, que pretendían eliminar la apropiación privada del excedente y/o la propiedad privada de los medios de producción, y terminaban generalmente en un empobrecimiento general de la sociedad, en hambrunas masivas en muchos casos y en la creación de esquemas terribles de opresión centralizada en todas las ocasiones. Lo que ha sido un modelo económico productivamente fracasado y empobrecedor, ha sido también un mecanismo terriblemente eficiente para destruir la autonomía individual y la capacidad de transformación de la sociedad.

Conclusión: control, atraso y empobrecimiento


Más allá de que la discusión de ambos proyectos de Ley ha sido postergada por la Asamblea Nacional, su revisión denota el horizonte futuro al que pretende llevarnos el gobierno en su proyecto.

A pesar de que la sociedad rechazó el proyecto de Reforma constitucional en 2007 el oficialismo ha pretendido desarrollarlo en la legislación posterior. El Proyecto Nacional Simón Bolívar es también expresión clara de esa búsqueda de control total y permanente. Estos proyectos de ley se acoplan con la reforma rechazada y con el PNSB, tanto en lo que se refiere al modelo sociopolítico como en lo que se vincula con el modelo económico socialista.

Ambos proyectos apuntan en un único y común sentido, la búsqueda de un control centralizado y permanente de la sociedad, haciendo imposible su desarrollo autónomo. La destrucción de las instituciones municipales y de la capacidad productiva de la sociedad es un mecanismo eficiente para la creación de una hegemonía totalitaria.

Es aquí donde el discurso del “socialismo del siglo XXI” se presenta como una propuesta radicalmente conservadora y reaccionaria, al tratar de impedir el cambio social destruyendo la autonomía individual y los incentivos económicos, desestimulando la innovación y creando una estructura de planificación centralizada opresiva. Todo este esquema impide el progreso social y económico.

Solo cambiando la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional es posible detener este proceso de destrucción, la instalación de esta hegemonía totalitaria sería la derrota para la sociedad venezolana. Ese es el gran reto de la sociedad democrática venezolana, detener la reacción autoritaria disfrazada de “revolución socialista”, y retomar la senda de la liberación y el progreso social.

miércoles, 23 de junio de 2010

Ante el insoportable olor del atraso: unidad democrática para el cambio progresista


La opinión pública venezolana ha sido golpeada por el descubrimiento de cientos de miles de toneladas de comida descompuesta en miles de contenedores depositados en diversos puertos y almacenes de Venezuela, desde Puerto Cabello hasta Tinaquillo, importados por PDVSA para “surtir” la red estatal de distribución de alimentos de PDVAL.

Un denso y desagradable olor se expande desde estos contenedores al resto del país. ¿Qué es este olor? ¿De dónde proviene? Cada vez es más claro que la putrefacción se origina desde la médula del fracaso del modelo económico que se nos pretende imponer en Venezuela.

Para empezar la comida putrefacta evidencia la existencia de una inmensa red de corrupción alrededor de PDVAL, así como la inmensa indolencia gubernamental para con el hambre de los venezolanos. El acceso a dólares “preferenciales” para la importación masiva de comida se ha convertido en una oportunidad para unos cuantos privilegiados, miembros de la nomenklatura militarista que administra el poder político desde los cuarteles del PSUV. El “negocio” no está en colocar la comida en la mesa de los venezolanos, el truco de estos burócratas “revolucionarios” se encuentra exclusivamente en la importación de alimentos, hasta allí llega el incentivo.

Por otro lado, estos casos también expresan la ineficiencia terrible de una gestión estatal que es cada día más personalista y caprichosa, en medio de un proceso de destrucción institucional del Estado venezolano. La gestión pública venezolana cada día más se caracteriza por la arbitrariedad, por el reinado del capricho personal del “líder” disfrazado de “planificación centralizada”.

Finalmente señala el fracaso estrepitoso del gobierno actual para asegurar la proclamada “seguridad alimentaria”. La masiva importación de comida nos está mostrando el fracaso productivo derivado de la política “agraria” del gobierno, caracterizada por la persecución contra los productores agrícolas, la expropiación masiva de tierras, los ataques contra dueños privados de medios de producción y comercialización, que ha traído consigo un descenso de la producción agrícola venezolana y la consiguiente necesidad de crecientes importaciones pagada con los menguantes petrodólares provenientes de nuestras exportaciones de hidrocarburos.

Es importante recalcar que, fruto de esta destrucción de las fuerzas productivas, el gobierno nos ha hecho mucho más dependientes de las exportaciones petroleras que nunca antes, en 1998 el 78% de los ingresos por exportación provenían del petróleo, hoy en día superan el 95%. Esto no es un simple accidente, sino que corresponde al desarrollo efectivo de una política que es esencial para la imposición de un poder absoluto y permanente sobre la sociedad, el empobrecimiento de la autonomía efectiva de los venezolanos, como actores productivos de su propia subsistencia.

El origen último es la evidencia estrepitosa y profunda de que el actual régimen nos lleva al atraso y la sumisión, pretendiendo sumergir a los venezolanos en la desolación y el aislamiento, destruyendo toda posibilidad de desarrollo autónomo.

¿Por qué salen a relucir toneladas de comida dañada, importada por el Estado, anclada en nuestros puertos?

No es un problema de simple falta de voluntad, o de mala voluntad, es la necesaria e inevitable consecuencia de pretender desarrollar una política totalmente equivocada en la gestión de la “seguridad alimentaria”.

La creación de una red estatal de distribución de alimentos que no tiene ningún incentivo para colocar la comida en la mesa de los venezolanos, así como es incapaz de responder a las necesidades de un mercado, porque se dispone a no escucharlo ni verlo, lleva directamente a los escenarios de escasez y desabastecimiento generalizado. Como sucede en estos casos la sociedad creará medios alternativos para resolver sus necesidades, en los regímenes del “socialismo real”, desde la Unión Soviética hasta la Cuba castrista, el mercado negro, de carácter clandestino pero usado por todos, se convierte en el único mecanismo de los ciudadanos para “resolver” el día a día.

¿Qué ha pasado con la política “productiva” del gobierno venezolano?

Siguiendo cifras de mayo de 2010, luego de más de 750 empresas estatizadas, y casi 3 millones de hectáreas de tierras intervenidas, todo con un costo que se eleva a 26 millones de dólares, de los cuales el Estado apenas ha cancelado 8 millones, la productividad venezolana se ha venido al subsuelo. Reflejo de esa destrucción productiva es el nivel de nuestras importaciones, que se elevaron en 2008 a 49 mil millones de dólares, y alcanzaron en 2009, en plena recesión económica, los 38.500 millones de dólares, pagados con una menguante factura de exportaciones petroleras.

Si hablamos sólo de la agricultura y la ganadería, partiendo de datos expuestos por Machado Allison, el valor de la producción agrícola por habitante ha descendido a lo largo de esta década y entre 2009 y el primer semestre de 2010 el valor de la producción neta descendió de manera sensible, mientras el gobierno se dedica a intervenir más de 500 predios, la mayoría de ellos productivos, y coloca en entredicho la propiedad misma de la tierra. Somos un importador neto de alimentos, lo que aumenta la dependencia petrolera de la economía venezolana, y la dependencia del Estado de la sociedad venezolana.

Es en éste marco que se comprende la persecución contra las Empresas Polar, grupo que tiene la mayor red de distribución de alimentos de Venezuela, lo que la convierte en objetivo político del gobierno.

¿Estas reflexiones hacen alguna mella en el gobierno? Ni la más mínima, porque este gobierno no tiene objetivos económicos, no le importa hacer pasar hambre a los venezolanos ni que el desabastecimiento y la escasez se adueñen de nuestras casas. Toda acción de este gobierno obedece a su exclusivo objetivo final, el control absoluto de la sociedad, para alcanzar el poder permanente y total, por lo que necesita de los venezolanos una sumisión igualmente total.

¿Hacia dónde parece encaminarse el gobierno?

La destrucción de las fuerzas productivas venezolanas, la persecución contra la autonomía económica en sus diversas formas, la estatización de los medios de producción, la progresiva nacionalización de la banca, la asfixia económica, social y política de toda disidencia apuntan claramente a un objetivo único: la construcción de un nuevo totalitarismo, sea de rasgo fascista (si se mantiene la propiedad privada de los medios de producción bajo control del líder–partido–Estado) o de rasgo socialista (si completa su progresiva colectivización / estatización). Para que este proyecto sea posible es prioritario el control total sobre la producción / importación / distribución de alimentos, del puerto a la casa, así como el dominio sobre el sector financiero–bancario y sobre las redes comerciales.

El correlato de esta pretensión absoluta del poder es el terrible miedo que el Gobierno tiene a la libre circulación de las ideas y la información, éste es el gobierno más opaco y reaccionario de nuestra historia contemporánea, del caso de RCTV al de Globovisión, pasando por el cierre masivo de radioemisores independientes, estamos sufriendo la asfixia progresiva de los espacios para el ejercicio de la libertad de expresión, únicos capaces de mostrarle a la sociedad la destrucción que sufrimos. A este proceso corresponde en paralelo la expansión del aparato de desinformación gubernamental, 6 canales de televisión nacionales, 231 radios y 73 periódicos comunitarios transmiten la “voz del amo”, cual si de Pravda o Granma se tratara.


Mientras tanto, ¿dónde está la Asamblea Nacional? ¿No debería interpelarse al Presidente de PDVSA Rafael Ramírez? ¿Al Ministro de Alimentación? Si estuviéramos en un Estado liberal democrático es lo mínimo que deberíamos estar viendo, pero bajo este esquema todos sabemos que no ocurrirá, más allá de alguna puesta en escena teatral. No ocurre por dos razones: primero, porque toda “interpelación” del poder ocurre “privadamente”, a espaldas de la sociedad, en los opacos espacios internos de Miraflores o del Fuerte Tiuna, donde sólo el “líder” puede interpelar a sus subordinados; segundo, porque, a efectos de los objetivos políticos del gobierno, la estrategia le resulta efectiva, destrucción de la autonomía privada y concentración del poder y el dinero en las manos personales del Presidente de la República, sin control, sin límites...

¿Qué hacer?


El reto es detener el proceso de destrucción de Venezuela, para lo que la elección de una mayoría democrática en las parlamentarias del 26 de septiembre de 2010 es un imperativo ineludible. Con la presencia de los demócratas la Asamblea Nacional será el foro para presentar y debatir estos problemas de la nación, desde allí podremos, no sólo interpelar a Rafael Ramírez y al Ministro de Alimentación, sino provocar su salida del gabinete, podríamos abrir los números de PDVAL para desnudar y castigar la corrupción y, finalmente, podríamos fortalecer legalmente la capacidad de la sociedad para producir, comerciar y consumir alcanzando la verdadera seguridad alimentaria, para que ni una sola casa se quede sin comida, para que no se pudra un solo kilo más de alimento ante la mirada cómplice de los funcionarios de aduanas.

Para llegar allí solo los candidatos de la unidad democrática aseguran efectivamente detener el desarrollo de la hegemonía, derrotar al PSUV exige de la sociedad democrática un esfuerzo unitario. En estas elecciones parlamentarias no existen terceras vías posibles, la realidad político electoral es polarizada y la sociedad democrática se enfrenta a todas las estructuras del Estado, estructuras que cuentan además con recursos financieros y mediáticos abundantes, que usan discrecionalmente y con ventaja. Esto tiene que enfrentarse con unidad, organización, contacto cara a cara, y disciplina. El 26 de septiembre se expresará lo que ha venido ocurriendo, que ya Venezuela está cambiando, y que éste régimen de atraso y opresión está próximo a terminar.

jueves, 6 de mayo de 2010

Construir unidos el septiembre del cambio democrático: la Asamblea Nacional

Las elecciones parlamentarias para la Asamblea Nacional del 26 de septiembre de 2010 pueden constituir un parte aguas histórico en Venezuela, la confrontación paradigmática entre el proyecto de la modernidad democrática y el atraso autoritario y personalista, entre la libertad y la sumisión pueden encontrar en esa fecha un momento definitorio.


Cada vez es más clara la dirección hacia donde apunta el modelo gubernamental, que nos hace pasar a través de un sistema autoritario a la constitución de un proyecto de marcado carácter totalitario, que se expresa por completo en el Proyecto nacional Simón Bolívar, que implica la destrucción de la autonomía humana en la sociedad, la construcción de un sistema de opresión, sumisión y control social. Lo que fue rechazado por la sociedad en 2007 está siendo desarrollado desde un gobierno desinstitucionalizador, personalista y centralizador.

El retroceso en materia de servicios públicos básicos, como lo son el agua y la electricidad, la destrucción de la institucionalidad del Estado, la destrucción de la descentralización, vaciando de recursos y competencias efectivas a gobernaciones y municipios, la persecución contra la dirigencia obrera, los intentos de aplastar y sofocar a la disidencia, copando todos los espacios para el ejercicio de la libertad, así como el proceso sistemático de destrucción de la estructura económica privada, apuntan en un solo sentido, a la creación de un esquema totalitario de control social, que implica la destrucción de la República Liberal Democrática, de la noción misma de ciudadanía y de la autonomía humana en nuestro país.

Este modelo no solo es inviable, económica, social, y políticamente, sino que arrastra a Venezuela a un empobrecimiento estructural en materia de libertades y calidad de vida, convirtiéndose en el movimiento más reaccionario de nuestra contemporaneidad. Este proyecto debe ser detenido y revertido, para esto es vital la presencia institucional de las fuerzas democráticas. Las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre serán momento clave en esta avanzada democrática sobre las instituciones.


La Mesa de Unidad Democrática ha logrado avanzar, superando inmensas dificultades, en la construcción de una alianza perfecta, una coalición política unitaria con candidatos en cada uno de los 110 circuitos y todas las listas para la Asamblea Nacional. Pero no solo esto, sino que ha logrado presentar una agenda legislativa centrada en las necesidades reales del pueblo venezolano, en la construcción de soluciones para la gente, como expresión concreta del proyecto democrático.

Porque en estas elecciones se enfrentan nuevamente dos proyectos axiológicos, dos cuerpos de valores, desde el gobierno se impulsa la última expresión histórica del autoritarismo, del caudillismo, impulsado por la mixtura de múltiples naufragios políticos e ideológicos. Por nuestra parte, la coalición construida desde la pluralidad de la Mesa de Unidad Democrática es también la expresión histórica de un proyecto, el de la modernidad democrática venezolana, la defensa del Estado Liberal Democrático, que gira en torno a los valores de las libertades, la ciudadanía y el progreso social.

Como señalamos en un artículo anterior, la Asamblea Nacional tiene fundamentalmente tres objetivos, ser el órgano contralor del poder ejecutivo, constituirse en el foro político de la pluralidad de la nación venezolana, y diseñar la legislación, la institucionalidad que el país necesita. Ninguna de estas tres funciones las está cumpliendo la Asamblea electa en 2005, sumisa a las órdenes del Presidente de la República, convertida en la correa de transmisión de un proyecto totalitario alejado de las verdaderas necesidades del pueblo venezolano.

Los circuitos, las listas y las campañas: azules, rojos y morados


La eliminación de la bicameralidad en la Constitución de 1999, que implica la destrucción efectiva de las instituciones que sostienen los principios federales, tuvo profundas implicaciones para el sistema político venezolano, lo que se expresa también en la estructuración de la representación política en la Asamblea Nacional.
Siguiendo el trabajo de Manuel Rachadell, la manera en que los legisladores trataron de subsanar la representación de todos los estados derivó en la sobrerrepresentación del campo sobre la ciudad, de lo rural sobre lo urbano.

Esto tiene una expresión en la manera como se elegirán los 165 diputados el 26 de septiembre. Hay una importante disparidad en la proporción de representantes que elegirán cada uno de los estados. Las entidades federales más urbanizadas tendrán una representación inferior a su peso poblacional en comparación con la de aquellas menos pobladas y más rurales. En el Zulia, cada diputado representará a 255.040 ciudadanos, en Miranda a 250.875, en Carabobo a 233.586, en Aragua a 218.128, en el estado Lara a 210.713, en el Distrito Capital a 210.007, en Bolívar a 204.931, en Anzoátegui a 196.702 y en Táchira a 177.775. El peso ciudadano de cada diputado en los estados menos poblados es mucho menor, lo que constituye al final una sobrerrepresentación rural, cada diputado de Delta Amacuro representa a 40.968 ciudadanos, en Amazonas a 51.145, en Cojedes a 79.759, en Vargas a 85.588 y en Apure a 101.664.

Esta desproporción tiene consecuencias políticas, en las zonas rurales y escasamente pobladas la crisis económica ha golpeado con más fuerza a la población, la destrucción de la economía privada, y con ella de los empleos autónomos ha sido mayor, así como es más fuerte la dependencia clientelar del gobierno. Allí es más difícil desarrollar una campaña contra el gobierno porque es casi nula la autonomía de los ciudadanos frente al mismo, convertido en único empleador.

Por otro lado, el comportamiento electoral entre 2006 y 2009 define tres tipos distintos de circuito. Primero, aquellos en los cuales hay una ventaja sustancial de la oposición (azules), segundo, aquellos en los cuales el dominio del chavismo es hegemónico, llegando a duplicar o triplicar los votos de la oposición (rojos), y tercero, aquellos en los que se está evidenciando una rápida transición, donde la ventaja del chavismo es progresivamente escasa y las posibilidades de una victoria democrática son crecientes (morados).

La crisis de los servicios públicos, el desastre de la gestión estatal, la incapacidad para atender las necesidades populares, el autoritarismo desatado por el gobierno en todos sus niveles, así como el hecho de que las fuerzas democráticas se presentan unidas en todas las circunscripciones significa que la votación opositora aumentará nacionalmente de manera sustancial respecto a eventos anteriores.

Asegurar los circuitos morados es clave para alcanzar una victoria democrática en la Asamblea Nacional, allí se deben colocar el grueso de nuestros esfuerzos y recursos, tanto humanos, como económicos y comunicacionales. La campaña ganadora tiene que enfocarse en asegurar un cambio democrático en cada una de estas circunscripciones. Paso ahora a presentar los circuitos morados en todo el país:

En la zona central



En el Circuito 2 del Distrito capital, compuesto por las parroquias de San Juan, Santa Teresa, Catedral, Altagracia y el 23 de enero, una escasa diferencia de once mil quinientos votos, apenas el 8% nos separó del chavismo en 2009. El independiente Antonio Ecarri es el candidato de la Unidad Democrática. El candidato del PSUV es Robert Serra.

En el Circuito 4, compuesto por las parroquias El Valle, Coche y Santa Rosalía, la diferencia fue del 10%, dieciséis mil votos en contra en el referéndum de 2009. Ramón López, de UNT, es el candidato de la Unidad Democrática. Jesús Faría es el candidato del PSUV.

En el Circuito 5, compuesto por las parroquias de El Paraíso, La Vega, Antímano, Macarao y Caricuao, y que elige 2 diputados, la diferencia fue de apenas el 10% de los votos, 16 mil doscientos sufragios. Juan José Molina de Podemos y el candidato seleccionado por Copei son los representantes de la Unidad Democrática. Darío Vivas y Juan Carlos Alemán son los candidatos del PSUV.

En Aragua el Circuito 1, compuesto por Girardot, Ocumare de la Costa y Mario Briceño Iragorry, elige 2 diputados, con una diferencia de menos del 5% de los votos en 2009, apenas 13 mil votos. Hiram Gaviria de Un Nuevo Tiempo y Richard Mardó de Primero Justicia son los candidatos unitarios. Juan Carlos Luna y María Gutt son los candidatos del PSUV.

En Carabobo el Circuito 5, el sur de Valencia, compuesto por el municipio Libertador y por las parroquias Miguel Peña, Santa Rosa, Rafael Urdaneta y Negro Primero, elige tres diputados, siendo la clave del triunfo en el estado, con una diferencia de 13,69% en 2009, poco más de 43 mil votos. Los candidatos de la Unidad Democrática son Julio Castillo y Eduardo Pino, de Proyecto Venezuela y el independiente Noé Mujica. Los postulados por el PSUV son Saúl Ortega, José Rafael Ávila y Asdrubal Colina.


El Circuito 4 de Miranda es el que definirá el futuro del estado, compuesto por los municipios Plaza y Zamora, Guarenas y Guatire, junto con las parroquias de La Dolorita, Filas de Mariches y Caucagüita del municipio Sucre, decide dos diputados. La diferencia a favor del chavismo en las elecciones de 2008 fue del 17,79%, poco más de 33 mil votos, mientras que en el referéndum de 2009 se elevó a 41 mil votos, un 19,69%, lo que lo catapulta como un circuito que puede cambiar de sentido en 2010. Los candidatos de la Unidad Democrática son Julio Borges (PJ) y William Ojeda (UNT), quienes asimismo encabezan la lista del estado. El PSUV postula a Marleny Contreras y Juan Soto.



El único circuito del Estado Vargas elige 2 diputados, la diferencia a favor del chavismo en 2009 fue de 31.655 votos, representando un 19,7%. José Manuel Olivares, joven dirigente vinculado a UNT, es uno de los postulados por la Unidad Democrática, junto con Cipriana Ramos. Odalys Monzón y Gladys Requena son los candidatos del PSUV.


En centro occidente


Lara constituye uno de los estados políticamente más complejos ya que, debido al extraño fenómeno de Henry Falcón, está ausente la concentración bipolar del resto del país. Más allá de esta aseveración es necesario colocar el grueso del trabajo en el Circuito 1, constituido por las parroquias Aguedo Felipe Alvarado, El Cují, Unión, Juan de Villegas, Buena Vista, Juárez, La Concepción y Tamaca del municipio Iribarren donde se eligen 3 diputados. En 2009 la diferencia a favor del chavismo en este circuito fue de apenas el 13% de los sufragios, es decir poco más de 43 mil votos. Los candidatos de la Unidad Democrática son Pedro Pablo Alcántara de Un Nuevo Tiempo, José Ignacio Guédez de La Causa R y el independiente Víctor Torrealba. Los postulados por el PSUV son Alexander Torrealba, Francisco Martínez e Isabel Lameda.

En Yaracuy el Circuito 2, constituido por los municipios Bolívar, Sucre, Arístides Bastidas, La Trinidad, Cocorote e Independencia, constituye una oportunidad para los factores democráticos. La diferencia en el referéndum de 2009 fue de casi 5 mil votos, lo que representa poco más del 6% de los sufragios. La Unidad Democrática postula en este circuito a Rafael Parra Barrios de Convergencia, mientras que el PSUV presenta como candidato a Yorman Aular.

Hay dos circuitos claves en el estado Falcón. Primero, en el Circuito 3, conformado por los municipios Miranda y Bolívar, que ha de constituir el foco central de la atención política de las fuerzas democráticas, la diferencia a favor del gobierno en 2009 fue de apenas 3.609 votos, lo que representó 3,46%. El candidato de la Unidad Democrática es José Gregorio “Goyo” Graterol, siendo la candidatura suplente de Un Nuevo Tiempo. El PSUV postulará por este circuito a Jorge Luis Díaz Cuba, siendo Melvin López Hidalgo su suplente.

Segundo, en el Circuito 2 de Falcón, integrado por los municipios Carirubana y Los Taques, la diferencia a favor del chavismo en 2009 fue de poco más del 6% de los votos, 7.271 sufragios. El candidato unitario es Gustavo Rivero, independiente, siendo el joven Sandy Chirinos, de Un Nuevo Tiempo, su suplente. El PSUV postulará a Jesús Montilla, con Ulises Mora como suplente.

En la zona andina


Todo el estado Táchira puede ser ganado por las fuerzas democráticas, para lo que deben concentrarse los esfuerzos en el Circuito 3, zona de montaña, constituido por los municipios García de Hevia, Antonio Rómulo Acosta, San Judas Tadeo, Panamericano, Samuel Darío Maldonado, Simón Rodríguez, Jáuregui, Uribante, Francisco de Miranda y Sucre, donde la diferencia a favor del chavismo fue escasamente de 4.313 sufragios, lo que constituyó el 5,35% de los votos en 2009. Edgar Contreras Monsalve como principal y el joven Wilmer Zabaleta de UNT como suplente son los candidatos de la Unidad Democrática en esta circunscripción, mientras que Ricardo Sanguino lo es por el PSUV.

En el estado Mérida dos de los circuitos determinarán el futuro de la región en la Asamblea Nacional. El circuito 1, conformado por los municipios Tovar, Antonio Pinto Salinas, Zea y Alberto Adriani, donde la diferencia a favor del chavismo fue de menos del 10% de los sufragios en 2009, con 8.390 votos; Jesús Rondón Nucete es el candidato unitario por este circuito, mientras que el PSUV postulará a Alexis Ramírez. En el circuito 4, constituido por los municipios Campo Elías, Aricagua, Arzobispo Chacón, Guaraque, Padre Noguera, Rivas Dávila y Sucre se decidirá otro diputado. En 2009 la ventaja gubernamental en esta región fue de 5.428 votos, apenas un 6,28%, para la Asamblea Nacional, Omar Lares de Podemos es el candidato de la Unidad Democrática mientras que Guido Ochoa es postulado por el PSUV.

El circuito 2 del Estado Barinas podría ser considerado parte de la zona andina, ya que está constituido por los municipios Ezequiel Zamora, Antonio José de Sucre, Pedraza, Bolívar, Andrés Eloy Blanco y Cruz Paredes; la diferencia en 2009 fue de apenas un 18,45%, con casi 20 mil votos, una distancia salvable con una oposición unida con los sectores disidentes del chavismo. Se juegan en este circuito 2 diputados, la inhabilitación express de Wilmer Azuaje está complicando el proceso de definición de las postulaciones de la unidad democrática en este circuito, siendo hasta ahora candidato el disidente Julio César Reyes, teniendo como suplente a Ronald Aguilar de Un Nuevo Tiempo, y Frenchy Díaz, disidente del chavismo, siendo suplente Janner Bastidas de AD. Los postulados por el PSUV serán Maigualida Santana y Zulay Martínez, llevando como suplentes a Geovanni Peña y a Rosalba Vivas.

En el Zulia


Siete circuitos del estado Zulia requieren especial atención para consolidar de manera absoluta el triunfo democrático en la región.

En el circuito 1, formado por los municipios Rosario de Perijá, Machiques de Perijá y Jesús María Semprún la ventaja chavista fue de 8.053 votos en 2009, representando el 9,74% de los sufragios; el candidato de la unidad democrática es Juan Romero de Un Nuevo Tiempo, mientras que el PSUV postulará a Renny Mavarez.

Los municipios Jesús Enrique Lossada y La Cañada de Urdaneta conforman el segundo circuito del Zulia, en 2009 la ventaja del chavismo fue de 2.838 votos, un 4,28% de los sufragios. El candidato de la unidad democrática es Juan Carlos Fernández, de Un Nuevo Tiempo. El PSUV postulará acá a Jhony Bracho.

Las parroquias Venancio Pulgar, Idelfonso Vásquez y Antonio Borjas Romero de Maracaibo conforman el circuito 4 del Zulia. La ventaja del chavismo en 2009 fue de 9,25% de los votos, con 8.175 sufragios. El candidato de la unidad democrática es William Barrientos de Un Nuevo Tiempo, mientras que el PSUV está postulando a Jenny Cedeño.


El circuito 8 está conformado por las parroquias San Isidro, Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera y Manuel Dagnino de Maracaibo. Apenas un 2,94% de ventaja obtuvo el chavismo en esta circunscripción en 2009, con una escasa diferencia de 3.771 votos. Elías Matta, dirigente de Un Nuevo Tiempo, es el candidato de la unidad democrática en este circuito, donde tendrá que enfrentarse contra Mario Isea del PSUV.

El municipio San Francisco constituye el circuito 9 zuliano. En 2009 la ventaja gubernamental fue de 3.738 votos, un 2.25%. En San Francisco el dirigente de Un Nuevo Tiempo Julio Montoya es candidato de la unidad democrática, mientras que el PSUV postulará a Eduardo Labrador.

Los municipios de Cabimas, Miranda y Santa Rita conforman el circuito 10 en el estado Zulia. De apenas 4 mil votos fue la ventaja del chavismo en 2009 en esta circunscripción, poco más del 2% de los sufragios. Hernán Alemán, de Acción Democrática, es el candidato de la unidad democrática. Lisandro Cabello es el postulado por el PSUV.

En el circuito 12 del Zulia, constituido por los municipios Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre, la ventaja del chavismo en 2009 fue de casi 8 mil votos, apenas un 9% de los sufragios. El candidato de la unidad democrática es Freddy Paz de Un Nuevo Tiempo quien se enfrentará con Blagdimir Labrador, postulado por el PSUV.

En Oriente


Prácticamente todo el Estado Anzoátegui es susceptible de ser ganado por las fuerzas democráticas. En 2009 la distancia que separó al chavismo de las fuerzas democráticas en el circuito 1, constituido por los municipios Monagas, Miranda, Independencia, Simón Rodríguez, Guanipa y Freites, fue de apenas 11.359 votos, un 6,31%. En este circuito, que elige dos diputados, los candidatos unitarios son Ernesto Paraqueima de Podemos y Rodolfo Rodríguez de Acción Democrática. El PSUV postulará a Roberto Rojas y a Julio Quijada.

Los municipios Bolívar, Píritu y Peñalver conforman el circuito 3 de Anzoátegui, donde se eligen 2 diputados. La ventaja del chavismo en 2009 fue de apenas 12 mil votos, un 6,54%, por lo que puede ser ganado por el movimiento democrático. Los candidatos unitarios son Carlos Andrés Michellangeli de Acción Democrática (existiendo un compromiso para la suplencia del preso político Freddy Curupe de UNT), y Richard Arteaga de Primero Justicia.

Interesante es el caso del circuito 2 de Anzoátegui, constituido por los municipios Santa Ana, Anaco, Aragua, Mc Gregor, Libertad, Cajigal, Bruzual, Carvajal y San Juan de Capistrano, ya que la diferencia entre gobierno y oposición se redujo, entre 2008 y 2009, de 25 mil a 17 mil votos, del 21% al 15%, siendo posible la victoria democrática en 2010. El candidato unitario es el socialcristiano Jacinto Romero Luna, ex Alcalde de Anaco. El PSUV presentará como candidato a Omar Medina.

Nueva Esparta es otro estado en que las fuerzas democráticas podemos ganar por completo, dependiendo esto de nuestro desempeño en el circuito 1, constituido por los municipios Península de Macanao, Tubores, Díaz, Gómez, Antolín del Campo, Marcano y Villalba. En 2009 el chavismo obtuvo una escasa ventaja del 9,74% de los votos, apenas 9.094 sufragios. Para la Asamblea Nacional de 2010 la unidad democrática presenta como candidato a Orlando Ávila, mientras que el PSUV presentará a Juan José Millán.

En Guayana


Ahora que la unidad democrática se ha consolidado en el Estado Bolívar se puede obtener un rotundo triunfo en todo el estado. En el circuito 1, constituido por Heres, Sucre y Cedeño, donde en 2010 se elegirán 2 diputados, la ventaja oficialista en 2009 fue de 24 mil votos, un 15,12% de los sufragios. Los candidatos de la unidad democrática son, Andrés Velásquez de La Causa R, quien además encabeza la lista del Estado, y César Hernández de Un Nuevo Tiempo. El PSUV presentará la candidatura de Tito Oviedo y Rafael Gil Barrios.

En el circuito 2, el municipio Caroní, que elegirá 3 diputados en 2010, la ventaja del chavismo en 2009 fue del 16,15% de los sufragios, poco más de 44 mil votos. El ex gobernador Antonio Rojas Suárez, Fernando Serrano de Primero Justicia y Pastora Medina, del Frente Humanista–Movimiento Ecológico, representan a la unidad democrática en esta circunscripción. Nancy Ascencio, Richard Rosa y Liris Sol Velásquez serán los candidatos del PSUV.

En el circuito 3, constituido por los municipios Padre Pedro Chien, Piar, Raúl Leoni, Roscio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana, la ventaja del gobierno en 2009 fue del 17,65%, con 17.417 votos. El candidato unitario es Américo de Gracia de La Causa R, mientras que el PSUV llevará la candidatura de Ornella Arbeláez. Acá termina el recorrido por los circuitos morados de todo el país, donde debemos enfocar el grueso de nuestros esfuerzos durante la campaña electoral.