La huída hacia adelante del gobierno, luego de su derrota electoral el 26 de septiembre, lo conduce rápidamente a un escenario de aislamiento respecto al ciudadano común. La política de confiscaciones de la propiedad es uno de los rasgos del proceso de radicalización de la “revolución”, cuyo objetivo no se vincula con ningún interés “nacional” sino con un intento desesperado de control sobre la sociedad venezolana, destruyendo cualquier posibilidad de vida autónoma. El gobierno ha usado el término “expropiación” para definir su ataque frontal contra la propiedad privada en sus diversos órdenes. Las expropiaciones son práctica común en las políticas modernizadoras del Estado, para el desarrollo de infraestructura, inversión en servicios, por razones de justicia social y de interés público; los procesos de expropiación han sido parte esencial en la construcción de represas hidroeléctricas, de vías de comunicación como autopistas o vías férreas, en los procesos de Reforma Agraria, incluso
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