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lunes, 6 de julio de 2015

UNT: Unos pocos disfrutan en dólares y la mayoría sobrevive en bolívares

Pulverizar el bolívar ha generado una economía dual
Para el partido Un Nuevo Tiempo, si no se detiene destrucción de la moneda el venezolano no podrá escapar de la trampa de la pobreza, por lo que plantea la necesidad de restablecer la autonomía del BCV, detener la impresión arbitraria de dinero, levantar la política suicida de rígidos controles económicos y garantizar institucionalmente los derechos, solo así los agentes económicos podrán volver a confiar en la economía y en la moneda venezolana.

El señalamiento lo hizo el Secretario Nacional de Políticas Públicas de UNT, Ysrrael Camero, en rueda de prensa, quien dijo que el valor de una moneda expresa la confianza que se tiene en la economía de un país, así como su productividad. “De manera que la economía venezolana no genera ningún tipo de confianza, por ende, su moneda pierde valor cada día”.

“El valor del bolívar ha sido pulverizado, acabando con el poder adquisitivo real de la familia venezolana, sumiéndola en la pobreza y la dependencia. En 1999 el dólar se cotizaba a 573,88 bolívares (0,57388 bolívares fuertes), en julio de 2015 la tasa del dólar libre superó los 500 mil bolívares (501,21 bolívares fuertes)”.
 
Agregó que la destrucción del valor del bolívar ha creado en Venezuela una economía dual, incrementando las desigualdades entre los venezolanos. “Mientras unos pocos, vinculados al gobierno nacional, tienen acceso a divisas extranjeras, dólares y euros, viviendo en lujo y derroche, la gran mayoría de los venezolanos tiene que sobrevivir con unos bolívares que han perdido todo su valor, deben hacer colas para conseguir lo necesario para vivir. Los gastos se están dolarizando, mientras que los ingresos de los venezolanos se siguen contando en bolívares devaluados”.

Sostiene que aumentar el salario mínimo sirve de poco cuando se destruye la moneda. “El salario mínimo ha llegado a Bs. 7.421,68 mensual (247,39Bs. diarios), lo que equivale apenas a 14,80 dólares mensuales. Hasta abril de 1999 el salario mínimo urbano era de 100 mil bolívares mensuales, de los de antes, lo que equivalía a 174,25 dólares. Para tener un salario equivalente en dólares en 2015, deberíamos tener un ingreso de 87.337 bolívares (a la tasa de 501,21)”.

La destrucción del salario mínimo: de 1999 a 2015
Argumentó que, desde agosto de 2014, no se recibe un dólar preferencial ni los importadores, ni los productores, eso significa que el dólar a 500 bolívares fuertes es el dólar al cual está funcionando en  realidad la economía venezolana.

“Destruir el valor de la moneda empobrece a toda la sociedad, y precisamente la destrucción del valor monetario del bolívar ha sido parte de una política del gobierno de Nicolás Maduro para controlar a los venezolanos empobreciéndolos”. 

La política de controles ha fracasado


Indicó que durante los 16 años del gobierno se ha dedicado a perseguir al productor venezolano y a destruir la producción nacional, fortaleciendo la dependencia de la economía venezolana de las importaciones y la dependencia de los ingresos petroleros.

“Bloquean cualquier posibilidad de inversión extranjera directa, ya que no llegan nuevos capitales a la economía venezolana, escaseando las divisas.  Venezuela es el país que menos inversiones extranjeras directas recibe per cápita en toda América Latina. Países mucho más pequeños reciben mucho más inversiones extranjeras que nuestro país”.

Igualmente se refirió como parte de esta debacle económica a la destrucción de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de las industrias de Guayana, limitando la posibilidad de que ingresen divisas fruto de la producción y exportación de estos productos.

Aseguró que acabar con la autonomía del Banco Central de Venezuela, convirtió a la institución en un apéndice monetario del Ejecutivo Nacional para financiar un aumento irracional del gasto público imprimiendo bolívares indiscriminadamente.

“Se ha inflado de tal manera la impresión de dinero que, a finales de junio se ha llegado a 2,6 billones de bolívares de liquidez, con unas reservas internacionales de apenas de 16 mil millones de dólares. El resultado de esta situación es una inflación galopante. Esa inflación significa que el bolívar vale cada día menos, esta devaluación del bolívar no solo ha pulverizado los ahorros de los venezolanos sino que ha pulverizado su capacidad de ahorro a futuro”. La liquidez monetaria ha aumentado en un 27,24% desde enero de 2015 (564,39% desde 1999).

Prosiguió Camero señalando que el control de cambio ha sido un “estrepitoso” fracaso si a evitar la fuga de capitales nos atenemos. “Desde que se estableció el nuevo control de cambio, el 5 de febrero de 2003, se aceleró la fuga de capitales y la devaluación de la moneda. En 2003 el dólar se encontraba a 1.600 bolívares. Al momento de la reconversión monetaria en 2008, se encontraba a 2.150 bolívares (2,15 bolívares fuertes). En 2010 es creado el SITME, con una tasa de 5,3 bolívares fuertes (5.300 bolívares). En febrero de 2013 el dólar se cotizaba ya a 6,3 bolívares fuertes (6.300 bolívares). El dólar libre se despegó hasta alcanzar en julio los 501,21 bolívares. El bolívar es hoy la moneda más débil de América Latina”. 

Propuestas para reconstruir la confianza en la moneda



En nombre del partido Un Nuevo Tiempo su Secretario de Políticas Públicas propuso que, para recuperar la economía del país, se debe restablecer la confianza de los agentes económicos, para permitir a los venezolanos volver a producir. Es prioritario devolver la autonomía del Banco Central de Venezuela para detener la emisión artificial de dinero.


“Hay que levantar la política de controles rígidos sobre la economía, que han fracasado por completo, permitiéndole a los agentes económicos restablecer la producción y comercialización libre de bienes y servicios. Restaurar la vigencia del Estado de Derecho, incluyendo la garantía efectiva al derecho de propiedad. Garantizar la transparencia y eficiencia en el gasto público. Permitírsele a la Asamblea Nacional ejercer la Contraloría sobre la totalidad del presupuesto. Así como invertir en el incremento de la productividad de nuestra economía a través de una política de alianzas entre el sector público y el privado”, culminó.

martes, 14 de abril de 2015

Entre el rojo y el verde olivo: Venezuela militarizada

El chavismo de 1998 era una heterogénea coalición
Varios proyectos coexistían en la nueva elite política que alcanzó el poder en Venezuela a principios de 1999. Había dentro del denominado Polo Patriótico una mixtura aluvional bastante diversa, desde antiguos náufragos del socialismo real, algún admirador de Corea Del Norte, mucho oportunista que veía la posibilidad de cambiar una hegemonía por otra, alguno que otro perezjimenista, y muchos creyentes o crédulos, de buena o de mala fe, que apostaban por una revancha que torciera el rumbo de la República.

Pero el aluvión se fue depurando con el tiempo, dejando desnuda la tensa coexistencia de dos proyectos de poder que comparten objetivos y métodos, aunque difieran en su historia previa. Primero, aquel representado en un conglomerado de dirigentes de la ultraizquierda, enamorados en su momento del socialismo real, bien sea la versión cubana o la soviética primigenia, y entrampados ahora en lo que consideran su “oportunidad histórica”; y segundo, aquel representado por los sobrevivientes del núcleo duro del proyecto original, el del Samán de Guëre, quienes vestidos de verde olivo decidieron embarcarse a fines del siglo XX en la pervivencia tardía del rancio militarismo, escudado en la retórica de un bolivarianismo rimbombante.

La logia original y su proyecto: verde oliva al poder
¿Qué terminó uniendo a ambos proyectos de poder hasta fundirse en uno solo? La respuesta puede encontrarse tanto en el objetivo común de construir una hegemonía permanente y absoluta como en la disposición de hacer uso de cualquier método, por más autoritario que sea, para mantener y consolidar el poder.

Rojos y verdes pretendieron fundirse en una simbiosis política inestable, pero en esa mixtura autoritaria el militarismo verde olivo fue cubriendo con su manto al bermellón totalitario, hasta marcar su ritmo y cadencia final. El fracaso del socialismo real deja al bolivarianismo-militarista dominante en el escenario.

La aparición pública del proyecto: un intento de Golpe militar
El proyecto verde oliva, la revivificación del militarismo perezjimenista, puede ser rastreado hasta el inicio de la crisis del régimen democrático, aunque tenga viejos precedentes. Todo empezó a construirse en 1983, cuando se conformó una secta o logia militar alrededor del Samán de Güere, el denominado Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Acá no hay nada original, si nos atenemos a los rituales del militarismo latinoamericano, un grupo de militares se constituyen en secta para conspirar contra la democracia, es decir, contra el régimen civil.

Las primeras apariciones públicas del chavismo fueron las asonadas golpistas del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Dos violentos golpes militares contra el régimen democrático. La participación civil en estos hechos fue prácticamente nula. Será en 1997 cuando decidieron emprender el camino del voto para lograr lo que no pudieron con las balas. Aunque el discurso sobre la Constituyente fue dominante durante la campaña presidencial de Chávez en 1998, fue recurrente la apelación a la imagen militar de fuerza y mando, incluso se hizo presente alguna nostalgia perezjimenista.

¿Venezuela es un cuartel?

Hugo Chávez de gala militar
En medio del vendaval de transformaciones políticas desatadas en 1999 las acciones militaristas de la Presidencia no generaron suficiente atención. Generalmente se señalaba que Hugo Chávez apelaba a lo que conocía, el universo militar, por su ignorancia de la política civil. Pero rápidamente el rol de los militares cambiaría, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el político.

El 27 de febrero de 1999 es lanzado el Plan Bolívar 2000, colocando a las Fuerzas Armadas como responsables directos de la ejecución de programas diversos de acción social, convirtiendo a guarniciones y cuarteles militares en centros de distribución de ayudas sociales a la población más vulnerable. La discrecionalidad y la falta de institucionalidad propiciaron tanto la corrupción de esta iniciativa como la creación de “liderazgos” militares en comunidades que recibían ayudas directas. Esta política nunca pudo ser auditada por los civiles. Esta militarización de los programas sociales se ratificó con la creación del Fondo Único Social (FUS) en noviembre de 2001 que también se colocó en manos militares, fundiendo en su seno otra cantidad de programas de ayuda y asistencia.

Marcos Pérez Jiménez
La nueva Constitución, aprobada en diciembre de 1999, abrió paso al proceso de militarización de la sociedad. Es necesario destacar cuatro aspectos clave de la Carta Magna en ese sentido. Primero, el reconocimiento del derecho del voto para los militares. Segundo, la restauración del fuero militar y el reconocimiento constitucional de un sistema de seguridad social propio. Tercero, la eliminación del carácter “apolítico” de la institución militar, lo que abrió las puertas a una nueva politización de las Fuerzas Armadas. Cuarto, como parte del proceso de desinstitucionalización que acompañó la militarización, los ascensos militares de los altos oficiales, que en la Constitución de 1961 se encontraban en manos del Senado, pasan a las manos del Presidente de la República.

En este marco, desde 1999 cada desfile militar se convirtió en ocasión para expresarle al país la destrucción institucional de las fuerzas militares, su sujeción a un liderazgo carismático y su conversión, progresiva pero sostenida, hacia una guardia pretoriana del Presidente, en una primera etapa, y luego a una estructura política de poder dentro de la Revolución, con objetivos de control político y represión, a la orden de una pequeña facción gubernamental.

Ceresole
Norberto Ceresole, asesor argentino del Presidente Chávez, señalaba como clave en el régimen político que se estaba construyendo la relación Líder-Ejército-Pueblo, que implicaba la disolución progresiva de las organizaciones intermedias, para someter a la sociedad a una sola estructura de mando vertical. Esta concepción impregnó en la práctica al régimen venezolano.

El tutelaje militar y la creación de las redes de dependencia

Militarismo del siglo XXI: el nuevo caudillo
A lo largo de estos quince años se ha creado un entramado jurídico que amplía las facultades y atribuciones de los militares en actividades que tradicionalmente han estado vinculadas a los civiles, pero en términos que nos hablan de la creación política de nuevas relaciones de tutelaje militar, de dependencia y de restricción de libertades fundamentales.

En diciembre de 2000 se aprueba la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, permitiendo la creación de Zonas de Seguridad, con las cuales se militariza cerca de una tercera parte del territorio nacional, impidiendo la realización de manifestaciones públicas ni “perturbaciones del orden”.

Unas camisas pardas identifican al nuevo cuerpo
Luego de la crisis de 2002, el gobierno apela recurrentemente al discurso de la unidad cívico militar. Emerge una nueva Doctrina Militar Bolivariana en 2004 que pretende reforzar dicha unidad, ratificando una relación de tutelaje. En mayo de 2004 Chávez anuncia un nuevo plan de defensa del país basado en la creación de unas milicias populares bajo el mando de la Fuerza Armada. En diciembre anuncia la puesta en práctica de nuevos manuales revolucionarios para la FAN.

En 2005 el Estado compra por 54 millones de dólares 100 mil fusiles AK-103 al Estado ruso. El Convenio implicaba transferencia tecnológica para construir en Venezuela, 25 mil Kalashnikov y 60 millones de cartuchos al año. A comienzos de abril de 2010 Vladimir Putin señala que las compras de armas del Estado venezolano ya superaban los cinco mil millones de dólares.

Desde el gobierno se promueven valores militares
El 10 de enero de 2007 Chávez usa el slogan “Patria, Socialismo o muerte”, apelando nuevamente a la imagen bélica castrense para definir una línea general de política. Ese mismo año le planteó al país un Proyecto de Reforma Constitucional con claras propuestas militaristas, donde se planteaba la modificación de los artículos 328 y 329 de la Constitución para incorporar al Ejército a las labores de seguridad ciudadana y de orden interno. Se identificaba a la FAN con una “doctrina militar bolivariana” y se designaba a la Reserva como “milicia nacional bolivariana”. Esa misma planteaba la politización de la FAN al definirla como “cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista”. En su artículo 11 le entregaba al Presidente de la República el poder de “decretar Regiones Estratégicas de Defensa (...) en cualquier parte del territorio”. La propuesta fue derrotada en referéndum pero la política de militarización y el proyecto totalitario siguieron avanzando.

En 2008, Carlos Freites Reyes, Comandante de la Milicia Nacional, aseguró que los miembros de los Consejos Comunales pertenecerían a estas unidades militarizadas, proyectándose el adiestramiento de cincuenta mil consejos comunales en una década.

La imagen militarista
En 2009 se aprueba una Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, creando “Cuerpos de combatientes” en las empresas públicas y privadas, para “asegurar la integridad y operatividad de las instituciones”. Se incorpora en el artículo 5 de la reforma a la Milicia como componente de la FANB.

En mayo el diputado Ulises Daal, miembro de la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional y redactor de la Ley de Propiedad Social, propuso la obligatoriedad de recibir instrucción militar para quienes sean parte de las estructuras productivas de Propiedad social. El 27 de septiembre de 2009 el Presidente Chávez ordena la creación de milicias campesinas.

En 2010, Jacqueline Faría, jefa de Gobierno del Distrito Capital, promueve la formación de “guerrillas comunicacionales”, unidades de 25 jóvenes estudiantes, con indumentarias y códigos militares-guerrilleros para fortalecer una “hegemonía comunicacional” del Estado. El 11 de abril de 2010 se juramentaron en Caracas 35 mil milicianos para la “defensa de la soberanía”, se proyectaba la formación de doscientos mil para finales de ese año.

El Alto Mando militar despide a Chávez
Casi un año después, el 24 de marzo de 2011 se aprueba el “Plan Integral de Educación Militar” que establece como “eje integrador del Sistema Educativo Nacional” la denominada “Educación para la Defensa Integral”.

El 25 de octubre indígenas del Estado Bolívar retienen a 19 militares que estaban realizando actividades de minería ilegal. Seis líderes indígenas, incluyendo a Alexis Romero, empiezan a ser juzgados por tribunales militares.

El 21 de noviembre Chávez propone la creación de “milicias estudiantiles”, solicitando incorporar entre los objetivos del “Polo Patriótico Estudiantil”, temas como los de la defensa territorial, incorporando a estudiantes a las “milicias territoriales”.

Según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI), durante 2011 Venezuela llegó a ser el país latinoamericano que más gastó en armamentos, con 560 millones de dólares.

Maduro: militarismo reforzado


Bajo el gobierno de Nicolás Maduro se hace costumbre tanto la denominación del Alto Mando Político de la Revolución como la calificación del proceso como de cívico-militar. Esto se confirma en la asignación del presupuesto. En 2013 el Ministerio de la Defensa se mantiene como la cuarta institución que más recibe dinero en el país. El incremento presente en el Presupuesto supera en conjunto los ministerios de alimentación, agricultura, vivienda, deporte, cultura, juventud, mujer, pueblos indígenas y Defensoría del Pueblo.

Con Maduro se fortalece aún más el militarismo
En mayo de 2013 Nicolás Maduro lanza el Plan “Patria Segura”, militarizando las labores de seguridad ciudadana. Ese mismo mes, durante un acto, Maduro ordena crear las milicias obreras, “uno o dos millones de obreros uniformados, armados, preparados para la defensa de la Patria”.

En una investigación de Eduardo Guzmán Pérez y Francine Jácome revelaron en diciembre de 2013 que alrededor de 1.614 militares de distintos rangos, entre activos y retirados, habían desempeñado o ejercían cargos en la Administración Pública. El 28 de diciembre de 2013 sale al aire la “Televisora de las Fuerzas Armadas”, incluida en la programación por cable.

En junio de 2014 circula la Gaceta Oficial 40.440 con la “Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación”, estableciendo la obligatoriedad de la inscripción en un registro militar.

El 5 de julio de 2014 el discurso de Vladimir Padrino López, Comandante Estratégico Operacional de la FANB, es saludado por altos dirigentes del oficialismo, como la ratificación de una nueva doctrina militar bolivariana para Venezuela, ratificando elementos autoritarios de tutelaje sobre la sociedad, ocultos bajo la confusa terminología del pueblo-soldado y de la noción de la guerra de “todo el pueblo”, asimismo apeló a conceptos de guerra interna contra la disidencia política.


En el mismo mes de julio de 2014 el Comité de Derechos Humanos de La Guajira se pronunció contra la militarización de los territorios indígenas del Zulia bajo la excusa de la “lucha contra el contrabando”.

En febrero de 2015 se promulga la Resolución 8.610 del Ministerio de Defensa, reglamentando la represión militar contra las manifestaciones públicas, permitiendo el uso de la fuerza letal. El proceso de securitización avanza a pasos agigantados con este documento, que ratifica a la Fuerza Armada como responsable del mantenimiento del orden público. En el mismo mes de febrero se publica un Reglamento de Contrainteligencia que permite la búsqueda de enemigos internos entre los ciudadanos, en el marco de una nueva política militar.

Una Asamblea Nacional verde olivo
Un gobierno que pierde rápidamente su popularidad, sin contar con un mínimo de solidez institucional, con una escasa gobernabilidad, está tentado de colocarse bajo la tutela de la Fuerza Armada. Esta debilidad de Nicolás Maduro ha contribuido al fortalecimiento del militarismo bajo su gobierno.

Hoy en día tenemos un Presidente de la Asamblea Nacional que es militar, y que trata al Parlamento como si fuera un cuartel. Dentro del Poder Legislativo tenemos muchos representantes que son militares. Tenemos más de una docena de gobernadores de origen militar, desde Zulia hasta Nueva Esparta y Bolívar, pasando por Táchira, Vargas, Guárico, Carabobo, etc., así como otros tantos alcaldes, confirmando la militarización del poder.

Los militares tienen el control de las aduanas, como parte de la supuesta lucha contra la “guerra económica” han incrementado su presencia y poder en la distribución de alimentos en todo el territorio nacional. Si a eso sumamos la impunidad con la que actúan el escenario está montado para la expansión de la corrupción y la arbitrariedad. Esto nos lleva al viejo adagio latino de Juvenal: ¿Quién vigila a los vigilantes? (Quis custodiet ipsos custodes).

El proyecto democrático: Venezuela, una República

El aparato represivo en el poder
Desde 1983, pasando por 1992 y 1998, por la crisis de 2002 y la radicalización del período 2005-2010, el proyecto militarista, vinculado a los “Comandantes del 4 de febrero”, fue avanzando en su implantación de un sistema de tutelaje militar sobre la sociedad, debilitando a todas las fuerzas que podían limitar la concentración de poder.


A lo largo del siglo XX la lucha entre el proyecto nacional democrático y el militarismo recorre no solo la historia venezolana sino toda la historia de América Latina. La decadencia de los partidos políticos, el debilitamiento institucional del Estado venezolano, es el trágico correlato de la entronización del proyecto militarista a principios del siglo XXI. Devolver a los militares a los cuarteles, caminar de nuevo hacia la civilización del poder, será uno de los retos fundamentales de la transición a la democracia en Venezuela.

viernes, 10 de abril de 2015

Ysrrael Camero: el gobierno privatizó al Estado y estatizó la economía

En rueda de prensa denunciando el empobrecimiento y la corrupción
Venezuela, en el marco de la Cumbre de Las Américas cuyo tema es la “Prosperidad y la Equidad”, se presenta con un evidente aumento de la pobreza y con mayores niveles de exclusión social. Este empobrecimiento se vincula con el saqueo a los fondos públicos derivado de la corrupción gubernamental, ya que “privatizaron al Estado para entregárselo a una pequeña elite, mientras estatizaban la economía, ahora el pueblo lo paga con pobreza y escasez”.

Así lo manifestó el Secretario Nacional de Políticas Públicas de Un Nuevo Tiempo, Ysrrael Camero, en rueda de prensa, donde aseguró que la escasez que se vive en Venezuela y la destrucción de la producción nacional deriva en gran parte de la generalizada corrupción.



“Presentamos las cifras de un saqueo, de una depredación de los recursos públicos, de la corrupción que se ha entronizado en el país, y de la manera en que esto se ha traducido en pobreza y exclusión”.

Inmensos ingresos petroleros saqueados
Destacó que Venezuela se encuentra en el puesto 161 de 179 en el índice de Percepción de Corrupción de 2014, habiendo estado en el puesto 160 en 2013, y en el 165 en 2012, evidenciándose como uno de los países más corruptos del mundo, y el más corrupto del continente americano.

“Generalmente la corrupción es vista como un problema periférico en las sociedades. En el caso venezolano la corrupción, el robo y el saqueo de los recursos públicos es consustancial con el modelo político y económico que este gobierno desarrolla, que se ha convertido en el saqueo general de los recursos de los venezolanos”.

Afirmó Ysrrael Camero que desde 1999 este gobierno ha destruido cualquier institución que se podía dedicar a limitar al poder y a controlar la corrupción. “Destruyeron la Contraloría General de la República, la capacidad contralora de la Asamblea Nacional, la autonomía del Tribunal Supremo de Justicia y, en la medida en que construyeron un poder centralizado sin ningún tipo de  control, el gobierno se convirtió en el principal promotor de la corrupción”.



Aseguró que la destrucción del Poder Judicial contribuyó a la impunidad y una muestra de ello es lo que se publicó en el informe anual de la Fiscalía General de la República, presentado ante la Asamblea Nacional, donde se puede constatar que en el año 2014, en materia de corrupción, se registró 97,7 por ciento de impunidad.

El chavismo privatizó al Estado
“Por otro lado la política de controles económicos ha creado una inmensa madeja de trabas y alcabalas que estimulan la corrupción. Detrás de cada alcabala de control hay un funcionario corrupto buscando su tajada”.

Indicó que, de acuerdo a cifras del propio gobierno, entre 1999 y 2014 el país ha recibido solo por ingresos petroleros más de 972 mil millones de dólares, hasta 2012 el país percibió por ingresos totales más de un billón 295 mil millones de dólares, recursos que fueron dilapidados en corrupción.

“Rompieron la unidad del tesoro y del presupuesto nacional, crearon un presupuesto paralelo y empezaron a desarrollar y desatar fondos paralelos fuera del control parlamentario y ciudadano. ¿Qué hicieron con esos reales? Dilapidados a espaldas del pueblo. Eliminaron las licitaciones públicas, sustituyéndolas por adjudicaciones a dedo, para enriquecer a sus amigos y aliados”.

Sin un cambio político la corrupción no se reducirá
Recordó algunos casos emblemáticos para demostrar que la corrupción no es un accidente dentro de este gobierno, sino una práctica regular: el Plan Bolívar 2000, con 150 millones de dólares desaparecidos; el caso PDVAL, donde se perdieron 120 mil toneladas de alimentos, una pérdida de 2.200 millones de dólares. La compra de equipos eléctricos, por asignación directa y con un sobreprecio estimado entre 350 y 403,7 millones de dólares.

“Con CADIVI no estamos hablando solo de los 25 mil millones denunciados por Giordani, la cifra de lo saqueado puede elevarse hasta 259 mil millones de dólares”.

Finalmente, concluyó Camero que una pequeña elite se ha enriquecido de este sistema corrupto y corruptor, mientras la gran mayoría de la población se ha vuelto más dependiente, vulnerable y más pobre. “Privatizaron el Estado y estatizaron la economía. La corrupción es pobreza, y ambas cosas solo se podrán revertir cambiando al sistema y al modelo político”.

miércoles, 1 de abril de 2015

Reflexión a tres tiempos: los meandros críticos de la Modernidad

La modernidad como proyecto de autonomía humana
Aprovechamos esta semana para colocarnos en la frontera entre la reflexión histórica, la antropológica y la filosófica. Continuidad y cambio, persistencia y ruptura coexisten en toda dinámica de transformación histórica. Nada muere por completo, nada vive para siempre. El devenir de la historia humana puede ser percibido de manera diversa si se intenta recorrer las pervivencias escondidas bajo la superficie cambiante, así como podemos percibir las transformaciones que lucen evidentes.

El reto del cambio climático y de las fronteras de la civilización tecnológica, el auge del fundamentalismo religioso, la crisis de representatividad de las democracias otrora consolidadas, las crecientes desigualdades sociales y económicas, el cambio tecnoeconómico que supera las tradicionales fronteras estatales son fenómenos que nos hablan de tensiones en el proyecto histórico de la Modernidad que enfrentamos en la actualidad.

Los tiempos de la historia

Fernand Braudel
Es importante observar, más allá de los acontecimientos concretos, los movimientos profundos en diversos niveles. El historiador francés, Fernand Braudel señalaba, hace algunos años, en su “La historia y las ciencias sociales” que la historia humana se movía al mismo tiempo a tres velocidades distintas, repasemos un poco.

En la superficie se encuentran los acontecimientos concretos, la «histoire événementielle», que podemos seguir por titulares de prensa y por twitter, un caótico amasijo de informaciones que parecen relativamente aisladas o vinculadas con poco sentido y racionalidad, ascienden y caen los gobiernos, entran y salen ministros, emergen y se disuelven autodenominadas “revoluciones”. Si nos atenemos exclusivamente a este flujo entenderemos poco, siendo posible que pasemos abrumados del anonadamiento a la confusión, de la euforia a la depresión. Para afrontar este cúmulo caótico de información necesitamos percibir una segunda línea de tiempo por debajo de la plétora de acontecimientos, debemos atender a la coyuntura.

Las tendencias que pueden ser rastreadas a lo largo de un tiempo de mediana duración, lustros o décadas, suficiente tiempo para que lo percibamos cambiando a lo largo de nuestra vida, pueden ser percibidas como coyunturas. Probablemente la emergencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación, los cambios en la vida cotidiana vinculados a las nuevas redes sociales telemáticas, la explosión de internet, el vaivén geopolítico y geoconómico de Rusia, el crecimiento del precio del petróleo durante las últimas décadas, el despuntar de los BRICS, incluyendo el ascenso de China y de la economía del Pacífico, pueden ser percibidas como importantes coyunturas presentes. Son procesos, tendencias, que rastreamos debajo del titular, que los economistas y sociólogos perciben con facilidad. El ascenso y declive de la Venezuela petrolera puede ser percibida desde la perspectiva de la coyuntura histórica, desde el mediano plazo. Generalmente el grueso de las decisiones de inversión a largo plazo siguen de cerca estas coyunturas, la tendencia más que el acontecimiento.

Pero aún nos falta un tercer nivel de percepción histórica, debajo de la coyuntura se encuentra la estructura, el  magma de los cambios que se mueve bajo nuestros pies. Son tendencias seculares, que pueden ser rastreadas a lo largo de los siglos, las lentas transformaciones y las profundas permanencias, la continuidad cotidiana de las mentalidades, en este nivel el tiempo avanza con mucha lentitud, pero de manera inexorable, indetenible, como el agua que lentamente construye un cañón en la piedra, como el glaciar que penetra en la roca y crea montañas. En tiempos de la historia humana el proceso de ascenso de la civilización industrial, el proyecto histórico de la Modernidad, con su racionalidad paradójica, con su individuo soberano y su horizonte inalcanzable, con su vértigo, el ascenso y crisis del Estado Moderno como forma de organización del poder pueden ser vistos en este nivel de análisis.

La historia estructural, la lectura de largo plazo, nos lleva a percibirnos como Humanidad, nos obliga a vernos como humanos, porque las fronteras nacionales, las historias particulares de las sociedades, forman parte justamente de un tejido humano. A este nivel emergen, se desarrollan y desaparecen naciones, imperios, Estados, ciudades, etc.

Tener la capacidad de percibir al mismo tiempo los distintos niveles del tiempo histórico que se ocultan bajo el acontecimiento nos ayudará a comprender mejor la sociedad y sus cambios, encontrar nuestro lugar, nos ayuda a determinar el rol histórico que podemos desarrollar, nos ayuda a darle forma al caos, a obtener energía para superar las crisis, para colocar nuestras acciones en una dirección trascendente. De esta manera la conciencia histórica se articula con la conciencia política, la vocación por comprender y hacer comprender se enlaza con la vocación por transformar la realidad, por darle forma al futuro.

Modernidad, República, Democracia… y territorio

La democracia emergió en la polis
Quizás el proyecto democrático constituye la expresión más reciente de estas grandes macrotendencias, inserta dentro del proyecto histórico de la Modernidad, pero con personalidad propia, con su acumulada experiencia de procedimientos, de flujos y reflujos, que apenas acumula doscientos años de humano aprendizaje. El largo andar de la cultura autoritaria, que recorre dominante miles de años de la historia humana, es asimismo parte de una macrotendencia, viva aún entre nosotros. Esta historia nos acompaña hoy.

La crisis actual del paradigma de la democracia realmente existente se enmarca entonces dentro de una tensión fundamental del proyecto histórico de la modernidad, la construcción del sujeto moderno, la lucha humana por la autodeterminación y la autonomía, entendido como un proyecto colectivo de liberación, que hace del individuo racional, dueño de su destino, su meta y realización. Esa tensión se expresa también en la percepción del agotamiento del Estado como concentrador del poder humano hecho política.

La revolución democrática moderna tiene apenas dos siglos
No hay democracia, entendida como forma de ejercicio efectivo de poder marcada por la igualdad, sin una territorialidad vinculada. La transformación cultural, económica y social derivada del cambio tecnológico, lo que se denomina globalización, ha alterado la territorialidad tanto del poder real como de los sentidos de pertenencia. La modernidad ha avanzado a través de grandes movimientos colectivos, que expresan la vocación gregaria de la acción humana, incluso en la constitución de su sujeto individual, que se construye vinculado, no aislado.

¿Podrá la democracia realmente existente sobrevivir a la superación o agotamiento del Estado? ¿Pudo acaso superar el experimento democrático griego la disolución de la polis? ¿Pudo acaso la República romana superar la conversión de la urbe en orbe imperial? ¿Cómo puede avanzar el proceso de autodeterminación humana, de autonomía, al disolverse la territorialidad del ejercicio del poder? ¿Puede la democracia sobrevivir a las crecientes desigualdades económicas al convertirse ellas en un desigual acceso al poder efectivo, a la tecnología?

¿Crisis de la democracia o de la política?
La exploración de estas interrogantes nos lleva a ubicar mejor las luchas actuales, que serán las generadoras de las formas políticas, económicas y sociales del mundo futuro. Eso supera, pero integra, el drama concreto venezolano, insertándolo dentro de la lucha humana por la autodeterminación, proyecto que se expresa plenamente en la modernidad, en las nociones y prácticas de la República y de la ciudadanía democrática. Hacernos las preguntas correctas, explorarlas con la mente abierta, nos puede conducir a que el futuro que construyamos se parezca un poco más a nuestros sueños y un poco menos a nuestras pesadillas.

lunes, 16 de marzo de 2015

El perverso encanto de las Habilitantes

Una Ley Habilitante contra el ciudadano
La Ley Habilitante recién aprobada parece anunciar tiempos oscuros para las libertades de los venezolanos, al abrir paso a nuevas leyes restrictivas que dotarán al poder del Estado de mayor capacidad para reprimir, perseguir, controlar, caminando hacia la inhabilitación efectiva de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos, de su autonomía. Se habilitó al poder establecido para ejercer un mayor control sobre la sociedad, restándole poder real al ciudadano para controlar al poder. Ese es el eje de la presente Ley Habilitante, pero también lo ha sido de todas las Leyes Habilitantes aprobadas desde 1999, en el marco de una estructura gubernamental cada vez más autoritaria.

La destrucción de las instituciones republicanas y de la democracia tiene en el vaciamiento del Poder Legislativo uno de sus elementos fundamentales. Entre 1999 y 2015 apelar recurrentemente al mecanismo de la Ley Habilitante no solo le ha servido al proyecto autoritario para legislar sin debatir de cara a una sociedad plural, sino también para ir destruyendo el papel del Parlamento como foro político de la Nación.

Las leyes habilitantes constituyen, en sí mismas, una perversión institucional, al colocar en manos del Ejecutivo atribuciones legislativas que son inherentes en una República al Parlamento. Luego de 1961 su existencia era justificada, generalmente, por la existencia de situaciones de emergencia, pero tanto su duración como su alcance estaban claramente delimitados.

Pero las Leyes Habilitantes han adquirido en Venezuela desde 1999 un carácter central en el avance autoritario del proyecto gubernamental sobre la sociedad. El papel que las habilitantes han jugado en la implantación del autoritarismo en Venezuela se ha sostenido sobre dos factores: la desaparición de la deliberación plural y el dominio del Ejecutivo sobre toda la estructura de poder.

En ese mismo sentido es interesante recorrer el tipo de leyes han sido impuestas por el Ejecutivo en el marco de las Leyes Habilitantes aprobadas desde 1999: emerge una legislación dedicada al control político y social, a la destrucción institucional y económica, leyes que se le imponen al país para darle forma sin su consentimiento, restringiendo libertades y derechos. De hecho, si rastreamos el origen político institucional de la actual crisis socioeconómica encontraremos un entramado absurdo de legislación, derivada del poder que la Asamblea entregó al Ejecutivo en el marco de las Habilitantes.

Otro factor importante ha sido descuidado a la hora de discutir el problema de las Leyes Habilitantes. El debate, la deliberación, se inicia únicamente luego de que las leyes han sido promulgadas y publicadas, por lo que no hay manera de que la opinión pública o incluso la representación ciudadana plural existente en la Asamblea Nacional, le den forma a las normas.

Debilitar al Parlamento, debilitar a la democracia

Leyes Habilitantes para debilitar a la Asamblea Nacional
La anulación del Parlamento va más allá de la promulgación de las Leyes Habilitantes, forma parte de un proceso integral. Ya desde la Constituyente de 1999 el rol institucional del Parlamento se debilitó. Con el tránsito del Congreso Nacional a la Asamblea Nacional se puso fin a más de un siglo de bicameralidad con la eliminación del Senado. Se pervirtieron varios mecanismos de representación al mezclar en una sola cámara los principios de la representación poblacional y de “igualdad” entre los estados, consiguiendo una infrarrepresentación de Caracas y del Zulia y la sobrerrepresentación de Estados rurales, poblacionalmente débiles pero dominados por el gobierno nacional. En el mismo sentido se debilitó el principio de la representación proporcional al minimizar las listas, avanzar en nominalidad y eliminar el cociente nacional.

La reducción del número de representantes en el Poder Legislativo también es un factor a considerar en el debilitamiento buscado del Parlamento. Para 1999, en el extinto Congreso Nacional, teníamos 207 diputados y 57 senadores. En 2015 elegiremos la cantidad de 167 diputados a la Asamblea Nacional unicameral.

Una vez instalada la Asamblea Nacional los cambios impuestos por la mayoría oficialista al Reglamento Interior y de Debates contribuyeron al debilitamiento del Parlamento como foro político de la Nación, hasta desdibujarlo por completo. Esto ha sido un proceso gradual, a través del cual la minoría parlamentaria se ha visto arrinconada para ejercer plenamente sus funciones dentro del Poder Legislativo.

Por último, la inmunidad parlamentaria es una de las instituciones más importantes que salvaguarda el poder de la representación ciudadana en el que debe ser el foro nacional por excelencia. Varios han sido los casos “ejemplarizantes” a través de los cuales se ha venido violentando dicha inmunidad. Desde el levantamiento a la inmunidad parlamentaria de Wilmer Azuaje en 2010 hasta la defenestración de María Corina Machado y la renuncia de Juan Carlos Caldera en 2014, la institución de la inmunidad parlamentaria también se ha debilitado.

El legado habilitado: autoritarismo, centralización y empobrecimiento

Desde 1999 las Habilitantes tienen otro sentido
Desde 1999 se aprobaron cinco leyes habilitantes, las cuales han tenido una vigencia conjunta de cinco años y medio, a partir de estas leyes el Ejecutivo Nacional emitió la cantidad de 323 decretos. Cada una de estas Habilitantes se promulgó en un contexto distinto, pero con cada nueva ola de decretos-ley se reforzaban los rasgos autoritarios y de control socioeconómico del régimen y del sistema, como veremos a continuación.

El 23 de marzo de 1999 el Presidente Chávez recibió su primera Ley Habilitante de manos del Congreso Nacional, la que salió publicada en Gaceta el 16 de abril, con una vigencia de seis meses y medio, con el objetivo declarado de legislar por decreto en materia económica y financiera para enfrentar la crisis. Bajo la vigencia de esta Ley fue creado en Fondo Único Social, institución que asimiló todos los programas sociales en una estructura que alimentó uno de los primeros escándalos de corrupción del gobierno de Hugo Chávez, que implicaba directamente a militares en la gestión social.

En noviembre de 2000 la Asamblea Nacional le entregó al Presidente Chávez una nueva Ley Habilitante. Bajo su vigencia el Ejecutivo promulgó 49 decretos ley, incluyendo la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley de Pesca, Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, Ley General de Puertos y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. La legislación aprobada bajo el marco de esta Habilitante fue factor fundamental en los conflictos que derivaron en la crisis de abril de 2002.

En enero de 2007 la Asamblea promulgó una nueva Ley Habilitante, a pesar de contar el oficialismo con una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Bajo esta Ley se emiten 20 decretos durante 2007, incluyendo la famosa Reconversión Monetaria, la reorganización del sector eléctrico, una “Ley Especial de defensa popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte al consumo de alimentos y productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios”; durante 2008 el Presidente emitió 44 nuevas leyes, incluyendo la “ley sapo” o “Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contra Inteligencia”, que fue derogada apenas un mes después de su promulgación; finalmente, bajo esta misma Habilitante fue promulgada una nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional y una Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.

Usando como excusa los desastres naturales derivados de las lluvias, el 17 de diciembre de 2010, luego de perder los dos tercios de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias, el oficialismo entregó otra amplia Ley Habilitante el Presidente Chávez. Con esta se volvió a reformar la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, se crea una “contribución especial por precios extraordinarios y precios exorbitantes en el mercado internacional de los hidrocarburos”, con lo que violentó al BCV, se reformó la Ley del Trabajo, se legisló en materia de tierras urbanas, se estableció un justiprecio en caso de expropiación para terrenos con destino de vivienda, se estatizó por completo la explotación del oro.


Bajo la crítica Presidencia de Nicolás Maduro se aprobó una primera Ley Habilitante el 8 de octubre de 2013, cuyo desarrollo jurídico también fue polémico por su carácter autoritario y empobrecedor para los venezolanos. El texto del instrumento jurídico señalaba que la lucha contra la “corrupción” y la “defensa de la economía” eran los ámbitos de acción legislativa habilitados para el Presidente. Pero las leyes aprobadas bajo su vigencia crearon más alcabalas burocráticas y colocaron más trabas al funcionamiento de la economía, contribuyendo a la recesión y generando más incentivos para la corrupción, la aprobación por Decreto de la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria pretendía seguir avanzando en el terreno inconstitucional y antidemocrático del denominado Estado Comunal.


Las Leyes Habilitantes han servido para construir, sin deliberación previa, sin un debate de cara a la opinión pública, un entramado jurídico autoritario, pleno de alcabalas, controles, que ha significado para los venezolanos opresión, privaciones y pérdida de su autonomía vital, en resumen un retroceso en materia de ciudadanía y democracia.

¿Habilitado para “luchar contra el Imperialismo”?

¿Habilitados? ¿Hábiles?
Pero la Ley Habilitante aprobada en 2015 reviste tintes incluso mucho más peligrosos para los venezolanos, porque el ámbito de su aplicación se extiende al ejercicio efectivo de los derechos y libertades ciudadanas, en un contexto marcado por la retórica paranoide, por la persecución abierta contra la disidencia política y social y por la represión militar desatada.

La nomenklatura que controla al gobierno sabe que no puede ni sabe enfrentar con eficiencia la crisis económica, conoce también que esa incapacidad los está llevando a pagar un alto costo político que se expresa en una caída en la popularidad, intuyen que de continuar ese proceso se dirigen a una derrota en las elecciones parlamentarias.

Ante eso, usan la burda excusa de la lucha contra el “imperialismo”, para entregar nuevos poderes especiales a un Presidente que se ha mostrado incapaz de enfrentar la crisis económica y social que sufren los venezolanos. Con esta nueva Ley Habilitante se abre la puerta para una mayor represión contra la disidencia política, para vulnerar libertades fundamentales en nombre de la “paz” y de la “soberanía nacional”, tratando como “enemigos internos” a quienes luchan por un cambio político democrático, y a los ciudadanos que, legítimamente indignados, pretendan ejercer su derecho a la protesta.


Pretender decretar leyes a espaldas del país, a espaldas de la opinión pública, evadiendo la deliberación democrática, es un acto abiertamente autoritario más propio de monarquías absolutas que de un gobierno republicano. Apelar al chantaje nacionalista, argumentando la inminencia de un supuesto “ataque imperial”, es un nuevo acto irresponsable de manipulación política y evasión al que debemos responder con firmeza y templanza. Hemos de estar alerta respecto a cualquier decreto presidencial que restrinja el ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de los venezolanos.

Habilitar a la Asamblea Nacional, habilitar al ciudadano

Rescatar al Parlamento
De esta manera hemos de mantener el pulso firme hacia las elecciones parlamentarias. No solo para rescatar a la Asamblea Nacional como foro político de la comunidad nacional venezolana, como instrumento del pueblo venezolano para controlar al poder y normar nuestra vida en común, sino también como espacio plural para impulsar cambios efectivos en el poder.

Venezuela se encuentra en una difícil encrucijada. De un lado tenemos a la nomenklatura que ha venido destruyendo las instituciones políticas, sociales y económicas que forman el tejido de la comunidad nacional venezolana, a quienes han destruido a la Asamblea Nacional como Poder Legislativo, como cuerpo deliberante y como Parlamento. Ellos hoy pretenden cubrirse con el manto republicano de la Nación para ocultar su corrupción y autoritarismo. Esta nomenklatura pretende conservar el poder total sobre la sociedad de manera permanente, impidiendo el cambio. Ellos aprueban la Habilitante para inhabilitar al ciudadano.

Del otro lado nos encontramos las grandes mayorías nacionales, embarcados en la tarea de construir un cambio político que nos permita caminar reconciliados, plurales, distintos, diversos. Quienes estamos convencidos de que hay que habilitar efectivamente al ciudadano, para que sea dueño de su propia vida, con autonomía. Quienes defendemos la institución parlamentaria, la necesidad de rescatar la deliberación pública, rescatar a la Asamblea Nacional como el foro político de la comunidad nacional.

El cambio pasa por una mudanza en la correlación y en el funcionamiento del poder, las elecciones parlamentarias son la coyuntura privilegiada de esa transformación, para que nunca más la Habilitación de un Presidente se convierta en la inhabilitación de toda la sociedad. Unidad, esperanza, templanza y firmeza son las claves del hoy para construir el mañana.