La opinión pública venezolana ha sido golpeada por el descubrimiento de cientos de miles de toneladas de comida descompuesta en miles de contenedores depositados en diversos puertos y almacenes de Venezuela, desde Puerto Cabello hasta Tinaquillo, importados por PDVSA para “surtir” la red estatal de distribución de alimentos de PDVAL.
Un denso y desagradable olor se expande desde estos contenedores al resto del país. ¿Qué es este olor? ¿De dónde proviene? Cada vez es más claro que la putrefacción se origina desde la médula del fracaso del modelo económico que se nos pretende imponer en Venezuela.
Para empezar la comida putrefacta evidencia la existencia de una inmensa red de corrupción alrededor de PDVAL, así como la inmensa indolencia gubernamental para con el hambre de los venezolanos. El acceso a dólares “preferenciales” para la importación masiva de comida se ha convertido en una oportunidad para unos cuantos privilegiados, miembros de la nomenklatura militarista que administra el poder político desde los cuarteles del PSUV. El “negocio” no está en colocar la comida en la mesa de los venezolanos, el truco de estos burócratas “revolucionarios” se encuentra exclusivamente en la importación de alimentos, hasta allí llega el incentivo.
Por otro lado, estos casos también expresan la ineficiencia terrible de una gestión estatal que es cada día más personalista y caprichosa, en medio de un proceso de destrucción institucional del Estado venezolano. La gestión pública venezolana cada día más se caracteriza por la arbitrariedad, por el reinado del capricho personal del “líder” disfrazado de “planificación centralizada”.
Finalmente señala el fracaso estrepitoso del gobierno actual para asegurar la proclamada “seguridad alimentaria”. La masiva importación de comida nos está mostrando el fracaso productivo derivado de la política “agraria” del gobierno, caracterizada por la persecución contra los productores agrícolas, la expropiación masiva de tierras, los ataques contra dueños privados de medios de producción y comercialización, que ha traído consigo un descenso de la producción agrícola venezolana y la consiguiente necesidad de crecientes importaciones pagada con los menguantes petrodólares provenientes de nuestras exportaciones de hidrocarburos.
Es importante recalcar que, fruto de esta destrucción de las fuerzas productivas, el gobierno nos ha hecho mucho más dependientes de las exportaciones petroleras que nunca antes, en 1998 el 78% de los ingresos por exportación provenían del petróleo, hoy en día superan el 95%. Esto no es un simple accidente, sino que corresponde al desarrollo efectivo de una política que es esencial para la imposición de un poder absoluto y permanente sobre la sociedad, el empobrecimiento de la autonomía efectiva de los venezolanos, como actores productivos de su propia subsistencia.
El origen último es la evidencia estrepitosa y profunda de que el actual régimen nos lleva al atraso y la sumisión, pretendiendo sumergir a los venezolanos en la desolación y el aislamiento, destruyendo toda posibilidad de desarrollo autónomo.
¿Por qué salen a relucir toneladas de comida dañada, importada por el Estado, anclada en nuestros puertos?
No es un problema de simple falta de voluntad, o de mala voluntad, es la necesaria e inevitable consecuencia de pretender desarrollar una política totalmente equivocada en la gestión de la “seguridad alimentaria”.
La creación de una red estatal de distribución de alimentos que no tiene ningún incentivo para colocar la comida en la mesa de los venezolanos, así como es incapaz de responder a las necesidades de un mercado, porque se dispone a no escucharlo ni verlo, lleva directamente a los escenarios de escasez y desabastecimiento generalizado. Como sucede en estos casos la sociedad creará medios alternativos para resolver sus necesidades, en los regímenes del “socialismo real”, desde la Unión Soviética hasta la Cuba castrista, el mercado negro, de carácter clandestino pero usado por todos, se convierte en el único mecanismo de los ciudadanos para “resolver” el día a día.¿Qué ha pasado con la política “productiva” del gobierno venezolano?
Siguiendo cifras de mayo de 2010, luego de más de 750 empresas estatizadas, y casi 3 millones de hectáreas de tierras intervenidas, todo con un costo que se eleva a 26 millones de dólares, de los cuales el Estado apenas ha cancelado 8 millones, la productividad venezolana se ha venido al subsuelo. Reflejo de esa destrucción productiva es el nivel de nuestras importaciones, que se elevaron en 2008 a 49 mil millones de dólares, y alcanzaron en 2009, en plena recesión económica, los 38.500 millones de dólares, pagados con una menguante factura de exportaciones petroleras.
Si hablamos sólo de la agricultura y la ganadería, partiendo de datos expuestos por Machado Allison, el valor de la producción agrícola por habitante ha descendido a lo largo de esta década y entre 2009 y el primer semestre de 2010 el valor de la producción neta descendió de manera sensible, mientras el gobierno se dedica a intervenir más de 500 predios, la mayoría de ellos productivos, y coloca en entredicho la propiedad misma de la tierra. Somos un importador neto de alimentos, lo que aumenta la dependencia petrolera de la economía venezolana, y la dependencia del Estado de la sociedad venezolana.
Es en éste marco que se comprende la persecución contra las Empresas Polar, grupo que tiene la mayor red de distribución de alimentos de Venezuela, lo que la convierte en objetivo político del gobierno.
¿Estas reflexiones hacen alguna mella en el gobierno? Ni la más mínima, porque este gobierno no tiene objetivos económicos, no le importa hacer pasar hambre a los venezolanos ni que el desabastecimiento y la escasez se adueñen de nuestras casas. Toda acción de este gobierno obedece a su exclusivo objetivo final, el control absoluto de la sociedad, para alcanzar el poder permanente y total, por lo que necesita de los venezolanos una sumisión igualmente total.
¿Hacia dónde parece encaminarse el gobierno?
La destrucción de las fuerzas productivas venezolanas, la persecución contra la autonomía económica en sus diversas formas, la estatización de los medios de producción, la progresiva nacionalización de la banca, la asfixia económica, social y política de toda disidencia apuntan claramente a un objetivo único: la construcción de un nuevo totalitarismo, sea de rasgo fascista (si se mantiene la propiedad privada de los medios de producción bajo control del líder–partido–Estado) o de rasgo socialista (si completa su progresiva colectivización / estatización). Para que este proyecto sea posible es prioritario el control total sobre la producción / importación / distribución de alimentos, del puerto a la casa, así como el dominio sobre el sector financiero–bancario y sobre las redes comerciales.
El correlato de esta pretensión absoluta del poder es el terrible miedo que el Gobierno tiene a la libre circulación de las ideas y la información, éste es el gobierno más opaco y reaccionario de nuestra historia contemporánea, del caso de RCTV al de Globovisión, pasando por el cierre masivo de radioemisores independientes, estamos sufriendo la asfixia progresiva de los espacios para el ejercicio de la libertad de expresión, únicos capaces de mostrarle a la sociedad la destrucción que sufrimos. A este proceso corresponde en paralelo la expansión del aparato de desinformación gubernamental, 6 canales de televisión nacionales, 231 radios y 73 periódicos comunitarios transmiten la “voz del amo”, cual si de Pravda o Granma se tratara.
Mientras tanto, ¿dónde está la Asamblea Nacional? ¿No debería interpelarse al Presidente de PDVSA Rafael Ramírez? ¿Al Ministro de Alimentación? Si estuviéramos en un Estado liberal democrático es lo mínimo que deberíamos estar viendo, pero bajo este esquema todos sabemos que no ocurrirá, más allá de alguna puesta en escena teatral. No ocurre por dos razones: primero, porque toda “interpelación” del poder ocurre “privadamente”, a espaldas de la sociedad, en los opacos espacios internos de Miraflores o del Fuerte Tiuna, donde sólo el “líder” puede interpelar a sus subordinados; segundo, porque, a efectos de los objetivos políticos del gobierno, la estrategia le resulta efectiva, destrucción de la autonomía privada y concentración del poder y el dinero en las manos personales del Presidente de la República, sin control, sin límites...
¿Qué hacer?
El reto es detener el proceso de destrucción de Venezuela, para lo que la elección de una mayoría democrática en las parlamentarias del 26 de septiembre de 2010 es un imperativo ineludible. Con la presencia de los demócratas la Asamblea Nacional será el foro para presentar y debatir estos problemas de la nación, desde allí podremos, no sólo interpelar a Rafael Ramírez y al Ministro de Alimentación, sino provocar su salida del gabinete, podríamos abrir los números de PDVAL para desnudar y castigar la corrupción y, finalmente, podríamos fortalecer legalmente la capacidad de la sociedad para producir, comerciar y consumir alcanzando la verdadera seguridad alimentaria, para que ni una sola casa se quede sin comida, para que no se pudra un solo kilo más de alimento ante la mirada cómplice de los funcionarios de aduanas.
Para llegar allí solo los candidatos de la unidad democrática aseguran efectivamente detener el desarrollo de la hegemonía, derrotar al PSUV exige de la sociedad democrática un esfuerzo unitario. En estas elecciones parlamentarias no existen terceras vías posibles, la realidad político electoral es polarizada y la sociedad democrática se enfrenta a todas las estructuras del Estado, estructuras que cuentan además con recursos financieros y mediáticos abundantes, que usan discrecionalmente y con ventaja. Esto tiene que enfrentarse con unidad, organización, contacto cara a cara, y disciplina. El 26 de septiembre se expresará lo que ha venido ocurriendo, que ya Venezuela está cambiando, y que éste régimen de atraso y opresión está próximo a terminar.
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