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lunes, 30 de mayo de 2016

Contra las cuerdas

Momento del encuentro en la AN
La gran mayoría de los venezolanos quiere un cambio pacífico que permita dejar atrás la crisis social y económica que padecemos todos. Luego de 17 años de una política marcada por la polarización y la recurrente violencia política es normal que el deseo de cambio venga acompañado de un legítimo y profundo deseo de paz. Por ende, es natural que las iniciativas de diálogo gocen inmediatamente de una buena acogida. La base social de un proceso de diálogo es amplia, extensa e intensamente distribuida entre los venezolanos. Pero, ¿todo diálogo es posible? ¿Es políticamente aceptable cualquier tipo de diálogo? Esta es una pregunta más compleja y sobre ella nos toca pensar.

El chavismo y el diálogo


MBR200: una secta militar antidemocrática
La secta militar, de cuyo núcleo brotó lo que después se conoció como chavismo, apareció en 1983 para conspirar contra la democracia venezolana. El 4 de febrero de 1992 los venezolanos conocimos al chavismo, en su etapa primigenia, germinal, brutal.

Es significativo que su entrada en la política venezolana haya sido a través de una violenta asonada militar contra un gobierno democráticamente electo. No se inauguró con una propuesta de consenso, con la construcción de una organización ciudadana alternativa, sino con un cuartelazo clásico. De allí en adelante ha sido la violencia política su práctica recurrente, la ensalza, la glorifica, la promueve con nostalgia arcaica, hasta convertirla en el signo más recurrente de este movimiento.

El desprecio por las instituciones democráticas, por la deliberación plural, por la organización autónoma de la sociedad, ha sido otro de sus rasgos definitorios. Cuando apela a la organización lo hace desde arriba, desde la voluntad omnímoda del líder máximo, desde la reivindicación de la jerarquía y el poder, un poder que es concebido sin límites, por encima de las leyes. Del desprecio a la deliberación deriva un aborrecimiento a la negociación, a la política de llegar a acuerdos con quienes concibe como “enemigos”.

Este desprecio impregna también la lectura que impuso de la historia venezolana contemporánea. El Pacto de Puntofijo, acuerdo que permitió cuatro décadas de gobiernos civiles democráticos, es demonizado. Cualquier intento de armonizar las contradicciones sociales, de negociar reconociendo la legitimidad del otro, es visto con desdén. No es una cultura de diálogo y deliberación, es de hegemonía e imposición.

1998: una campaña de confrontación
Esto se expresó desde la campaña de 1998, no olvidemos el carácter agresivo y violento del verbo de Hugo Chávez durante esos meses, donde prometió, entre otros detalles, “freír las cabezas de sus adversarios en aceite”.

La convocatoria a la Constituyente fue también otra expresión del desprecio a la deliberación y a las instituciones plurales. Entre diciembre de 1998 y febrero de 1999 el Congreso electo había dado los primeros pasos para facilitar una Reforma constitucional y una posterior convocatoria a Constituyente que garantizara el pluralismo. El primer decreto presidencial, del mismo 2 de febrero de 1999, impuso un tipo específico de Constituyente. No se pretendió construir un nuevo pacto social sino instaurar una hegemonía política.

La Constituyente se diseñó para asegurar una sobrerrepresentación de la mayoría, de esa manera con el 52% de los votos el chavismo obtuvo el 95% de los diputados, dejando a la oposición con solo 6 diputados. Esta Asamblea Nacional Constituyente hegemónica anuló al Congreso Nacional plural que había sido electo en noviembre de 1998.

Una Corte Suprema presionada
El desprecio contra la institucionalidad política marcó la relación con los poderes públicos derivados de la Constitución de 1961. Así, presionaron a la Corte Suprema de Justicia, con amenazas diversas, para que aceptara la “supraconstitucionalidad” de la ANC y su carácter originario, demoliendo la legalidad previa. Allí no hubo diálogo sino imposición.

La hegemonía avanzó con un proceso electoral general realizado en 2000, las Megaelecciones, que redujeron la presencia de voces disidentes en las nuevas instituciones políticas.

A pesar de contar con una mayoría sustancial en la nueva Asamblea Nacional, 92 de los 165 diputados eran del MVR, el Presidente Chávez decidió asumir poderes especiales para legislar. Bajo el amparo de una amplia Ley Habilitante el Ejecutivo firmó 49 leyes. Sin deliberación, sin publicidad, sin diálogo plural, sin darle la oportunidad a la opinión pública, a los sectores afectados e implicados, al ciudadano, de incidir en la construcción de todo un nuevo marco jurídico que regiría la vida política, económica y social de los venezolanos. El 13 de noviembre de 2001, en cadena de radio y televisión, el Presidente anunció la imposición jurídica sin anestesia y sin diálogo. Inmediatamente se inició un ciclo de confrontación política que se extendió durante cuatro años.

El 9 de diciembre de 2001 Fedecámaras anunció un paro de medio día en protesta por diversas Leyes impuestas con la Habilitante. La cúpula empresarial esperaba el inicio de un diálogo. La respuesta presidencial, con uniforme militar, fue un espectáculo aéreo con insultos incluidos. Allí no hubo diálogo.

No debemos olvidar que Hugo Chávez precipitó la crisis de abril de 2002, a conciencia como después lo reveló, con la expulsión pública de los gerentes de PDVSA. Los golpes de Estado del 11 de abril de 2002, tras una masiva manifestación pública, derrocaron a Chávez apenas durante dos días.

Amargo déjà vu: recuerdo de dos fracasos

La movilización precede al diálogo
Es en medio de este ciclo de movilización y confrontación política que en Venezuela tuvimos el primer proceso formal de diálogo entre el gobierno y la oposición. No hay mejor relato de este proceso que el realizado por Miguel Ángel Martínez Meucci en su obra “Apaciguamiento”, aunque también Francisco Diez y Jennifer McCoy desarrollaron su lectura en “Mediación Internacional en Venezuela”.

El gobierno llegó a abrirse a un proceso de diálogo al reconocerse vulnerable y sentirse amenazado. En abril de 2002 se constituyó una primera Comisión de Diálogo, controlada por el gobierno con José Vicente Rangel, y dirigida fundamentalmente a apaciguar los ánimos, desmovilizar a la oposición y ganar tiempo para postergar el Referéndum Revocatorio. Con sectores seleccionados por el gobierno, interpelaciones públicas, sin acuerdos y medidas concretas, sin mediadores, sin una agenda aceptada por las partes, el proceso fue un fracaso total. Un diálogo sin negociación en medio de un clima político que continuaba agitado, con una parte de la sociedad movilizada.

La conformación de la Coordinadora Democrática, en julio, le otorgó una nueva organicidad a las fuerzas opositoras. Manifestaciones masivas como las del 11 de julio o del 10 de octubre mostraron la fortaleza de las fuerzas democráticas. La caída de la popularidad de Hugo Chávez ratificaba un debilitamiento general del gobierno.

El Presidente y el facilitador
Finalmente, fue el 8 noviembre de 2002 cuando se instaló la “Mesa de Negociación y Acuerdos”, con César Gaviria como facilitador y el Centro Carter. Tenía como objetivo propiciar una solución a la crisis venezolana. La oposición impulsaba un referéndum consultivo que el gobierno negaba. El paro petrolero entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 representó un nuevo pico de conflictividad que coincidió con el funcionamiento de esta Mesa. El gobierno se atrincheró durante todo el proceso para ganar tiempo. El fracaso del paro debilitó a la oposición. El 30 de mayo de 2003 la Mesa llegó a unos acuerdos que no condujeron al cambio político. De hecho luego del cierre de este ciclo se consolidó una hegemonía en un proceso de autocratización acelerado luego de 2005.

Más de una década después se generaron condiciones que hicieron posible un nuevo proceso de diálogo entre gobierno y oposición. Nuevamente vemos la presencia de movilizaciones de calle. Estas se iniciaron en febrero de 2014 y representaron un reto tanto para el gobierno como para los sectores de la oposición. En abril una Comisión de la Mesa de Unidad Democrática se reunió con el gobierno iniciando un proceso de diálogo. No quedaba clara la agenda, ni el papel de los facilitadores. Se percibió un proceso mucho más improvisado y el gobierno tuvo un control mucho más férreo.

Diálogo sin resultados: 2014
Desde un primer momento el gobierno negó la posibilidad de que existiera ningún tipo de negociación. En la medida que la conflictividad de calle se apagaba, que un proceso de desmovilización reducía día por día las manifestaciones, la mesa de diálogo también perdía sentido. Más allá de una cadena nacional de los dirigentes de oposición no hubo consecuencias políticas en cambios en la correlación o funcionamiento del poder. El gobierno reprimió duramente la movilización, mientras anulaba cualquier posibilidad de cambios derivados de la mesa de diálogo. Esta se apagó sin llegar a ningún acuerdo firme.

Estos dos fracasos dejan un amargo sabor de boca en la memoria histórica de las fuerzas democráticas. En ambos casos fue la debilidad del gobierno, vinculada a inmensas movilizaciones de calle, las que llevan a la aparición del proceso de diálogo. Pero fue la desmovilización, el apaciguamiento, el apagar de la calle, lo que terminó por hacer de estas mesas infructuosos artefactos en su misión de impulsar el cambio político.

¿Y ahora?


Zapatero, Torrijos y Fernández, ¿ubicados?
El gobierno de Nicolás Maduro enfrenta una gran crisis política, el derrumbe de la economía y el empobrecimiento social ha derivado en una pérdida de popularidad y gobernabilidad, el resultado de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 fue una derrota importante para el chavismo y la crisis no ha hecho sino profundizarse.

Hoy en día la mayoría de la población exige un cambio político. El referéndum revocatorio se abre como posibilidad política para viabilizar esta exigencia social. La campaña, nacional e internacional, por este Referéndum revocatorio, parece crear un escenario donde el gobierno se encuentra contra las cuerdas. Una expansión en las movilizaciones de calle, que superan las expectativas, es acompañada por una conflictividad social anómica grave, con saqueos frecuentes en varias partes del país.

Este es el escenario de este nuevo intento de diálogo. Aparecen Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos como interlocutores para iniciar este proceso. Inmediatamente las alarmas se encienden, los rumores corren. Hay una exigencia de claridad por parte de los ciudadanos. El gobierno aprovecha las informaciones para impulsar las discordias dentro de las fuerzas democráticas, para intentar fracturar la unidad explotando las diferencias, sembrando sospechas. Las movilizaciones deben continuar, sin una inmensa presión social el régimen no permitirá el referendo revocatorio. Todo proceso de diálogo deberá traer como punto central la realización de esta consulta ciudadana, además de la liberación plena de todos los presos políticos. Es aquí donde debemos reflexionar sobre los aprendizajes que se pueden extraer de estas experiencias históricas.

Aprendizajes importantes


Primero, no es el chavismo una fuerza dialogante, y solo toma la decisión de ir a un proceso de diálogo cuando se encuentra contra las cuerdas, generalmente por inmensas movilizaciones de calle. Actúan a partir de la presión fáctica, no por ética, no por ley.

Segundo, el chavismo tiene una prioridad en mente, garantizar su continuidad en el poder como una hegemonía. Todo lo demás es subalterno.

Tercero, una vez que el gobierno logra desmovilizar a la oposición, logra apagar la calle, desaparecen los incentivos para el diálogo, incluso desaparecen los incentivos para cumplir cualquier acuerdo al que se haya llegado. La movilización se debe mantener incluso hasta la realización misma del referendo revocatorio y la salida de Maduro.

Cuarto, es negociación lo que se debe impulsar, no solo diálogo. Negociación implica acuerdos concretos en materia de cambio en la correlación y funcionamiento del poder.

¿Para qué?


¿Qué busca el gobierno en un proceso de diálogo? Garantizar su continuidad, como gobierno, como régimen, como sistema. Desmovilizar a los sectores disidentes, bajar la presión social proclive al cambio político. Ganar tiempo para postergar el referéndum revocatorio, incluso para suspender las elecciones regionales. En el caso actual también sacar a la OEA y a Almagro del juego.

¿Qué han de buscar las fuerzas democráticas en un proceso de diálogo? Generar garantías concretas para facilitar el proceso de cambio político, para que se le abra paso el Referéndum Revocatorio, alcanzar la liberación de los presos políticos.

¿Cuál es la amenaza? El gran peligro es la desmovilización de la protesta social, el apaciguamiento político. El gobierno prometerá cualquier cosa a cambio de detener la movilización política. De esta manera pretenden quedarse exclusivamente reprimiendo la inmensa conflictividad social, derivada de  la crisis económica, pero ahora desvinculada del cambio político.


No se puede negar la importancia que tendría un proceso de negociación política en Venezuela, pero solo se puede convertir en un cambio real si se sigue aumentando la presión de calle, la movilización, al mismo tiempo. Debe evitarse caer en la tentación de apaciguar la calle cuando se entra en un proceso de negociación, cuando se debe realizar justo todo lo contrario. Cada nuevo paso en la negociación política debe estar acompañado de una escalada en la movilización de calle, solo así sería efectiva la negociación. La movilización incluso debe mantenerse luego del cierre del proceso de negociación, para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. Finalmente, no podemos perder de vista las características del régimen. Una desmovilización solo llevaría a una mayor autocratización del sistema.

domingo, 22 de mayo de 2016

Reflexionando 23 años después


Hace 23 años el sistema expulsó a CAP de la Presidencia
El 21 de mayo de 1993 Carlos Andrés Pérez renuncia a la Presidencia de la República de Venezuela. Esta fecha no solo representó el cierre de un mandato accidentado sino también el fin de un experimento de reformas institucionales de amplio alcance que quedó truncado a la mitad de su desarrollo.

Carlos Andrés Pérez, El Gocho, político de Acción Democrática, con una dilatada trayectoria, que gobernó Venezuela entre 1974 y 1979, había sido electo en diciembre de 1988 con mayoría absoluta de votos, 3.879.024 sufragios, derrotando a Eduardo Fernández, El Tigre, de COPEI, a Teodoro Petkoff, del MAS, y a otros candidatos. El 2 de febrero de 1989 había asumido por segunda vez en su vida la Presidencia de Venezuela.

Desde que el Viernes Negro, el 18 de febrero de 1983, se inició la devaluación del bolívar y se estableció un régimen de cambio diferencial, los venezolanos se habían venido empobreciendo, la crisis se había expresado en pérdida del poder adquisitivo de los salarios, inflación, fuga de capitales y endeudamiento.

Esta crisis no era exclusiva de Venezuela, la mayoría de los países latinoamericanos estaban pasando por crisis similares, y se estaban iniciando reformas institucionales para responder a esta situación.

El programa modernizador

El 2 de febrero de 1989 asumió la Presidencia
Al llegar al Palacio de Miraflores, el Presidente Carlos Andrés Pérez impulsó un amplio proceso de transformación política y económica, conocido como el Gran Viraje. Al reformarse en plena crisis, el sistema empezaría a crujir.

Se combinaban dos grandes líneas de política en el programa de reformas. Primero, avanzar en el proceso de descentralización, como respuesta a la detectada crisis de credibilidad del sistema democrático. Pretendiendo acercar la democracia a los ciudadanos. Permitiendo la elección de los gobernadores por voto directo, restableciendo la figura del alcalde, también electo por el voto de los ciudadanos del municipio. Impulsando también la democratización de los partidos políticos, tradicionalmente centralizados y verticales, estimulando procesos más transparentes a los ciudadanos.

Una parte importante de lo discutido en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) desde 1984 se pondría en práctica luego de 1989, con el impulso voluntarista del presidencialismo venezolano.

Segundo, al mismo tiempo impulsó Carlos Andrés Pérez un programa de reformas económicas, conocido como el Gran Viraje, que se centraba en la apertura y liberalización de la economía venezolana, eliminación del control de cambio, reformas legales para facilitar el ingreso de las inversiones extranjeras, procesos de privatización de empresas públicas deficitarias, avanzar en la incorporación de Venezuela a la Organización Mundial de Comercio, reducción de aranceles y de subsidios para generar un mercado más competitivo.

Para el desarrollo de su Gran Viraje construyó un gabinete joven, con varios tecnócratas y expertos. Alejandro Izaguirre en Interiores. Enrique Tejera París en Exteriores, quien luego sería sustituido por Reinaldo Figueredo. Eglée Iturbe de Blanco en Hacienda. Italo del Valle Alliegro en Defensa. Moisés Naím en Fomento. Gustavo Roosen en Educación. Felipe Bello en Sanidad. Fanny Bello en Agricultura. Marisela Padrón en Trabajo, luego Germán Lairet. Gustavo Rada en Transporte, luego Roberto Smith. Luis Beltrán Guerra en Justicia. Celestino Armas en Energía y Petróleo. Enrique Colmenares Finol en Ambiente. Luis Penzini Fleury en Desarrollo Urbano. Sonia Essenfelf en Familia. En la Secretaría Reinaldo Figueredo, luego Jesús Ramón Carmona. En CORDIPLAN se destacaría Miguel Rodríguez. En el Fondo de Inversiones de Venezuela primero Eduardo Quintero, y luego Gerver Torres. En Cultura, José Antonio Abreu. En Ciencia Dulce Arnao de Uzcátegui. Como Ministro de Estado para la Descentralización, fue escogido Carlos Blanco, quien había sido Secretario de la COPRE.

La terapia de shock desarrollada tuvo un primer impacto negativo durante 1989, el PIB cayó más de ocho puntos, mientras que la inflación se elevó a 84,5% y la pobreza se incrementó. La economía volvió a crecer en 1990, en más de cinco por ciento, elevándose luego a 9,2% en 1991. En 1992 la economía seguía creciendo. Pero, tras un proceso de antejuicio por corrupción, en mayo de 1993, a menos de un año de entregar la Presidencia, Carlos Andrés Pérez se ve obligado a renunciar. A Pérez no lo tumbó Chávez. Carlos Andrés Pérez derrotó a Chávez y sostuvo a la democracia. Al Presidente lo derribó el sistema que quiso reformar.

La coalición conservadora, entonces y ahora


El 27F El Caracazo ¿cambió todo?
Prácticamente desde el inicio el gobierno de Pérez tuvo que enfrentar importantes resistencias. Soportó una ola de protestas y saqueos en Caracas y otras ciudades entre el 27 de febrero y el 1º de marzo de 1989, huelgas de varios gremios entre 1990 y 1991, así como dos intentos de golpe de Estado protagonizados por militares, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.

Contra las reformas modernizadoras impulsadas por Pérez se construyó una inmensa coalición sociopolítica, que incluía a sectores conservadores de derecha y sectores de izquierda. Tanto la descentralización como la apertura y liberalización económica generaban perdedores dentro del sistema.

El golpismo militar
La resistencia a la descentralización formaba parte de una corriente más ortodoxa de la mentalidad en partidos y en la intelectualidad. El miedo a la creación de caudillos locales, a la dispersión de la nación, a la disgregación y la anarquía en el Estado. Gonzalo Barrios en AD, Rafael Caldera en COPEI, Arturo Uslar Pietri entre los intelectuales, presentaron sus duras críticas a la descentralización, advirtiendo, cada uno por su lado, sobre los peligros de debilitamiento del Estado.

Frente a la reforma económica la coalición era mucho más dispersa, encontrándose presentes desde empresarios que habían sido protegidos por políticas de subsidios y altos aranceles, hasta sectores sociales que se empobrecían por el aumento de los precios de productos y servicios públicos.

La movilización social contra las reformas marcó todo el período, la emergencia de La Causa Radical, como actor político de primer orden, capitalizaba políticamente esta efervescencia en la protesta. Desde el sindicalismo hasta el magisterio, desde Guayana hasta Caracas, las protestas se hacían recurrentes. El 27 de febrero, El Caracazo, había creado un quiebre en la protesta social, iniciando un vasto movimiento contra El paquete y contra Pérez.

Uslar Pietri, el intelectual, el Notable
Es importante recordar la aparición del grupo de Los Notables, formado por intelectuales conservadores de diversos orígenes, por empresarios e influenciadores importantes de la opinión pública. Personajes como Luis Vallenilla, Miguel Ángel Burelli Rivas, Arturo Uslar Pietri, etc., hicieron una poderosa campaña atacando la moralidad del Presidente y rechazando todo el paquete de medidas.

Esa coalición conservadora bloqueó las reformas, contribuyó a la salida de Carlos Andrés Pérez del poder. Apoyaron en las elecciones de 1993, divididos, a La Causa R y a Rafael Caldera. Acompañaron al gobierno de éste último hasta 1997, por lo menos. Una parte importante de estos grupos auparon a Chávez en 1998. Bajo el signo de esa coalición conservadora todavía vivimos.

Aprendizaje: el imperativo de las reformas y la certeza de la resistencia


Caldera, el antipaquete
Desde 1993 hasta la actualidad hemos vivido marcados bajo las líneas definidas por la coalición conservadora, por el bloque antipaquete, por los conceptos deificados y maldecidos durante ese lustro. El chavismo se formó en medio de ese clima de opinión, antipartido, antipolítico, antipaquete, inventándose un monstruo neoliberal y construyendo una épica en su contra.

Es acá donde quiere dirigir la reflexión. Las sociedades latinoamericanas vivieron en los ochenta la crisis de la deuda, una crisis económica que obligó a un proceso de reformas del Estado en los años 90. El tema de la estabilidad macroeconómica se convirtió en un mantra imprescindible para sanear las economías de la región. Se cometieron diversos errores, fue un proceso conflictivo y los resultados estuvieron por debajo de las expectativas. Economistas y políticos mucho aprendieron de los errores de los años ochenta y noventa. A estas alturas del siglo XXI difícilmente las reformas se plantearían de la misma manera, a la misma velocidad.

Venezuela no superó esa crisis. De hecho no cerramos ese ciclo, un segundo programa de reformas, la Agenda Venezuela, se desarrolló entre 1996 y 1998, pero también quedó truncado por la caída de los precios del petróleo y las elecciones presidenciales de 1998.

Todos sabemos la profundidad de la crisis que vivimos en Venezuela en 2016. Padecemos la escasez de comida, de medicinas, la inseguridad, la delincuencia impune.

La agenda que empezó a debatirse en Venezuela en 1984 aún está sobre la mesa. La integración económica con el resto del mundo, la necesidad de inversiones privadas extranjeras, la recuperación de la productividad y las reformas a los mercados internos para convertirlos en oportunidades de inversión.

Palabras que se han convertido en maldiciones para el chavismo tendrán que volver a discutirse con seriedad en nuestro país: apertura, liberalización económica, privatizaciones, sustitución de subsidios universales por directos, reformas en el mercado laboral. En materia política existe hoy un consenso más amplio: la descentralización tiene hoy un amplio apoyo.

Las condiciones institucionales hoy son mucho peores que las que Venezuela tenía en 1989.
¿Podemos superar la crisis sin retomar el viejo debate?
Nada debió salir mal entonces, todo puede salir mal hoy. El margen de maniobra de la elite política modernizadora hoy es mucho más estrecho que en ese momento. La resistencia estructural al cambio puede ser menor porque la sociedad ha venido aprendiendo que el guión conservador no funciona, pero la gobernanza de las reformas será más complicada de construir porque la sociedad se ha desinstitucionalizado y el Estado ha retrocedido en su capacidad operativa real. Todo esto hay que tomarlo en cuenta.


Hoy, treinta y tres años después del Viernes Negro, veintitrés años después de la caída de Pérez y de la elección de Caldera, dieciocho años después de la victoria de Chávez, ¿podemos superar la presente crisis sin dar los debates postergados? ¿La coalición conservadora cuyos conceptos han definido los mapas de nuestra política desde 1993 sigue vigente? ¿De dónde vendrán las resistencias a un nuevo programa de reformas modernizadoras? ¿Cómo hacer gobernables las reformas que necesita Venezuela para salir de la crisis estructural que vivimos?

domingo, 15 de mayo de 2016

Navegar entre escollos: anomia, deriva autoritaria y transición a la democracia

La cotidianidad trastornada
El hombre es un animal de costumbres, de hábitos, de recurrentes conductas aprendidas socialmente. Así se van formando instituciones sociales que hemos dado por sentadas. La vida cotidiana se sostiene a través de estos hábitos heredados, de generación en generación, que se transfieren de madres a hijos, de abuelas a nietas. Esto conformó un tejido social, una red que se había venido sosteniendo fundamentalmente por la existencia de un conjunto de certezas, de una confianza fundamental en lo previsible. En Venezuela toda esta estructura de relaciones, de vínculos, se ha venido deshilachando, se ha roto la confianza, la incertidumbre y el miedo han enseñoreado la cotidianidad hasta marcar una peligrosa forma de disolución: el reino del “sálvese quien pueda”.

En segundo término está el Estado, una estructura de poder, una manera de entender el orden, de configurar los patrones políticos, el principio de autoridad y su legitimidad, los patrones económicos, las reglas del intercambio, los patrones de incentivos y castigos a determinadas conductas. El Estado, un producto sociohistórico, es también un conjunto estructurado de conductas, sostenido sobre percepciones y sobre realidades de fuerza y de legitimidad, que modela el orden social a través de un sistema de incentivos y castigos.

Los causahabientes, la construcción del Estado
En Venezuela la construcción de esta institucionalidad nos ha llevado más de cinco siglos, con flujos y reflujos, con tránsitos del Estado monárquico hispano al Republicano criollo, al democrático venezolano. En la construcción del orden político hemos tenido períodos de progresiva y conflictiva implantación, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, de reformulación traumática, durante la emergencia del orden republicano de principios del siglo XIX, de difícil coexistencia entre el caudillismo y la institucionalidad republicana liberal, en medio de “revoluciones” y guerras civiles decimonónicas. Bajo el signo del recurso petrolero avanzamos en la conformación de un Estado más moderno y de un orden público más extendido e integrador, de un orden político que pasó de esquemas autoritarios patrimonialistas a democráticos en el período de luchas cívicas del siglo XX. Este Estado, con su orden público y su legitimidad, con sus incentivos y sus castigos, también se nos está viniendo abajo a principios del siglo XXI.

La sociedad de va transformando a través del sistema de incentivos y de castigos, formales e informales, repitiendo patrones de conducta que son premiados, e inhibiendo las conductas que son castigadas. El retroceso del Estado, en lo que a orden público se refiere, y el deshilachar de las redes de confianza social, se expresa en la expansión de fenómenos terribles como los linchamientos, los saqueos, las “zonas de paz”, el crimen organizado y sus megabandas, en los toques de queda decretados por grupos criminales, en el estado de excepción que desde hace años vive la sociedad, marcada en su cotidianidad por el miedo, la incertidumbre y la desconfianza.

Releyendo al Leviatán, viviendo el estado de naturaleza
Cual estado de naturaleza hobbesiano una parte creciente de la sociedad venezolana vive en un estado de zozobra permanente, de guerra de todos contra todos, sometidos a la voluntad del más fuerte. En este escenario, sin poder confiar en la policía, sin confiar en la eficacia de los tribunales, sin confiar en un sistema carcelario, una parte de la sociedad venezolana se ha venido feudalizando.

Cada día más comunidades se refugian en sus casas, en medio de una crisis de servicios públicos, de escasez de alimentos, de medicinas, con el mercado destruido, sin más referencia de una figura de poder que el delincuente o las bandas de delincuentes que dominan la zona con total impunidad. Se extiende la percepción de que es mejor “un pran único que la anarquía”, que preferible el dominio de un pran que la guerra, que se prefiere la “paz malandra” al caos. Unos nuevos señores de la guerra, con un vínculo delincuencial claro, dominan territorios donde el Estado ha decidido retroceder y ausentarse. Definitivamente, para entender a Venezuela hay que releer a Hobbes. Estas pueden ser las crónicas epilépticas de un Leviatán desahuciado.

Al momento en que cae un delincuente, Fuenteovejuna imparte venganza, el linchamiento emerge como catarsis reivindicativa de una frustración, de una rabia acumulada por la impunidad que el Estado tolera y aúpa. Las pocas veces que llega la policía es para salvar al linchado de la turba anónima. No es al delincuente particular al que se está linchando, esta persona se ha convertido en una etiqueta, en la representación de todos los delincuentes que esa comunidad ha sufrido, ha sido despersonalizado, vaciado de identidad, cosificado, deshumanizado, solo así el linchamiento se hace posible, solo así un centenar de “personas de bien” se convierte en una turba asesina.

La nomenklatura tiene su guardia pretoriana
El orden público se ha convertido en el orden privado de los pranes, de los grandes jefes de las bandas organizadas, de una Guardia Nacional y una Fuerza Armada convertidas en guardias pretorianas de una pequeña nomenklatura que trata a Venezuela como su patrimonio clánico, que usa la represión para evitar su desplazamiento de un poder cada vez más reducido, que emplea las armas para establecer una barrera frente al resto de la población. Ellos también están encerrados, y las Fuerzas Armadas están privatizadas, cual hueste feudal. La nomenklatura es el nuevo pranato.

Esta feudalización, con la desaparición de lo público, del accionar colectivo, tiene su expresión en las más diversas capas de la sociedad. En un municipio de la capital la configuración y preservación de una fuerza policial eficiente se enfrenta a una dura realidad, los mejores policías, un bien público de primer orden, son reclutados rápidamente para la seguridad privada de quien pueda pagarlo. Se forman policías para asegurar un orden público, son privatizados como escoltas o guardaespaldas de quienes viven con miedo pero pueden pagarse una seguridad privada. Las urbanizaciones de los sectores medios se encierran sobre sí mismas, emerge una red de feudos detrás de alambradas, garitas, custodiadas por escoltas y guardias privados.

Lo que nos queda de orden público es fruto de la inercia social, es la vieja costumbre de ver el semáforo antes de cruzar, de ir al trabajo cada día, de transitar las calles mañana tras mañana. Pero la desaparición de los incentivos que hacen posible sostener estos hábitos deriva en un languidecer de la vida colectiva, en un apagar progresivo de lo común, hasta que finalmente el lobo que yacía dormido bajo todos nosotros emerja con toda su fiereza a imponer su voluntad.

¿Y la política? Danzando sobre la piel de zapa 

No hay política sin Estado
El retroceso del Estado es también el retroceso de la política, la creciente impotencia de la política para ejercer efectivo control sobre el territorio y para organizar la vida social y económica. Unos pocos ingenuos creen en salir del régimen actual a través de un soft-landing, que nos conduzca tersamente, de elección en elección, de veinte gobernaciones a doscientas alcaldías, de 2016 a 2017, hasta que el poder descienda suavemente en manos de las fuerzas democráticas en febrero de 2019, como un fruto jugoso que cae del árbol al madurar.

Los pocos que, secreta o públicamente, escogen creer en esta transición suave a la democracia no han prestado atención a las consecuencias que sobre la política tiene el retroceso y desaparición progresiva del Estado y del orden público. Prefieren no enfrentar la posibilidad de que nos podamos estar dirigiendo a un aterrizaje suave a ninguna parte, donde esperaríamos ver un aeropuerto al final del recorrido, ni un viejo aeródromo esperaría nuestra llegada, solo una tierra yerma, hostil, dominada por los lobos. La impotencia sería su destino.

Es aquí donde la urgencia del cambio político emerge, porque mientras más tiempo pase para este cambio, menos Estado tendremos para gobernar, sin Estado no hay reformas posibles, sin orden público no hay mercado reconstruible, ni empresariado a rescatar, ni emprendimiento a aupar, ni inversión que recibir y encausar.

Las elites políticas, bien sean de oposición o gobierno, nos encontramos danzando sobre una piel de zapa que se reduce con cada vuelta de tuerca, con cada Decreto inoperante, con cada declaración, con cada Ley sin aplicar, con cada rueda de prensa que se acumula sobre otra rueda de prensa. Eso explica la encrucijada a la que nos enfrentamos.

La encrucijada: disolución, autocratización o transición a la democracia 

La transición a la democracia no está asegurada
Frente al escenario de la disolución del Estado, del orden público y de la vida social como la conocemos, emergen dos vías de salida, una que conduce a una acelerada autocratización del sistema, a la transformación de este régimen híbrido decadente en un autoritarismo cerrado, en una dictadura abierta, y otra vía que nos podría llevar a una transición política y económica que nos coloque en el puerto seguro de una democracia funcional.

Ninguna de estas alternativas es una condena, el camino que recorramos será hijo de nuestras decisiones, será fruto de nuestras luchas o de la falta de ellas. Está claro que la gran mayoría del pueblo venezolano exige un cambio político urgente, hay un rechazo mayoritario contra la Presidencia de Nicolás Maduro y contra las políticas que nos han llevado a la crisis actual. En estas condiciones el PSUV no puede ganar ningunas elecciones limpias. Al presentarse un referéndum revocatorio la derrota del gobierno sería abrumadora. La nomenklatura reinante se encuentra haciendo uso del poder en contra de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. De allí que la política de cerco contra el Parlamento lo que hace es aislar cada día más al gobierno, quien se encuentra atrincherado y de espaldas a la sociedad.

En ese sentido el principal activo, el gran capital político, de las fuerzas democráticas es contar con el apoyo mayoritario de la población al momento de enfrentar un proceso electoral, desde un referéndum revocatorio hasta unas elecciones regionales.

El sistema puede autocratizarse
Frente a esto las fuerzas que promueven la autocratización del sistema se han venido reorganizando luego de la derrota electoral del 6 de diciembre de 2015. Cerco institucional, intimidación militar y represión han sido las estrategias escogidas para bloquear los caminos de la democracia.

Desarrollan hoy una política de cerco institucional y aislamiento contra la Asamblea Nacional, castrando sus funciones, pretendiendo anular sus capacidades legislativas, de control del poder y de deliberación pública. El uso que han hecho del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente de la Sala Constitucional, para bloquear la acción parlamentaria es un mensaje claro para sembrar impotencia y frustración en el ciudadano. La impotencia del ciudadano es la fuerza de la nomenklatura autoritaria.

Las iniciativas del Ejecutivo, que se expresan, por ejemplo, en la reciente declaratoria del Estado de Excepción, usando a la crisis económica como excusa, es la plataforma de una mayor represión contra la disidencia. Desde hace tiempo estamos bajo un gobierno militarizado, y diversas leyes han montado una securitización del orden interno. Las Fuerzas Armadas tienen más poder que nunca antes, controlando flujos e instituciones.

La autocratización puede tomar varios derroteros. Primero, puede asumir la forma de una continuidad autoritaria con Nicolás Maduro en la Presidencia hasta 2019, bloqueando el referéndum revocatorio y restringiendo progresivamente el campo de acción de los partidos políticos y organizaciones de la disidencia para generar un entorno hostil para la expresión autónoma de los ciudadanos. El cerco a la Asamblea Nacional podría terminar, en este escenario, con una disolución del Parlamento.

Segundo, puede tomar la forma de una continuidad autoritaria sin Maduro, promoviendo incluso la salida del Presidente a cambio de la continuidad del régimen y del poder de su nomenklatura, de sus negocios y sus prácticas, incluyendo la selección de un Vicepresidente antes de un Referéndum Revocatorio a realizar en 2017.

Tercero, promoviendo una “falsa transición” con autocratización, para sustituir al Presidente sin referendo revocatorio ni nuevas elecciones presidenciales, con continuidad del régimen político, postergando la realización de unas elecciones libres y plurales. Se generaría un sistema con tutelaje militar probablemente con un programa “modernizador” pero sin democracia.

Cualquiera de estos escenarios sería acompañado por un reforzamiento de la militarización del poder y de la represión, por la continuidad en las políticas autoritarias y por la conversión del presente régimen en un autoritarismo cerrado.

Las fuerzas que promovemos la democratización, la transición a la democracia, tenemos a nuestro favor la voluntad mayoritaria de una ciudadanía que apuesta por un cambio estructural, de gobierno, de régimen político y de modelo económico. Esa mayoría se expresa electoralmente, pero también debe ser movilizada en la calle, como hemos venido demostrando en la campaña por el referéndum revocatorio.

Los mecanismos de movilización y confrontación coexisten con los de diálogo político y social. Ese diálogo tienen prioridades, primero se deben consolidar vínculos orgánicos con las víctimas de la crisis, con quienes están sufriendo la escasez, la inflación y la delincuencia, incluyendo a sectores que vienen del chavismo; en segundo lugar, con los actores sociales con capacidad de movilizar esfuerzos y recursos para salir del presente estado de postración productiva, con las fuerzas vivas de la sociedad, con los gremios profesionales, con los empresarios, con los productores; en tercer lugar, con la comunidad internacional, para pasar de la sensibilización ante la crisis venezolana a la ratificación de que existen fuerzas democráticas con un programa alternativo con capacidad para enfrentar responsablemente la crisis.

Existe la tentación de llegar a un diálogo extemporáneo con el gobierno. Pero esto requiere un conjunto clave de precondiciones, primero, debe quedar claro que el objetivo de todo diálogo deber ser viabilizar el cambio democrático, segundo, se deben generar los incentivos en el gobierno para al sentarse con la oposición tenga disposición a ceder poder, a retroceder y abrir paso a la democracia, esto solo se logra con una movilización que el gobierno no pueda frenar, y tercero, una agenda de cambio que combine la respuesta política democratizadora con el desmontaje del modelo económico empobrecedor.

Hay cinco grandes arenas de lucha, y todas ellas están en movimiento en la actualidad.

La AN como vanguardia del cambio
La arena electoral: La Mesa de Unidad Democrática ha mostrado consistencia y efectividad en dar la lucha en la arena electoral, y las fuerzas democráticas han aprovechado la existencia de esos mecanismos para conquistar espacios para la democracia.

La arena legislativa: En la Asamblea Nacional se encuentra la vanguardia de las fuerzas democratizadoras de Venezuela, desde este foro de la Nación se posiciona, frente al país y frente al mundo, las vías del cambio a la democracia.

La arena judicial: En la arena judicial el control gubernamental sobre el Tribunal Supremo de Justicia se muestra férreo, hasta convertir a su Sala Constitucional en instrumento de anulación del Parlamento. Hay que seguir presionando con fuerza a esta institución.

La arena de la opinión pública: La tercera arena son los medios de comunicación, en la medida en que se acerque el cambio democrático es más probable que la autocensura retroceda pero que la censura directa se haga mayor.

La movilización en calle: la presión social con las movilizaciones pacíficas, con mecanismos no-violentos, es un imperativo para lograr impulsar el cambio y darle cauce a la legítima protesta vinculada a la crisis económica y de servicios públicos.


Sin movilización no hay cambio democrático
El cambio es una necesidad perentoria de la sociedad. El peligro es que el tiempo juega a favor de la autocratización, que se convierte en la respuesta última a un proceso de disolución del orden público y del Estado, incluso con la salida del presente gobierno, podría este ser sustituido por uno de signo más autoritario. Pero solo la democratización, la transición a la democracia, brinda oportunidades sostenibles de recuperación económica. No será la inercia lo que nos traerá la democracia, será la lucha política y social. Las movilizaciones de los últimos días son una buena señal en la dirección correcta.