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sábado, 29 de julio de 2017

¿De qué tipo de Constituyente estamos hablando?

En el mejor de los casos, una Constitución ha de ser la forma más elevada de pacto social entre los ciudadanos. Debería contener el armazón institucional, el conjunto de reglas comunes, que rigen el funcionamiento del poder en una sociedad, por lo que constituye el supremo manual de procedimientos que rige a una comunidad, estableciendo también derechos y deberes de los ciudadanos, lo que coloca tanto un límite claro como un cauce de acción al poder.

En la tradición latina también ha de establecer un horizonte hacia el cual esta sociedad pretende moverse en un determinado momento. Por eso en ocasiones nuestras constituciones parece ser también una carta de deseos, que expresa aquella agenda de luchas de diversos sectores sociales presentes en el momento de su redacción.

Cada ley expresa, jurídicamente, un momento específico de una lucha social y política, refleja un mapa de fuerzas concreto, que sigue en movimiento luego de su proclamación. Evidentemente, en el marco de esa tensión de fuerzas, expresa una Constitución un proyecto de poder, que dirige una elite específica, que tiene unas relaciones concretas con los otros sectores de la sociedad, de tensión, de cooperación, de conflicto.

Son esas relaciones las que determinan la legitimidad efectiva de esa Carta Magna, de cuya legitimidad emerge también la mayor o menor sostenibilidad del régimen constitucional. La sostenibilidad puede expresarse no solo en términos de durabilidad temporal, sino también en términos de vigencia efectiva. ¿Se cumple efectivamente lo establecido en la Constitución o es papel mojado acumulado en una biblioteca?

Un largo camino hacia la constitucionalización del poder

La constitucionalización del poder es un logro reciente en la historia de la humanidad, y fue un logro caro de conseguir. Meter el poder real dentro de una Constitución, costó sangre, sudor y lágrimas de varias generaciones en todas las latitudes.

La Carta Magna de 1215 marcó una obligación del poder
La Carta Magna de 1215 en Inglaterra pretendió poner un límite al poder del monarca, que se vio obligado a reconocer por escrito la legitimidad de los privilegios y "derechos" de la nobleza inglesa. Más de cuatro siglos después de una guerra civil emergió el Parlamentarismo británico, que no ha dejado de tener transformaciones desde entonces.

Un salto cualitativo realizó la humanidad en este proceso de constitucionalización del poder durante la denominada era de la revolución. La noción de revolución se encontró atada a la de Constitución.

La guerra de independencia de las trece colonias inglesas del norte de América, iniciada en 1776, derivó en uno de los más fructíferos debates sobre República, Revolución y Constitución. La Constitución de los nacientes Estados Unidos de América representó una ruptura trascendental en el funcionamiento del poder. El debate que podemos observar en El Federalista, nos habla de las tensiones y dificultades que la creación de este extraordinario artefacto implicó, el nacimiento de una innovadora República, que se convirtió en una especie de síntesis civilizatoria y de proyecto ilustrado.

El crisol de la Revolución Francesa se expresó constitucionalmente
La Revolución Francesa también pretendió avanzar en términos de constitucionalidad moderna. La Constitución de 1791 intentó meter al Rey dentro de la Ley, avanzando hacia una monarquía constitucional. La traición real derivó en la radicalización de la Revolución de la que emergió la Constitución republicana de 1793.

El laboratorio constitucional americano

La más antigua: Estados Unidos de América
El continente americano ha sido laboratorio privilegiado del debate republicano y constitucional desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XXI. Tanto el ejemplo de Estados Unidos como el francés constituyeron los hitos fundamentales en el debate constitucional vinculado con las luchas por la independencia hispanoamericana, a los que debemos agregar el legado hispano expresado en la carta gaditana de 1812.

A pesar de que la Constitución de Estados Unidos es la más antigua del mundo el régimen político estadounidense ha venido evolucionando a lo largo de doscientos años, lo que ha derivado tanto en enmiendas constitucionales de trascendental importancia, como la prohibición de la esclavitud y la consagración de la igualdad efectiva de los derechos civiles, como en decisiones de la Corte Suprema de Justicia que han alterado el funcionamiento institucional de manera sustantiva. No es un sistema constitucional inmune a los cambios.

La "Pepa" de Cádiz de 1812
En la medida en que se consolidaba la ruptura con España y se iban configurando las modernas repúblicas americanas una sucesión de constituciones expresaron el debate fundacional en torno a las nuevas naciones, la confrontación entre federalismo y centralismo, la lucha por la expansión de la ciudadanía, el debate en torno a la noción misma de República, la aparición de los derechos económicos y sociales. 

El debate ideológico, entre liberales y conservadores, entre federales y centralistas, entre socialistas, socialdemócratas y democristianos, coexistía con las realidades fácticas de las relaciones de poder concreto, con los caudillos e Imperios, con la Iglesia Católica y los representantes de capitales cada vez más globalizado.

De este mapa de tensiones e influencias fueron emergiendo distintos ciclos de constituciones. Del constitucionalismo liberal conservador se fue evolucionando a uno democrático y social, consagrando la ampliación de los derechos de ciudadanía y el nuevo rol del Estado que se desarrolló al mismo ritmo en que la lucha por la democracia. El siglo de la lucha democrática fue también el de la lucha por mayores derechos sociales y económicos, hasta concebirse popularmente en una sola exigencia.

México, 1917: constitucionalismo social
De la Constitución argentina de 1853, con clara influencia estadounidense, a la Constitución mexicana de 1917, derivada de una agenda revolucionaria propia del siglo XX y la de más dilatada duración en Hispanoamérica, se expresa ese nuevo mapa de fuerzas, con sus consensos y disensos nuevos.

El tránsito constitucional de la República en Venezuela

Venezuela, 1811: nuestro propio camino
En esa búsqueda de culpables, tan común a los períodos de crisis, se ha hecho regular enfocar un argumento que hablaría de nuestra volatilidad institucional, Venezuela ha estado regida por 25 constituciones. Pero, ¿Esto es realmente así? ¿Podemos colocar en al mismo nivel, en el rango de leyes fundamentales que nos han regido, el capricho despótico de Cipriano Castro que generó una nueva Constitución en 1904 de la Constitución Federal de 1864?, ¿Podemos entender el lugar histórico de la Constitución democrática de 1947 con la Constitución de la dictadura de 1953?

Es así que es necesario saber clasificar nuestras constituciones para colocar en su sitio el proceso constituyente que, írritamente, ha sido iniciado por Nicolás Maduro como acción de emergencia en medio de la crisis política de 2017.

A lo largo de dos siglos de vida republicana Venezuela ha estado regida, ordenada, organizada, alrededor de tres tipos de constituciones. Estas podrían ser clasificadas de acuerdo a su vigencia efectiva, a su trascendencia histórica y a su relación con el debate que se estaba dando en la esfera pública venezolana en el momento de su promulgación.

Hay Constituciones que son pivotes del debate político venezolano. Bien son parteaguas de cambios trascendentales en el proyecto nacional venezolano, cierran un debate iniciado en tiempos previos, completándolo, o inician un nuevo período de luchas.

Venezuela, 1840
Acá debemos mencionar aquellas que constituyen cinco hitos fundamentales. La Constitución de 1811 que consagró la separación de España. La Constitución de 1830, que nos separó de Colombia y nos consagró como República y trajo consigo grandes definiciones en materia de ciudadanía y de Estado laico. La Constitución Federal de 1864, que consagró la autonomía de los estados, los derechos de primera generación, y se constituyó en la cúspide del proyecto liberal. La Constitución de 1947, la primera que consagró la expansión de la plena ciudadanía universal, dando un salto cualitativo hacia la democracia, avanzando al mismo tiempo en materia de derechos económicos y sociales. Por último, la Constitución de 1961, que consagró un gran pacto nacional en torno a la democracia.

Entre estas se encuentran las dos cartas magnas de mayor longevidad en nuestra historia republicana, la de 1830 que duró 27 años y la de 1961 que alcanzó una vigencia de 38 años. Ambas fueron fruto de un gran consenso en la esfera pública nacional. La de 1830 se construyó sobre un acuerdo en la elite que emergía de la guerra de independencia, que puede verse en la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País. La de 1961 fue fruto de tres décadas de lucha por la democracia, y de un conjunto amplio de acuerdos políticos, sociales y económicos que cubrió al espectro político venezolano, desde el Partido Comunista hasta COPEI. A mayor consenso mayores probabilidades de gobernabilidad y estabilidad del régimen constitucional.

1961: democracia y consenso
Por otro lado tenemos un conjunto de constituciones de transición, es decir, son expresión jurídica de debates que se están dando en la sociedad, pero, como instrumento constitucional, no ejecutan el cierre satisfactorio de la contienda política, no consiguen construir a su alrededor un consenso que las haga operativas y estables. Generalmente se encuentra entre una Constitución pivote y otra, son tomadas como precedente importante para la construcción de los acuerdos constitucionales futuros.

La Ley Fundamental de Colombia de 1819, así como la Constitución de Cúcuta de 1821, importantes documentos ambos, no consiguieron garantizar un mínimo de estabilidad política. Son las constituciones colombianas de la guerra de independencia, y el marco de su duración está marcado por el proceso bélico.

La Constitución de 1858, que pretendía reconstruir el consenso fundacional del treinta, y que tuvo importantes avances, como la elección directa y universal masculina del Presidente, y la constitucionalización de la abolición de la esclavitud, no logró superar el quiebre entre liberales-federales y conservadores centralistas, respecto a la forma de Estado. La Convención de Valencia que la redactó constituyó el prólogo a la Guerra Federal. Siendo esta una de los pactos constitucionales más frustrantes de la historia venezolana.

De igual manera la reforma constitucional de 1891, que pretendía resolver las deficiencias institucionales derivadas del autoritarismo guzmancista terminó en una nueva frustración. La Revolución Legalista que puso fin a la vigencia de esa carta magna, derivó en la redacción de una nueva Constitución en 1893. Una constitución cuyos avances estaban enmarcados bajo la sombra de un caudillo como Joaquín Crespo. Las reformas constitucionales de 1936 y 1945 constituyen documentos de transición entre el régimen autoritario que está menguando y la política democrática que empezaba a abrirse paso.

1864: la Federal
Finalmente, la Constitución ha sido usada por los caudillos como instrumento maleable de sus caprichos y apetencias, se han reformado y redactado para configurar reglas de juego coyunturales, no para limitar el poder sino para consolidarlo omnipotente.

Una larga lista de constituciones y reformas constitucionales en Venezuela han tenido ese origen. Podemos empezar por la Constitución de 1857, que permitió la reelección de José Tadeo Monagas. En 1874 y 1881 Antonio Guzmán Blanco impuso autoritariamente nuevas constituciones que redujeron el ámbito de la ciudadanía en Venezuela. Las Constituciones de Cipriano Castro, en 1901 y 1904, así como las promulgadas bajo el prolongado dominio gomecista en 1911, 1914, 1925 y 1928. La última dictadura militar del siglo XX también pretendió crear su propia estructura institucional con una Constituyente fraudulenta y con una nueva Constitución promulgada en 1953.

¿Y la Constitución de 1999 y la iniciativa constituyente de 2017?

1999: ¿de transición?
Efectivamente, en la lista anterior nos falta ubicar el lugar de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999. A pesar de ser una Constitución construida en el marco de una hegemonía política, sin ser fruto de un consenso plural, derivó de un proceso amplio de consulta popular. La convocatoria a la ANC derivó de un referéndum popular, y de una elección universal y directa de los diputados. El texto constitucional fue luego aprobado en otro referéndum.

Para entender los orígenes y las características del debate constituyente de 1999 estamos obligados a retroceder quince años atrás. Luego del Viernes Negro de 1983 se expandió la convicción de que Venezuela requería un conjunto de reformas estructurales en el Estado, una profundización de la democracia y un cambio en la relación entre el Estado y el ciudadano. La creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado en 1984 generó un espacio propicio para dar estas discusiones.

Efectivamente, tanto en las discusiones de la COPRE como en los trabajos de la Comisión Caldera para la reforma de la Constitución podemos encontrar líneas fundamentales del debate que terminaría derivando en muchos aspectos presentes en la Constitución de 1999. Asimismo, la emergencia de un movimiento vecinal, de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, precedió el debate constituyente. Temas como la descentralización, la democracia directa, la democracia participativa, llenaron los espacios de la esfera pública antes de 1999, en un afán por democratizar la democracia. Al mismo tiempo, en paralelo, grupos de extrema izquierda y una logia militar militarista empezaban a discutir la necesidad de un nuevo Estado, dándole a ésta discusión un carácter fundacional.

De esa mixtura se nutrió el debate que se dio durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Orígenes distintos alimentaron un texto constitucional que no está exento de limitaciones y contradicciones, a la Federación descentralizada que se pretende impulsar se le cercena el Senado que garantizaba representación igualitaria de los Estados, a la vocación democratizadora se le impone un hiperpresidencialismo centralizador.

Esa contradicción nos invita a considerar la Constitución de 1999 un documento de transición, que expresa un estado de debate pero no lo culmina, no lo cierra. Hoy la Carta Magna goza de un apoyo amplio y diverso, que incluye a sectores que lo rechazaron en 1999, pero que la defendieron en 2007 y 2009, y que ahora la defienden frente a las intentos de imponer una Constituyente írrita en 2017.

La pretensión del gobierno de Nicolás Maduro de convocar una nueva Constituyente puede derivar en una prematura muerte para la Constitución de 1999, con los agravantes de, primero, hacerlo sin consultar al pueblo en referéndum y, segundo, imponerlo con una agenda de radicalización tan alejada de las exigencias y necesidades del país que probablemente contribuirá a agudizar las contradicciones y a incrementar la violencia. Una Constituyente elegida con unas bases comiciales artificialmente sectorizadas y con una representación territorial que distorsiona la distribución poblacional, será tan distinta a la configuración de la Venezuela real, de sus conflictos y organizaciones, que el fruto de esa Asamblea contaría con el rechazo absoluto de las grandes mayorías, no convocadas a la construcción del nuevo marco institucional que regiría su vida. Esto relegaría la Constitución de 1999 a la de ser una carta de transición, de un proceso que se inició en 1984 pero que se encuentra lejos de finalizar.

¿Y si la ANC redacta una nueva Constitución? Será una más de las cartas constitucionales vinculadas con la voluntad caprichosa de un tirano, con el despotismo desatado de un pequeño grupo. De esa manera, se alejan las posibilidades de seguir construyendo un futuro común. ¡Así no se puede!

(Artículo publicado originalmente en PolítikaUcab)

martes, 28 de febrero de 2017

Acercándonos a las crisis de la democracia en el siglo XXI

¿Cuál es el destino de este particular artefacto griego?
La democracia es un artefacto frágil pero brillante, cargado de múltiples virtudes, pero vulnerable y poroso frente a diversas amenazas. En el marco de la construcción de una sociedad abierta es un instrumento idóneo para garantizar la legitimidad del orden público, pero no consagra estabilidad porque se nutre de una incertidumbre fundamental: el poder está sometido al escrutinio público.

El matrimonio entre la antigua y polémica tradición democrática, con dos mil quinientos años de antigüedad, y la más reciente tradición liberal, con poco menos de dos centurias de experiencia, parece ser tan sólido que muchos han olvidado que fueron creados como dos artefactos distintos, ideados para resolver dos problemas diferentes en la sociedad. La democracia que responde a la pregunta del origen y fundamento del poder, el gobierno de los muchos, de las mayorías, del pueblo, de los ciudadanos. Y el liberalismo que se propone limitar el alcance del poder, de cualquier poder.

Una democracia rechazada por las elites desde sus inicios
No siempre ha tenido buena prensa la democracia. Los antiguos relatos sobre su génesis, sobre su primer experimento griego, han llegado a nosotros a través de sus críticos, desde filósofos como Platón y Aristóteles, hasta historiadores como Tucídides, pasando por dramaturgos y comediantes. En el mundo romano la vital participación del populus en el funcionamiento de la República resulta opacada en una literatura dominada por la clase senatorial. Efectivamente, las huellas escritas que han sobrevivido provenían en su mayoría de elites que veían con aprehensión la igualación inherente a la democracia, precondición para su funcionamiento, condición del concepto de ciudadanía.

Luego de un mutismo dilatado la democracia volvió a colocarse en la agenda del poder con las revoluciones y el inicio del derrumbe del orden tradicional, del Antiguo Régimen. La Revolución Inglesa de 1648, la Revolución Americana de 1776, la Revolución Francesa de 1789, y la emergencia de las repúblicas americanas entre 1810 y 1830, volvieron a traer los principios democráticos al fragor de una lucha por construir un nuevo orden más racional. El concepto de democracia compartía espacio en el debate público con la República, con el liberalismo, con la aparición de un orden constitucional, con una nueva manera de comprender la ciudadanía.

República, democracia y liberalismo: tres ideas
Es en este marco en el cual Huntington coloca su primera ola de democratización. Estos regímenes del siglo XIX no serían reconocibles como democráticos según los parámetros del siglo XXI, pero representaron impresionantes saltos cualitativos respecto a las testas coronadas que habían dominado Europa durante siglos. La soberanía popular, los nuevos regímenes representativos, abrieron paso a la construcción de un orden de arriba hacia abajo.

Las democracias que emergieron a partir de regímenes liberales como los de Inglaterra en el siglo XIX, o de sistemas republicanos, como los de Estados Unidos, estuvieron marcados por una lucha para ampliar la ciudadanía sobre instituciones previamente existentes, sobre el antiguo Parlamento, por ejemplo. Esta ampliación democratizadora de la ciudadanía no se dio sin resistencia, la incorporación de los obreros como ciudadanos activos, para elegir y ser elegidos, de las mujeres, costó sangre, sudor y lágrimas para los actores involucrados. En Estados Unidos no se completó el sistema sino hasta los años sesenta del siglo XX.

Nuevos actores le dieron novedosas formas a la democracia
La ampliación de la ciudadanía articuló la tradición democrática también con una nueva tradición socialista. En Europa continental el Estado liberal y la democracia tardaron más tiempo en consolidarse, la resistencia a vencer fue mucho más intensa, y requirió la integración de repertorios distintos, de agendas propias del siglo XX, que se sintetizaron con la agenda democrática y liberal del siglo precedente.

Cada generación amplía el repertorio
Tras la derrota del fascismo se consolidaron otro conjunto de regímenes democráticos en la Europa continental. El Estado de Bienestar se consideró un logro también de la democracia. Los derechos económicos y sociales, y un Estado activo en la consecución de nuevos progresos en la calidad de vida de los ciudadanos es consustancial con la política democrática de posguerra. De allí que mucho ciudadanos europeos consideren que cualquier vulneración al Estado social es un daño también al Estado democrático.

Más allá de importantes avances en el Cono Sur, la agenda democrática se abrió paso en América Latina luego de 1930, desarrollándose contra los regímenes oligárquicos consolidados desde fines del siglo XIX, y contra dictaduras patrimonialistas o militaristas. También en América Latina los avances en la construcción democrática combinaban la ampliación de la ciudadanía política y civil con crecientes exigencias de inclusión y de ampliación en ciudadanía económica y social.

A todas estas, la democracia era percibida como un logro colectivo, como fruto de luchas colectivas, que devenían en avances globales para la sociedad en concreto. Eran, en sí, expresiones del poder de la gente, y se sostenían sobre el poder de la gente. Durante el siglo XX, sobre la idea del poder del “hombre común”. Las instituciones, es decir las reglas de juego, permitían que el poder se encontrara igualmente repartido, para proteger a todos y a cada uno.
Así, son las exigencias que acompañan al movimiento pro democratización las que definirán que se entiende por democracia en una sociedad concreta. A esa definición, y a esas prácticas, es que hemos de referirnos al hablar de la crisis de la democracia, o el proceso de “desconsolidación” de las mismas a principios del siglo XXI.

Nuevos repertorios modificaron el concepto
Otro dato que es importante retener es la territorialidad de la democracia, la correlación existente entre una estatalidad y la democratización. El discurso democrático liberal, en su vertiente más dominante, hace énfasis en el funcionamiento del sistema democrático como sistema institucional de protección de los derechos frente al abuso del poder político, la resistencia contra el autoritarismo. Asimismo se incorporan las reglas institucionales que hacen posible la constitución misma del poder político sobre un territorio, las elecciones universales, libres, limpias, abiertas y competitivas. Pero hay un aspecto que ha venido descuidándose, al darse por descontado, más allá de la protección de los individuos frente al poder, la democracia es también una forma de ejercer el poder por parte de la ciudadanía.

Es aquí donde se nos atraviesa el tema de la globalización. El retroceso del Estado frente a los flujos económicos globales y la pérdida de control ciudadano sobre eventos que comprometen o marcan su propia existencia. La principal amenaza a la democracia viene de la sensación de impotencia del ciudadano. Sobre esta impotencia cabalgan nuevas formas autoritarias, usen ropaje populista o ropaje tecnocrático.

Flujos y reflujos contemporáneos

Grandes esperanzas
El derrumbe de la Unión Soviética en 1991 trajo consigo lo que pareció ser la mayor expansión de la democracia desde mediados del siglo XIX. La década de los noventa hizo pensar a algunos que, finalmente, la humanidad había descubierto la piedra filosofal en lo que se refería a regímenes políticos y modelos económicos: una democracia liberal y una economía libre. 

Simplemente era cuestión de tiempo para que el resto de la humanidad siguiera la ruta marcada por Estados Unidos y Europa Occidental. Esa fue la postura que hizo famoso a un neo-hegeliano Francis Fukuyama, quien apostaba por el “fin de la historia” y la consagración del orden liberal.

Pero el devenir de la historia nos llevó por derroteros distintos. Efectivamente la democracia se expandió como nunca antes, y durante los primeros años del siglo XXI logró la humanidad sacar de la pobreza a cientos de millones de personas.

Entonces, ¿por qué estamos hablando hoy de la crisis de la democracia? ¿Por qué se encuentra en el centro del debate el proceso de “des-consolidación” de las democracias tradicionalmente sólidas?

"Desconsolidación" de la democracia entre las nuevas generaciones
El tema de la apatía cívica, en el debate contemporáneo, tenía dos acercamientos. Tendía a percibirse como un algo normal e inofensivo dentro de las democracias consolidadas con economías modernas, sólidas y estables. En la medida en que el sistema democrático se consolida la política parece normal que la política pierde importancia cotidiana para la mayor parte de la sociedad. Hay quienes podrían considerar este proceso hasta sano, al colocar el funcionamiento de la institucionalidad política en manos de especialistas, tecnócratas u hombre de aparato, expertos en procesar demandas y convertirlas en políticas públicas. En las democracias no-consolidadas podía verse como un proceso crítico, pero subsanable con campañas cívicas, con reformas que profundizaran la democracia y descentralizaran el proceso de construcción de las políticas públicas.

Pero el autoritarismo no desapareció del espectro político. Asumió un nuevo ropaje, emergieron regímenes híbridos de diverso tipo, hasta llegar a cubrir a un tercio de la humanidad.

El autoritarismo también se reinventa
La crisis del 2008 llevó la amenaza al centro del sistema, y la respuesta llamó la atención. La tensión entre la globalización planetaria y las democracias, territorialmente establecidas, empezó a expresarse en dramas concretos.

Recordemos algunos hechos. Durante 2011 las instituciones europeas presionan a gobiernos concretos de la Europa meridional, determinando cambios más allá de los mecanismos democráticos. El caso de la selección de Mario Monti como Jefe de Gobierno en Italia, en noviembre de 2011 podría ser un ejemplo, su mérito fundamental era su experiencia no-partidista en instituciones europeas. En otro sentido, pero similar, se realizó una reforma, con aprobación bipartita, a la Constitución española de 1978, esta presionada por las instituciones europeas en el mismo año 2011.

Las movilizaciones de jóvenes en Estados Unidos y en Europa, en el marco de la crisis financiera, no son un tema menor. Más allá del tema antiglobalización hay un llamado de atención al establishment político y económico. De allí la emergencia de la apuesta populista, bien sea de izquierda o de derecha, el impacto de su reclamo expresa una crítica a la brecha entre los representados y sus representantes.

Los progresistas buscaron su ruptura con el establishment
En los sectores progresistas hubo búsqueda de salidas que disputaran el dominio de la política al establishment tradicional. Recordemos que Barack Obama llegó a la Presidencia como una alternativa crítica, candidaturas como las de Bernie Sanders en EEUU y Jeremy Corbin en el Reino Unido eran expresión de esta búsqueda.

El ala derecha, conservadora, también presentó sus representantes rupturistas, con una agenda distinta, culturalmente reaccionaria, tradicionalista, con rasgos xenófobos, anti inmigrantes y anti musulmanes. Reclamando el retorno a una sociedad imaginada como homogénea y pacífica, lo que no es sino una recreación idealizada de un pasado que nunca existió. Donald Trump es la expresión más acabada de este populismo reaccionario.

Lo que se trasluce detrás de toda la onda populista es la crítica a la brecha existente entre los ciudadanos y el establishment, así como también una crítica a las incapacidades de la política para darle poder al ciudadano sobre los cambios que está viviendo. Una creciente cantidad de ciudadanos han sentido una pérdida de poder sobre sus vidas y sobre su futuro. Esto se encuentra en el centro de la agenda democrática.

Un nuevo pacto fundacional
Es hora de repensar una renovación de votos para el matrimonio entre el liberalismo y la democracia. No es posible la preservación de la democracia sin instituciones liberales, pero lo inverso también es cierto, el derrumbe de la democracia arrastra tras de sí a la institucionalidad liberal. El poder del ciudadano para controlar su vida y su destino va más allá de las reglas del mercado, es un asunto de política democrática, de deliberación pública. No es el dominio exclusivo de técnicos y tecnócratas, no es privilegio de expertos, sino construcción colectiva, inclusiva.


Otro tema es asumir la relación entre estatalidad, territorialidad del poder democrático, y la autonomía de los flujos globales. Todas las democracias realmente existentes implican administración del poder en un territorio determinado, la consolidación del Estado moderno precedió su conversión en un Estado liberal y luego su democratización. El desmontaje del Estado moderno, en sus atribuciones, funciones e instrumentos, ha sido asimilado por la economía liberal pero ha generado un déficit en la política democrático. Sería recomendable reflexionar sobre una interrogante en dos sentidos: ¿Es posible globalizar la democracia? ¿Es posible democratizar la globalización?

domingo, 22 de enero de 2017

¿Cómo llevarlos a unas elecciones?


¿Tendremos elecciones? ¿Cuándo y cómo?
Grandes cuestiones en la vida humana dependen de hacer la pregunta correcta. Avanzamos más a partir de nuestras dudas que sobre nuestras certezas. Por eso decidí comenzar este escrito escudriñando alrededor de una interrogante fundamental para poner en claro el futuro inmediato de Venezuela.

El deslizamiento autocratizante


Desde las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 la dinámica del sistema político venezolano no ha dejado de fluir. Hasta hace poco tiempo podíamos caracterizar al régimen como un autoritarismo competitivo. Hoy la autocratización ha venido avanzando hasta eliminar los escasos rasgos competitivos del sistema, Venezuela está sumergida en un régimen autoritario que viola los Derechos Humanos, persigue y encarcela a la disidencia, controla los medios de comunicación y, finalmente, confisca el derecho de los venezolanos a votar.

Luego de que la oposición democrática obtuviera las dos terceras partes de la Asamblea Nacional el gobierno de Nicolás Maduro apretó el cerco, estableciendo un verdadero estado de sitio contra el Parlamento. Utilizando recursos judiciales, financieros, presupuestarios, políticos y fácticos obstaculizó el funcionamiento autónomo del Poder Legislativo impidiéndole legislar y controlar al poder. El apresamiento de un diputado en ejercicio, violando la inmunidad parlamentaria, fue el cruce de una nueva raya amarilla en la destrucción de la institución parlamentaria.

Tareck: radicalización y autocratización
Sabiendo que el chavismo, en las críticas condiciones actuales, no tiene capacidad de ganar ningún evento electoral, el gobierno tomó la arriesgada decisión de bloquear toda posibilidad de un referéndum revocatorio en 2016. Incluso fue más allá, violentando la Constitución, decidió evadir las elecciones regionales que debían realizarse a finales de año. En el mismo sentido varios voceros del chavismo, e incluso el mismo Presidente Maduro, han dejado deslizar una amenaza clara, en Venezuela no tendremos nuevas elecciones mientras no existan posibilidades de un triunfo chavista.

Utilizando un Comando Nacional Antigolpe, dominado por los militares, la recién estrenada vicepresidencia de Tareck El Aissami ha puesto en ejecución una arremetida autoritaria de amplio alcance. El SEBIN, policía política del régimen autoritario, protagoniza razzias contra opositores, siembra evidencias falsas contra disidentes, los secuestra y encarcela violentando derechos. El cerco se cierra sobre Venezuela.

El abismo que nos separa de las elecciones

 

Compromiso con la vía electoral
En esta circunstancia la pregunta que titula este artículo cobra especial vigencia. Desde la Mesa de Unidad Democrática los distintos factores de la oposición han impulsado un cambio político a través de medios pacíficos, democráticos, constitucionales y electorales. Esta estrategia, de acumulación de fuerza con expresión electoral, ha traído consigo importantes éxitos desde que se retomó la vía electoral en 2006. Pero la respuesta gubernamental ha sido autocratizarse más y más. Tras cada evento electoral el régimen se cierra sobre sí mismo, la elite gubernamental se atrinchera en el poder, y se bloquean los caminos que llevarían a su sustitución.

¿Qué es necesario para que sea posible una solución electoral de la crisis venezolana? ¿Qué garantía existe de que el gobierno convoque elecciones regionales y municipales en 2017? ¿Qué garantía existe de que convoque elecciones presidenciales en 2018? ¿Qué pasó con la convocatoria para el referéndum revocatorio presidencial?

Incluso podemos complejizar las preguntas, ¿qué garantías existen de que el gobierno permita la participación de la oposición en un evento electoral futuro? El manto de la ilegalización se cierne sobre las organizaciones políticas de la oposición venezolana, el Consejo Nacional Electoral y el TSJ tienen en sus manos la posibilidad de sacar del juego electoral a los partidos políticos que forman parte de la MUD. Inhabilitaciones políticas han caído sobre muchos dirigentes, nacionales, regionales y locales, la persecución obliga a muchos a esconderse o salir del país.

¿Seguirá Venezuela el mal ejemplo de Nicaragua?
¿Podría plantearse el gobierno convocar unas elecciones sin dejar participar a la oposición? ¿Servirá el mal ejemplo de Nicaragua de espejo para el futuro venezolano? Hay regímenes autoritarios que pretenden, en determinadas circunstancias, escoger su oposición, lanzando algunas a la ilegalidad, proscribiendo liderazgos, aupando otros. ¿Se planteará el chavismo un teatro de esa calidad para 2017 o para el 2018?

Si depende del gobierno en Venezuela no volveremos a tener elecciones libres, plurales, justas y limpias. La cuestión es lograr que no dependa del gobierno. El poder se basa en obligar a otro a hacer algo que, en principio, no quiere o no está dispuesto a hacer. Es allí donde la oposición democrática debe demostrar el ejercicio de su propio poder.

Factores desigualmente ambiguos


Hay quienes señalan que varios factores "obligarán" al gobierno, no solo a convocar elecciones, sino también a entregar el poder. Me permito tener dudas al respecto, pero vamos a repasar algunos de estos elementos catalizadores de un cambio político en Venezuela.

¿La crisis asegura el cambio político?
Primero, la crisis socioeconómica. Venezuela ha perdido en tres años la quinta parte de su producto interno, la inflación puede alcanzar dos mil por ciento en 2017, la destrucción de la capacidad productiva interna y la reducción sustancial de las importaciones han llevado el hambre a la vida de los venezolanos, multitudes escarban cada día en la basura buscando comida en todo el país. El gobierno aprovecha esta situación para distribuir la escasez a través de los CLAPS, que funcionan además como mecanismos de control político y social. La creación de un “carnet” para distribuir alimentos es un preocupante paso en la consolidación de todo un aparato para controlar a la población a partir de la manipulación de sus necesidades más básicas.

Pero la crisis económica, y la legítima protesta vinculada al hambre y al empobrecimiento generalizado, no obligan necesariamente a un gobierno a llamar a elecciones libres. Se requiere una correa de transmisión entre la protesta social y la movilización política. Eso no se da solo, eso debe construirse voluntariamente. ¿Cómo están esas correas de transmisión? ¿Cómo están los vínculos entre los distintos movimientos sociales que pueden hacer de la indignación ciudadana una presión que mueva las estructuras de poder hacia algo distinto que la consolidación autoritaria?

Segundo, la comunidad internacional. Se sostiene que, en el siglo XXI, no es posible la consolidación de un régimen autoritario, y mucho menos en el espacio latinoamericano. Suponen algunos que el proclamado compromiso con la democracia caería como pesado fardo sobre todo régimen que pretenda eternizarse de manera autoritaria.

El fracaso de la Primavera Árabe impulsó el conservadurismo
Lamento tener una percepción distinta. El amargo final de la Primavera Árabe en 2011 contribuyó a consolidar las visiones más conservadoras en los decisores de las políticas exteriores de los miembros de la comunidad internacional. En el siglo XXI vemos la aparición y consolidación de nuevas formas de autoritarismo, y parece haber una incómoda resignación frente a este hecho.

Luego del fracaso de 2011 las preocupaciones reales de la comunidad internacional son otras distintas a la democracia. En primer lugar, la seguridad, la estabilidad política y social, para evitar movilizaciones masivas de refugiados, como los que mueren de frío hoy tocando a las puertas de Europa, y para evitar la expansión del terrorismo o la generalización de los estados fallidos. En segundo lugar, las facilidades para realizar negocios, para garantizar crecimiento económico sostenido y ganancias crecientes para los inversionistas. Tras garantizar estas prioridades, si queda algún espacio, colocarán en lista a los derechos humanos, la democracia procedimental y el cambio climático. La diplomacia parece estar retornando a los criterios pragmáticos que la dominaron durante mucho tiempo.

Seguridad y negocios como prioridades
Eso significa que la comunidad internacional no hará nada que nosotros no hayamos construido internamente. No son un elemento sustitutivo de los actores internos, de las fuerzas vivas que estructuran a la sociedad. Esta perspectiva es clave para observar, por ejemplo, el papel de los mediadores internacionales en el diálogo venezolano, su criterio de éxito es la estabilidad, su victoria es evitar el conflicto. ¿Es exactamente eso lo mismo que buscan las fuerzas democráticas venezolanas?

Podemos incorporar a la reflexión otros factores. Uno es la unidad del bloque de poder y la relación entre éste y la sociedad. Para conseguir acercarnos a la democracia es importante romper internamente el bloque de poder, aislar a la nomenklatura, a la pequeña elite que se enriquece sobre el empobrecimiento de las mayorías, que acumula poder sobre la impotencia de los ciudadanos. La escalada represiva y el cierre autocrático significa un atrincheramiento en el poder, pero detrás de esas trincheras son muy pocos los que caben, los que disfrutan de los privilegios.

Atrincherados en el poder, solitarios en la cumbre
El proceso de aislamiento se acelera en medio de la crisis y la represión, hay que construir puentes con la disidencia proveniente del chavismo. Es allí un espacio privilegiado y amplio para el diálogo, para la construcción de nuevos consensos sociales y políticos. Para esto es importante prestar atención a la lucha de facciones dentro del chavismo como movimiento político y social, separando la paja del trigo. Desde allí vendrán importantes señales de fractura que anunciarán el acercamiento para un cambio.

Es el mismo caso de la Fuerza Armada, el poder ha insistido en desinstitucionalizarla, en corromper a sus elementos constitutivos, en utilizarla como un instrumento del poder autoritario para perseguir, aplastar a la disidencia, regentar empresas públicas ineficientes, distribuyendo negocios entre algunos de sus altos y medios oficiales mientras la tropa sufre el desprecio de la opinión pública, con familias que sienten el hambre, la escasez y la inseguridad como el resto de los venezolanos.

El catalizador imprescindible


¿Cómo llegar a las elecciones?
¿Entonces? Queda mucho por hacer. A pesar de mis aprehensiones he de reconocer que los factores previos son importantes para hacer posible obligar al gobierno a llegar a un evento electoral. Pero las herramientas han de ser usadas en movimientos coherentes y coordinados.

Los que hemos luchado por un cambio político que nos conduzca a la democracia apostamos porque la crisis venezolana desemboque en un proceso electoral que coloque en manos del pueblo venezolano su destino. El voto es el arma igualitaria del pueblo en la conquista de su propio futuro. Pero no bastan los buenos deseos, deben venir acompañados del poder efectivo.

Si nos atenemos al cronograma electoral, parte de los restos de democracia que sobreviven en la conciencia y en la opinión pública venezolana, debíamos tener elecciones para gobernadores y asambleas legislativas regionales en diciembre de 2016. No las hubo. En medio de las presiones el CNE dejó deslizar, en una rueda de prensa, la posibilidad de tener elecciones regionales en el primer semestre de 2017, y municipales para fin de año. Después de ese pseudo-anuncio nada ocurrió, ¿la convocatoria? ¿El cronograma electoral? ¡Nada!

Mientras, entre el TSJ y el CNE se desliza el inicio de un proceso de recolección de firmas para permitirle a los partidos políticos seguir actuando. Se ve venir una carrera de obstáculos para preservar la acción legal de las organizaciones democráticas. El gobierno aprovechará para ilegalizar organizaciones sembrando evidencias, bloqueando opciones, inventando triquiñuelas varias, asimismo estimulará la competencia interna entre los partidos para debilitar la capacidad de contestación de la sociedad. Eso está cantado.

Un Poder Público Nacional con mayoría democrática
La sociedad democrática cuenta con elementos importantes para dar la lucha que viene. Institucionalmente cuenta con el control de un Poder Público Nacional, la Asamblea Nacional, que cuenta con la mayor legitimidad para actuar, más allá del estado de sitio dentro del que actúa. El Parlamento tiene la legitimidad popular para legislar, deliberar y desarrollar mecanismos de control del poder. Cuanta la oposición además con tres gobernaciones y algunas importantes alcaldías.

Cuenta además con el poder de la gente. La gran mayoría de la población venezolana rechaza hoy al gobierno nacional, a su Presidente, a su gabinete y a sus políticas. Las encuestas señalan que una parte importante de la sociedad está dispuesta a movilizarse en la defensa de sus derechos si es convocada con un mensaje claro por parte de un liderazgo con legitimidad. Es claro que las elecciones son la expresión más igualitaria y plena del pueblo como un todo y hacia allá debemos apuntar.

Pero, ¿si las vías electorales son bloqueadas de qué manera puede el pueblo demostrar su poder? Es aquí donde el factor de la movilización pasa a colocarse en primer plano. Razones para la protesta existen en toda la sociedad, hambre, escasez, miseria, inseguridad. La indignación crece al mismo ritmo que la desesperanza, la primera mueve a la acción, la segunda al ensimismamiento. La primera puede convertir a la población en motor de cambios democratizadores, la segunda lo convierte en masa inerte, hiperindividualizada e impotente. En esa encrucijada nos movemos.

Indignación popular como catalizador
A lo largo de nuestra historia la sociedad venezolana, el pueblo venezolano, ha desarrollado un repertorio de protestas, de acciones recurrentes, de mecanismos de contestación social, de legítimo conflicto político frente a los distintos abusos del poder, de todo tipo de poder. La sociedad venezolana de 2016 no es la de 1998, pero en la exploración de sus propios repertorios podemos encontrar la clave para desatar toda su fuerza transformadora.

Lo que se consiga en cualquier espacio de intermediación política, sea una mesa de negociación o una de conflicto, dependerá de lo que pueda conseguirse en las calles, en las movilizaciones, fruto de la presión social que se desate contra el poder establecido. El poder tiene que sentirse en crisis para que esté dispuesto a ceder, para que sea posible un cambio en la correlación institucional o en el funcionamiento del poder aquellos que los detentan tienen que temer, tienen que percibirse en riesgo. La comodidad del poder no traerá ningún cambio que nos conduzca a la democracia.

Efectivamente la represión se encuentra a la orden del día, el miedo es instrumento fundamental del autoritarismo para consolidarse, pero la creación de un clima de agitación articulado con la indignación social es vital para construir un camino que nos lleve a una solución electoral.

Varios tableros, una estrategia 


Movilización y negociación en una sola estrategia
En ese marco es prioritario mantener la legitimidad y la credibilidad que se requiere para mantener la movilización. No es un tema de moderados contra radicales, ni de dialogantes contra movilizadores, sino la conciencia de que es un solo juego que se expresa en dos tableros.

Que los que se sientan en una mesa para construir un cambio político que conduzca a la democracia son representantes, no de uno u otro partido político, ni de un grupo económico, ni de algún líder esclarecido, sino de un movimiento social que se encuentra arriesgándose cada día en la protesta, en la calle.

De igual manera, quienes se encuentren en la calle deben actuar con la conciencia de que la lucha solo será efectiva en la medida que tenga un cauce negociado, que se está mostrando la fuerza para negociar en mejores condiciones una verdadera transición a la democracia.

El doble enlace a construir


Las movilizaciones para exigir elecciones regionales son un imperativo político que permiten distribuir la presión social a lo largo de todo el territorio nacional, en la medida en que se construye políticamente un doble enlace.

Trabajar desde la cartografía social de la Venezuela de 2017
Primero, un vínculo con los sectores sociales que sufren la crisis, desde una perspectiva de subalternidad, que construya discursiva y organizativamente una nueva dicotomía política, la que separa a “ellos”, los acomodados, la nomenklatura, los poderosos, de “nosotros”, los de la periferia, los que sufren la crisis, los que deben resolver el día a día, el pueblo venezolano, el común.

Sobre esa dicotomía, sobre esa nueva polarización, debe montarse la movilización, el conflicto y los nuevos consensos. Eso implica reconocer la existencia de una sociedad distinta, el pueblo venezolano tiene una topografía específica en 2017, que no corresponde a la de 1998, la emergencia de nuevos actores sociales, vinculados a los conflictos reales existentes debe ser conectada en sinergia con el proceso político. Es necesario reconocer a los actores que pertenecen a la nueva cartografía social de Venezuela. El cambio político debe pensarse de abajo hacia arriba, debe pensarse desde los sufrientes, desde las víctimas de la destrucción, desde los más pobres, desde las periferias, solo desde allí se desplegará una fuerza de ruptura histórica, es allí donde se encuentra la mayor energía potencial para un cambio profundo.

Segundo, un enlace entre las elecciones regionales y el problema nacional, la resolución de una crisis que se reconoce como nacional, con el cambio político general. La gente no es tonta, está clara que la permanencia del presente gobierno en el poder, en el control del Estado, hace imposible resolver la crisis social, la escasez y el hambre. Por ende, hay que articular, en la práctica y en el discurso el cambio político regional con el cambio político nacional.


Solo así podremos llevar a unas elecciones a quienes no quieren ir. Solo con la movilización de estas energías puede generarse una mesa de conflicto que sea fructífera en términos de cambio, en términos de un nuevo diálogo social, en términos del establecimiento de un nuevo pacto social democrático. Sin estos enlaces lo que viene es una consolidación autoritaria con anomia social y violencia cotidiana, un Estado débil y una sociedad en proceso de disolución. Esa es la amenaza a detener.