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| Una policía contra las cuerdas |
Uno
de los fenómenos falsamente paradójicos que estamos viviendo en Venezuela es la
convivencia entre dos procesos que parecen ser contradictorios. Un mayor
control social gubernamental sobre la actividad privada convive con la
expansión de la violencia, de la delincuencia anómica cotidiana, que expresa el
retroceso del Estado en aquello que le compete fundamentalmente, mantener un
orden público.
Ocumare, territorio ocupado
Esta
semana, en Ocumare del Tuy, ciudad de 145 mil habitantes, capital del municipio
Lander del estado Miranda, a pocas horas de Caracas, el asesinato de tres
delincuentes por parte del CICPC derivó en la toma completa de la población por
parte de grupos que decían reivindicar “unos acuerdos de paz” con el Estado.
Uno
de los fallecidos, acusado de ser líder de la banda delictiva “Los Orejones”,
fungía además como supuesto “promotor comunitario” y era miembro del
“Movimiento por la Paz y la Vida” impulsado por el mismo gobierno nacional.
Durante cinco largas horas la población de Ocumare se vio sujeta a un bloqueo
realizado por motorizados a los que ninguna autoridad pública pudo detener.
“Los
Orejones” decidieron atacar las sedes de la policía y tomar las calles, los
policías aterrorizados pedían ayuda. Al siguiente día, integrantes de esta
banda arrasaron con armas largas y granadas la sede policial del sector
Aragüita de esa población. El viernes, finalmente, la ciudad fue militarizada.
El poder sobre dos ruedas
Como
parte de la respuesta tardía del Estado para contener la expansión de la
violencia, las autoridades han intentado restringir, en diversos espacios, el
desplazamiento de motorizados después de ciertas horas de la noche. En protesta
contra estas medidas algunos “colectivos motorizados” anunciaron para el
viernes 31 de enero una masiva movilización en Caracas. Lo interesante es lo
que pasó ese día, calles solas, muchas actividades cerradas, aulas vacías en
las universidades, dando un mensaje sordo: el miedo al despliegue de los
motorizados.
No
es la primera vez que una situación similar ocurre. Cuando hace unos años el
gobierno intentó sacar a los motorizados de las autopistas una masiva
movilización de los mismos derivó en enfrentamientos violentos y en la
resignación del Estado frente al poder fáctico en dos ruedas.
Los colectivos y “su” seguridad
Lo
que estamos relatando son solamente episodios recientes de un fenómeno de
licuefacción del poder del Estado que se ha desarrollado desde hace quince
años. En la parroquia 23 de enero de Caracas, a “tiro de piedra” del Palacio
presidencial de Miraflores, la seguridad ha sido privatizada. Bajo la mirada
cómplice del gobierno, en manos de grupos privados autodenominados “colectivos”
se construye un orden paralelo al del Estado.
Bajo
la mampara de ser supuestas asociaciones culturales de autoayuda popular, como
pretenden mostrarse a la opinión pública, manejan su propio cuerpo
parapolicial, armados con un poder de fuego que les permite controlar la
violencia en bloques, calles, canchas deportivas, dejan fuera de juego a las
autoridades públicas.
Los pranes y la empresa carcelaria
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| Los pranes gobiernan desde las cárceles |
Las
cárceles venezolanas también han venido siendo privatizadas, pasando su control
a los infames pranes. En estos
recintos manda la delincuencia y cada espacio tiene su precio porque representa
un privilegio otorgado por el pran dominante,
generalmente un delincuente joven que construye a su alrededor una inmensa red
de fidelidades, clientelas, negocios que vinculan el recinto carcelario con el
mundo de la delincuencia que se desarrolla fuera de sus puertas.
Las
escasas veces en que el Estado ha pretendido poner control sobre las cárceles
se desatan literales batallas campales, porque los pranes cuentan con su propio arsenal de guerra. El gobierno ha
terminado negociando con los delincuentes el control sobre las cárceles.
El Estado ausente lejos de Caracas
Oscuras
autopistas y carreteras de todo el país no solo se encuentran repletas de
huecos de diversas dimensiones, sino que están bajo el asedio de grupos
delincuenciales que aprovechan cualquier oportunidad para atacar a quien ose
detenerse en el camino. El trágico caso de Mónica Spear fue el último hecho
relevante, pero es uno más en una larga lista.
En
la frontera con Colombia las guerrillas hacen retroceder a la autoridad gubernamental.
En la profundidad de las llanuras apureñas la presencia del Estado no solo es
débil, sino temerosa del poder de diversos grupos irregulares, tolerados,
aceptados con resignación, frente a los que se negocian espacios y horarios.
La desaparición de lo público
Todo
esto es parte de un mismo proceso. El debilitamiento del poder institucional
del Estado es el correlato dramático de la instauración de la arbitrariedad del
funcionario, la vocación totalitaria de la nueva elite que maneja el gobierno
ha dado pie a una práctica autoritaria desinstitucionalizadora.
La
desaparición de lo público, como espacio común de encuentro, es decir la
desaparición de la República, ha dado paso a la instauración de un poder
faccioso. Poder que se ha propuesto destruir cualquier atisbo de autonomía
privada productiva, mientras alimenta el poder de otros grupos privados,
aliados informales de la facción gubernamental en la generación de un clima
hostil para el ejercicio de la ciudadanía.
Este
gobierno proclamado socialista ha privatizado la seguridad de sectores
populares en plena capital, ha privatizado el control de las cárceles
entregándola a delincuentes organizados encabezados por pranes, ha entregado el ejercicio de la soberanía del Estado en
terrenos que le son inherentes.
Este
retroceso del Estado como institución pública común, tiene en la impunidad del
delito su expresión más grave, porque atraviesa todo el resto de los problemas
que hemos relatado. La administración de justicia es la función más importante
de un Estado, y la crisis del sistema judicial también puede ser entendida como
un proceso faccioso de privatización de lo público.
La
gratuidad de los procesos judiciales es burlada cotidianamente, y el acceso a
la justicia está limitado tanto por los altos costos que representa para el
ciudadano como por la interferencia política sobre su administración. Un poder
judicial, unos tribunales, una Fiscalía, al servicio de un proyecto político
faccioso, dedicados a la persecución de los disidentes políticos, no es un
instrumento al servicio de los ciudadanos.
Rehacer la República, construir instituciones inclusivas
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| Los valles del Tuy, tierra de gente industriosa |
En
resumen, el presente régimen ha construido artefactos de poder extractivos, al
servicio de la acumulación de poder y de recursos hacia su facción
gubernamental, formada por una coalición cívico-militar, que ha privatizado el
espacio público mientras inhibe tanto la actividad productiva privada como la
acción colectiva autónoma.
Cualquier
diálogo social, cualquier iniciativa política, tiene que poner en el centro del
debate el desmontaje de toda esta estructura de poder, reivindicando tanto lo
público común como la autonomía ciudadana, es decir el desarrollo de las
capacidades de todos y cada uno de los ciudadanos.
(Artículo originalmente publicado en Guayoyo en Letras el 9 de febrero de 2014)
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