El uso del aparato judicial para tomar control de los partidos opositores, entregando su personalidad jurídica, símbolos y propiedades, a dirigentes o funcionarios afines, es una macabra práctica empleada por Hugo Chávez y ahora perfeccionada por Nicolás Maduro, para hacer desaparecer a la disidencia. El chavismo en el poder empleó tribunales controlados políticamente para intervenir en las disputas internas de Bandera Roja, para dominar a Podemos, y para imponer su voluntad sobre el partido socialcristiano COPEI, entre otros. En su momento, empleó artimañas judiciales similares para bloquear la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática, lo que obligó a la coalición a realizar un acuerdo con el MIN. Posteriormente, el chavismo pasó a controlar sistemáticamente las tarjetas electorales. El control político sobre el Poder Judicial es absoluto, desde un TSJ conformado de manera inconstitucional, hasta los últimos tribunales, son empleados para destruir cualquier atisbo de disiden
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